URUGUAY NATURAL – El país donde “los recursos naturales son infinitos”, palabras de nuestro actual Presidente José Mujica.

OSE, es el organismo estatal responsable del abastecimiento de agua potable en toda la República Oriental del Uruguay, y del servicio de saneamiento en el interior del país, desde 1952.

Desde el año 2004, Uruguay se convierte en el primer país del mundo en declarar como derecho humano fundamental al acceso al agua potable y al saneamiento. Del mismo modo, se dispuso que estos servicios sean prestados exclusivamente por el Estado

El vicepresidente de OSE Daoiz Uriarte, reconoció que no se controla el glifosato en el agua que consume la población de URUGUAY.

Además agrego:

“no podemos realizar todos los análisis que hay”

“tampoco se hacen en ningún lugar del mundo"

Los habitantes y la fauna pueden estar profundamente intoxicadas por la exposición a este peligroso agrotóxico que se utiliza desde hace años en nuestro país a cada vez mayor escala.

¿A que se refiere a “todos los análisis que hay”?, ¿Será a los que en verdad hay que hacer…?

El Vicepresidente de OSE, o miente o es un ignorante sobre este tema al señalar que no se hacen en ningún lugar del mundo.

Por ejemplo: Dinamarca ha prohibido la fumigación de glifosato desde el 15 de septiembre de 2003, tras la publicación de datos que se han encontrado que el glifosato, el ingrediente activo del herbicida Roundup de Monsanto (RR) ha contaminado los recursos de agua potable de ese país. Tras los estudios realizados por el Instituto de Investigación Geológica de Dinamarca y Groenlandia (DGGRI), al comprobar la contaminación de las napas subterráneas al filtrarse el toxico a través del suelo.

En nuestro País.

Según datos de la Dirección de Servicios Agrícolas, dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca durante el 2010 el país importó alrededor de 38.000 toneladas de glifosato entre principio activo y formulado. Todos ellos fueron usados en nuestros suelos y probablemente una parte importante ha escurrido y llegado a nuestras aguas, en tanto que otra parte ha quedado depositada en el suelo, donde permanecerá al menos durante un par de años.

En un estudio realizado el año pasado en nuestro país se constaron altos niveles de glifosato en suelos forestales donde la aplicación de este herbicida había ocurrido tres años atrás de haberse tomado la muestra

El glifosato es el ingrediente activo de Roundup, comercializado por la transnacional Monsanto. Los estudios vinculan la exposición al glifosato con el cáncer, defectos congénitos y enfermedades neurológicas (como el Parkinson). Las pruebas de laboratorio sugieren que el glifosato puede causar daño a las células, incluyendo células de embriones humanos. Los estudios también indican que el glifosato puede interferir con el equilibrio hormonal.

La evidencia también muestra que el glifosato puede afectar negativamente a los ríos y la vida acuática, así como podría afectar los nutrientes en el suelo, la exponiendo así a las plantas a enfermedades y podría terminar contaminando el agua potable. (Extraído de ¿Por qué se debería eliminar el glifosato? de RAPAL Uruguay)

Denuncias por fuentes de agua contaminadas con agroquímicos

Paysandú. Vecinos aseguran que sus pozos son contaminados por fumigaciones aéreas. Afirman que han sufrido problemas de salud. OSE argumenta que los daños nunca son a corto plazo

LETICIA COSTA / VIVIANA RUGGIERO

Una delegación de ambientalistas de Paysandú denunció la contaminación de fuentes de agua por mal uso de agroquímicos. La denuncia se suma a otros casos en estudio que son asociados con la expansión de la agricultura y la forestación.

La Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina (Rapal) presentó ante la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores un reclamo por presunta contaminación de los causes de agua de una región del interior del departamento de Paysandú.

En concreto, los integrantes de la organización ecologista aseguraron que en la zona conocida como Costas de San Francisco, a unos 30 kilómetros de la capital departamental, se aplican productos fitosanitarios -sustancia o mezcla de sustancias que destruyen insectos, ácaros, hongos y malezas- a escasos metros de las casas de los pobladores.

La Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca prohíbe realizar fumigaciones terrestres a 300 metros de escuelas y centros poblados. El límite se extiende a 500 metros para las fumigaciones aéreas.

"Al otro lado de la calle de mi casa hay cultivo de soja", aseguró Valkiria González, integrante de Rapal. "Desde el año 2008 estoy sufriendo unas doce o trece fumigaciones con mosquito por año", lamentó. Según dijo, su casa está ubicada a menos de diez o doce metros de las plantaciones.

En materia de agricultura los "mosquitos" son los equipos utilizados para realizar las fumigaciones. Son máquinas que cuentan con dispositivos que se extienden a ambos lados, una suerte de brazos que les permiten expandir el producto sobre una amplia superficie.

La denuncia de Rapal fue más allá. Dicen que no tienen agua de OSE y que toman la de sus propios pozos, con una profundidad de entre 12 y 18 metros. "Todas las napas están relacionadas. Por ejemplo, si el vecino prende la bomba, disminuye el nivel de agua de mi pozo", comentó González.

Los ambientalistas consideran que la aplicación de productos químicos tan cerca de sus viviendas contamina sus fuentes de agua. Por otra parte, explicaron que en la zona hay unidades potabilizadoras de agua (UPA), cuyas superficies están al descubierto. Si los productos se desplazan con el aire el agua podría ser fácilmente contaminada, consideraron.

La denuncia de Rapal se suma a la presentada por vecinos de la zona de Guichón, localidad ubicada a 100 kilómetros de Paysandú, en las cercanías de las Termas de Almirón.

Los pobladores se quejaron porque los cultivos de soja llegan a escasos metros de la cuencas del arroyo Guayabo, desde donde las UPAS de Guichón y las de las Termas de Almirón toman el agua para potabilizar. El reclamo fue presentado ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores.

Los denunciantes aseguraron que el consumo de agua les ha provocado trastornos de salud. En 2007 González detectó un quiste en su garganta. "Era muy doloroso y consistente", contó. La junta médica que la trató concluyó que era consecuencia de algún tipo de contacto con sustancias altamente alcalinas. "En ese momento yo no recordaba haber ingerido nada así", comentó.

Con el paso del tiempo, González comenzó a sentir una serie de síntomas adicionales. "Observé que cuando se realizaban las fumigaciones, en el período estival, se me cerraba la zona del cuello, experimentaba una asfixia muy fuerte y se me disparaba el ritmo cardíaco", recordó. En otras oportunidades sentía temblores involuntarios. "No tengo ningún problema emocional", aclaró la ambientalista.

Las denuncias llegaron a las Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). "Allí me contestaron que el emplazamiento y la habilitación de los tanques es asunto del gobierno departamental", se quejó González. De todas formas, quien realizaba las fumigaciones fue sancionado. "Pero ha continuado fumigando, inclusive en horarios nocturnos para que no lo vean", relató.

LA OTRA CARA. La denuncia de los vecinos de Guichón fue presentada en persona al vicepresidente de OSE, Daoiz Uriarte. El jerarca dijo a El País que en ambas zonas se realizan con "asiduidad" análisis fisicoquímicos, y en particular de atrazina (herbicida que puede afectar el sistema nervioso central). Sin embargo, reconoció que no se estudia el glifosato (herbicida no selectivo de amplio espectro). "Me comprometí con ellos a realizarlo en Guichón para ver si hay una afectación, pero no podemos realizar todos los análisis que hay, es imposible; tampoco se hacen en ningún lugar del mundo", indicó.

Las avionetas que se usan para fumigar las plantaciones son "otro tema", según el jerarca. "OSE es un operador, no tiene facultades para imponer normas, ni multas, ni prohibiciones a los terrenos circundantes, eso corresponde a otras instituciones del Estado que deben fiscalizar", afirmó.

Uriarte aseguró que las contaminaciones fisicoquímicas del agua no generan problemas a la salud en el corto plazo sino a largo plazo. "Si hay un microbio al otro día está todo el mundo enfermo, pero porque tenga un poco más de atrazina, hierro o aluminio la gente no se enferma al día siguiente", justificó el jerarca.

De todas formas admitió que si alguien toma agua con algún componente de estos, en un plazo de unos diez años podría tener problemas de salud. El ente recibió planteos similares de pobladores de Nueva Palmira y "otros puntos". Años atrás registraron un aumento de atrazina en la cuenca de Paso Severino, pero estaba asociado con las lluvias.

Consultado por El País, Inocencio Bertoni, ingeniero al frente de la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP, se negó a aportar datos sobre denuncias presentadas a la dirección.

Tampoco informó sobre las medidas tomadas ante las irregularidades. "No te lo voy a decir porque no agrega nada", dijo.

Según Bertoni, el tema de la contaminación del agua no solo está asociado con la distancia de las fumigaciones sino con la erosión del suelo. De todas formas, el jerarca afirmó que, ante evidencias concretas, la dirección está dispuesta a rever la normativa vigente.

TRES MESES DE DENUNCIAS

ABRIL. La maestra directora de la escuela 30 de Rolón, ubicada al Norte de Río Negro, fue rociada con agroquímicos. Sufrió dolor de cabeza y picazón generalizada en el cuerpo durante varios días.

MAYO. El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, presentó una denuncia por el caso ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Después de una investigación, que incluyó entrevistas con el dueño de la plantación, la cartera reconoció que el maquinista cometió irregularidades en el procedimiento.

JUNIO. La Justicia intimó al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, al Ministerio de Salud Pública y al MGAP a presentar información sobre cómo se actúa ante las denuncias de empresas que fumigan con agroquímicos cerca de escuelas y viviendas rurales. El fiscal Enrique Viana, que fue quien presentó la demanda, dijo a El País que está a la espera de la respuesta de los ministerios y que hay que seguir de cerca la situación por el daño que causa a la salud.

ESTA SEMANA. Mientras en Río Negro otra maestra resultó afectada por agroquímicos el pasado viernes, en Buenos Aires se inició un juicio contra dos productores de soja y un fumigador por usar agroquímicos.

El País Digital