Multitudinaria marcha por la tierra y los bienes naturales: "En esta lucha sólo dependemos de nosotros mismos"
Proclama de la IX Marcha de la Asamblea Nacional Permanente realizada este viernes 20 de octubre desde la Explanda de la Universidad hasta la Plaza Independencia
Compañeras y compañeros, nos hemos auto convocado nuevamente.
Somos pueblo organizado, trabajadores/as del campo y la ciudad, jubilados/as, desocupados/as, pequeños y medianos productores; hombres y mujeres de nuestro pueblo comprometidos en la defensa del agua la tierra y los bienes naturales. Unidos bajo este interés común desde nuestras organizaciones sociales, ambientales culturales, cooperativas, sindicatos, colectivos y asambleas de vecinos.
Estamos en la calle movilizados en esta Novena Marcha Nacional, manifestando nuestras exigencias en la Asamblea Nacional Permanente (ANP), que desarrolla sus actividades en forma independiente de todo partido político, ONG, y el Estado.
La conducta irresponsable del Gobierno Nacional, como de los Gobiernos Departamentales ha permanecido insensible a toda advertencia o reclamo antes las comprobadas y trágicas consecuencias de la aplicación de un modelo económico ajeno al interés popular, que devasta y depreda nuestros bienes naturales, contaminando el agua la tierra y el aire.
Estamos asistiendo al intento de instalar en Uruguay una nueva y gigantesca planta de celulosa a orillas del Rio Negro. Los vertidos de esa nueva planta terminarían de eliminar todo vestigio de vida en zonas de las cuencas del Rio Negro y del Rio Uruguay que ya se hallan en estado de altísima contaminación.
Para abastecer esta nueva planta se afectarán nuevas tierras al monocultivo de eucaliptos, con la consiguiente depredación. Mientras acechan otros proyectos depredadores del agua, la tierra y los bienes naturales: el “fracking”, que tras la gran movilización de este año en Paysandú el gobierno promovió una moratoria por 4 años, los monocultivos transgénicos con sus letales cargas de agrotóxicos, la construcción de un megapuerto al servicio de la actividad extractivita y del gran capital financiero internacional, la modificación a la ley de riego que permite la mercantilización del agua, la megaminería a cielo abierto, que derrotada Aratirí por la movilización y la lucha, aún permanece intacta la ley que la habilitaba.
La caminería, las vías férreas y los puertos se planifican al servicio de las actividades y proyectos extractivistas y saqueadores, a costo de los bolsillos de los trabajadores y el pueblo, ensanchando las venas abiertas.
La masiva fumigación con agrotóxicos en los monocultivos transgénicos elimina la vida animal y vegetal de nuestra tierra, contamina las aguas de los ríos, arroyos y cañadas donde subsisten cada vez menos peces. Las abejas sino mueren, la miel que aun producen está contaminada impidiendo su consumo y exportación. Sabemos del importante papel de las abejas con su actividad polinizadora que interviene fuertemente en la labor y producción agrícola. Hoy los apicultores están amenazados de desaparecer ante este modelo saqueador que también desplaza del campo a los tamberos y a los productores de alimentos en general.
El agua -símbolo de la vida- se la ha convertido en vehículo de enfermedad y muerte. Nadie se hace responsable de garantizar el derecho de los seres humanos y de las demás especies a beber agua no contaminada. Estamos al tanto de la perdida de cultivos y la muerte de vacunos y otros animales por la existencia de aguas contaminadas. Sabemos de los nacimientos de niños con malformaciones y las enfermedades y muertes provocadas, según estudios realizados, por la aplicación masiva de agrotóxicos en las cada vez más extensas superficies de tierras dedicadas a los monocultivos transgénicos.
Con prescindencia de toda opinión de la ciudadanía se hacen pactos secretos que adjudican a explotaciones depredadoras nuestras aguas, tierra y demás bienes naturales.
Uno de los ejemplos es lo que ocurriría con la pesca nacional y artesanal, por una decidida voluntad del gobierno de entregar esta actividad a manos de grandes empresas u otros estados, con una clara y manifiesta explotación depredadora. Para ello se ha ofrecido la utilización del puerto oceánico de La Paloma sin ningún tipo de miramientos hacia nuestros trabajadores de la pesca, ni respeto a los numerosos emprendimientos turísticos que se verían afectados y que no atentan contra nuestros bienes naturales.
Las formas de privatización, expropiación y saqueo que impulsa el extractivismo están encubiertas en la opinión de que toda inversión genera empleo y crecimiento, desarrollo económico y bienestar social. Por otra parte se sostiene que no hay otra alternativa para nuestros países de la que resulta del hecho de poseer una impresionante reserva en recursos naturales: agua, tierras aptas para el cultivo de alimento, bosques, biodiversidad, minerales, fuentes primarias de energía; mientras que los grandes grupos económicos cuentan con la tecnología y el capital. Esto les asegura el traslado de industrias contaminantes, el mercado de agrotóxicos y transgénicos para el desarrollo del agronegocio en la región.
La política de incentivo al ingreso de capitales “como factor de desarrollo” impulsada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se articula con la iniciativa de la Infra Estructura Regional Suramericana, (Cosiplan) con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo orientada a promover la logística para la extracción de los bienes naturales.
Facilitan esa política desde el gobierno, las leyes creadas para tales propósitos, la inoperancia en los controles ambientales, las zonas francas, los puertos francos, los beneficios fiscales, las garantías del Estado para los privados, la realización de obras públicas al servicio de las grandes empresas, los créditos preferenciales que le abren las puertas al gran capital asegurando así que una parte de la renta extractivista se destine al pago de la Deuda externa, mientras que la otra parte beneficia al gran capital, transformándose nada más que en la transferencia de bienes naturales. Y los supuestos beneficios dejan paso a un balance económico en rojo, deterioros en el suelo, en el agua, en el aire, en las cadenas productivas, en las carreteras.
Se persiste en la profundización de este modelo saqueador y reprimarizador de la economía, planteando como una contradicción fundamental entre medio ambiente y trabajo, como si tal modelo no fuese justamente expulsor de la población trabajadora de los campos, y favorecedor de la concentración de la tierra como muestran los últimos censos agropecuarios con la pérdida de 12000 pequeños y medianos establecimientos productivos, en favor de actividades agrarias como los monocultivos sojeros y eucalipteros, las que menos empleo por hectárea generan. Así, las pasteras instaladas se consagran hoy como los mayores latifundistas del país, superando las 200.000 hás. cada una.
En realidad, la verdadera importancia estratégica que el gobierno y el sistema político les adjudican, radica en los valores macroeconómicos que inflan a nivel nacional el PBI y las exportaciones, que se exhiben falsamente como símbolo de un bienestar del pueblo en general, ocultando su carácter de enclaves y las externalidades que socializan pérdidas y privatizan ganancias, para gloria del capitalista y padecimiento del trabajador y del pueblo.
Por ejemplo el aumento en el cargo fijo de la tarifa de OSE que bajo un concepto de “tasa ambiental” los nuevos costos de paliar la contaminación del agua los pague el usuario y no el contaminador. Otro ejemplo es la pretensión de extraer millones de dólares del fondo de energía eléctrica de UTE –previsto para contener el precio de la electricidad ante cualquier contingencias-, para sumar al resto de dineros públicos que financiarían la construcción de infraestructura subsidiaria a medida del proyecto UPM II.
Este nuevo proyecto de UPM lleva un proceso de negociación que se mantiene en absoluto secretismo. Luego de reiteradas señales de desesperado imploro del gobierno por la llegada de la inversión, que parece ser la única carta en la planificación económica y que en estos días provocó una renuncia de un jerarca del MEF; ha traído un “acuerdo marco”, cuyas resoluciones más concretas son el otorgamiento de otra zona franca para el proyecto y limitaciones a la adopción de medidas gremiales de los trabajadores en caso de conflicto en la fase de construcción de la planta. Todo esto, entre demás exoneraciones y prebendas que la empresa tramita, se suma la depredación ambiental, a cambio de: puestos de trabajo pasajeros propios de la fase de construcción de la planta; oportunos, sí, ante la necesidad real de trabajo y la proximidad a tiempos electorales, pretendiendo revitalizar un crecimiento económico que incremente el PIB para sostener el “grado inversor” otorgado a nuestra economía por las calificadoras de riesgo, para seguir incrementando nuestra deuda externa.
Esta 9a. Marcha es demostración de la indeclinable voluntad de quienes no renunciamos en la defensa de los bienes más preciados que hacen posible la existencia de la vida sobre la Tierra.
No abandonaremos esta lucha hasta lograr consolidar un modelo económico sustentable sobre las siguientes bases:
1) Recuperación de todos los cursos de agua del territorio nacional.
Sabemos lo que esto significa; tendremos que enfrentar a los grandes intereses económicos causantes de la actual y grave emergencia que sufre el país al respecto. Somos concientes que buena parte de los partidos políticos ha tomado partido por estas empresas saqueadoras y contaminantes y eso no nos deja ninguna otra opción que una lucha frontal si es que queremos defender la vida ante este suicida y criminal afán de lucro del modelo vigente. Necesitaremos coordinar luchas con nuestros iguales de los países vecinos con los que compartimos cursos de agua. Esta lucha permitirá -entre otras cosas- el regreso del servicio estatal de agua potable de calidad para toda la población, como derecho humano básico a recuperar. De este modo estaremos garantizando a su vez la vida de otras especies que están siendo exterminadas.
2) Recuperación de la tierra.
El modelo económico actual deteriora fuertemente la capacidad productiva de la misma a través de la presencia de soja transgénicos y monocultivos forestal, que buscando el mayor lucro en el menor tiempo, no cuidan la tierra como fuente, junto al agua, de toda la necesaria cadena de la vida sobre el planeta. La ciencia ecológica se detiene a estudiar los equilibrios que -con el paso de siglos y milenios- ha plasmado la naturaleza en lo que tiene que ver con la relación entre las especies y el medio ambiente.
Debemos denunciar y enfrentar a quienes son responsables de atentar contra esos equilibrios naturales, pues no hacen más que producir serias alteraciones como los cambios climáticos, las inundaciones, el exterminio de muchas especies, las enfermedades y la muerte. No debemos cejar hasta recuperar la tierra para que vuelva a cumplir su papel central, junto al agua en todo el ciclo biológico.
3) Recuperación de los productores rurales desplazados del campo.
El modelo económico vigente ha desplazado del medio rural a miles de productores de alimentos. La concentración de la propiedad y aumento de la renta de la tierra en beneficio del agronegocio de los grandes capitales ha expulsado a tamberos, medianos y pequeños productores de alimentos en general. Se saca de este modo a las familias rurales de su medio, despoblando el campo y generando fuertes impactos en lo social. Tan trágico como esto es la pérdida casi irreversible del conocimiento y experiencia de esos productores desplazados acerca de la actividad económica productiva que desempeñaban hasta ese momento. El reasentamiento de la familia rural es una necesidad para un proyecto de soberanía alimentaria sustentable.
4) Es urgente exigir la conformación de laboratorios de análisis y la participación de profesionales médicos que hagan los estudios epidemiológicos que arrojen luz sobre la situación de la salud en nuestro territorio y su evidente vinculación con la destructiva y contaminante actividad del agronegocio de los grandes capitales.
Es por eso que esta 9a. Marcha de la Asamblea Nacional Permanente levanta las banderas contra el fracking, los monocultivos transgénicos, las plantas de celulosa, y toda contaminación y labor destructiva de la tierra, el aire y el agua.
Convocamos a todo nuestro pueblo a unirse en esta lucha por defensa del agua, la tierra y los bienes naturales, para derrotar estos proyectos y expulsar estos negocios, como ya hicimos en su momento con ARATIRI, así como desterrar la criminal idea de una gran cantera abierta de granito en una zona densamente poblada como Suárez.
Pueblo; Nos movilizamos… o marchamos!!!
LA TIERRA NO SE VENDE… SE DEFIENDE
EN ESTA LUCHA SOLO DEPENDEMOS DE NOSOTROS MISMOS.
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