México, DF.- El Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán anuló un permiso otorgado a la empresa Monsanto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que permitía la siembra comercial de soya transgénica en esta entidad.
Argumentando que dicho permiso ponía en riesgo la producción de miel mexicana en estados como Campeche, Quintana Roo y Yucatán, apicultores mayas de esta última entidad se ampararon ante la resolución de la Sagarpa, que en 2012 autorizó –con el aval de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la siembra de 253,500 hectáreas de soya transgénica en siete estados de la República (1), entre ellos Yucatán.
"Con esta decisión del juez queda prohibida por ahora la siembra de soya transgénica en escala comercial en el estado de Yucatán. Esta sentencia se suma a las que en marzo y abril del presente año emitió el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche, quien al resolver dos juicios de amparos presentados por apicultores mayas radicados en Campeche en contra del mismo permiso, también determinó la violación al derecho a la consulta de las comunidades mayas, así como la violación al procedimiento establecido en la propia Ley de Bioseguridad, señaló Jorge Fernández del Colectivo MA OGM.
"Estamos ante un hecho muy relevante por tres razones: la primera porque hace valer el principio de multiculturalidad contenido en la Constitución, así como los derechos humanos que implica derecho a la consulta previa del pueblo maya; la segunda porque determina que la consulta previa procede para los casos de posible afectación, esto es, que no se requiere que el daño esté probado; y en tercer lugar, porque reconoce el principio 10 de la Declaración de Río, a saber, que la mejor manera de abordar cuestiones ambientales y socioculturales es garantizando a las comunidades afectadas el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades responsables a no recurrir la sentencia y cumplir cabalmente por lo ordenado por el juez, puesto que ello supondría un avance en la construcción de la democracia sustancial en el país", afirmó Ximena Ramos, asesora de Litiga OLE.
"Para los apicultores de Yucatán, muchos de nosotros indígenas mayas, esto es un gran logro porque se reconoce nuestro legítimo derecho a decidir sobre nuestro territorio y nuestro sustento porque la apicultura es la principal actividad económica tradicional que realizamos y no queremos que nuestra miel se contamine con transgénicos ni con los productos tóxicos como agroquímicos que matan a nuestras abejas", señaló Lorenzo Itzá Ek, apicultor maya.
El 27 de febrero de 2012, las organizaciones Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), Miel Integradora S.A. de C.V. , la Sociedad de Solidaridad Social “Apícola Maya de Yucatán”, Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE) y Greenpeace demandaron a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por la inconstitucionalidad que representaba el otorgamiento del permiso para siembra comercial de soya GM (2).
El Juez que resolvió el amparo a favor de los apicultores mayas (3) reconoció que éstos podrían resultar afectados en sus bienes jurídicos (económicos, laborales o ambientales) por las consecuencias que pudieran generar en el entorno natural la liberación o el cultivo de soya GM y aceptó como válido el interés legítimo de los indígenas mayas cuya principal actividad económica tradicional es la apicultura, reconociendo que requieren una protección especial, por su especial condición de vulnerabilidad, debiéndose garantizar su acceso a la justicia efectiva.
También desechó los argumentos de las autoridades demandadas quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel.
El Juez también declaró nulo el dictamen de Semarnat que avala el permiso otorgado por Sagarpa para siembra de soya transgénica, toda vez que no se tomó en cuenta las opiniones técnicas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que señalaron "no ser viable la siembra de soya transgénica"; la autoridad judicial ordena a la Sagarpa que lleve a cabo, de manera adecuada, la consulta pública en las comunidades indígenas de Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Peto y Tizimin, ubicadas en el estado de Yucatán, previo a poder expedir cualquier otro permiso de soya transgénica a nivel comercial, misma que deberá realizarse por los medios idóneos que estén al alcance de dichas comunidades indígenas, dentro de los seis meses contados a partir de que se notifique a las autoridades responsables esta sentencia, una vez que sea definitiva.
"Aprobar cultivos transgénicos en la península de Yucatán es un acto arbitrario que nos afecta a los pueblos indígenas al anteponer los intereses de las corporaciones sobre los pueblos y comunidades mayas que por años hemos vivido de la apicultura. Si las autoridades mexicanas siguen permitiendo la liberación de transgénicos al medio ambiente arruinarán por completo al sector apícola, fundamental para la agricultura y los ecosistemas. Este caso nuevamente demuestra que una agricultura campesina sustentable es incompatible con el modelo de los cultivos transgénicos”, Lorenzo Itzá Ek.
"El flujo del polen transgénico representa un estigma en la calidad de la miel mexicana poniendo en riesgo una de las pocas ventajas comparativas con las que cuenta nuestro país dentro del mercado global. México es el tercer exportador de miel a nivel mundial, 40% de la miel nacional se obtiene de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, el 98% de la miel de la Península se exporta a la Unión Europea, y alrededor de 20 mil apicultores de origen indígena viven de esta actividad y el actual gobierno de Enrique Peña Nieto pretende borrar el contenido indígena del campo mexicano, por eso es importante una prohibicion total a la liberacion de transgenicos en la Peninsula”, expresó Pablo Duarte, coordinador de la Unorca-Yucatán.
En ese sentido el gobierno federal debe garantizar zonas libres de transgénicos, petición a la que se ha negado la SAGARPA y lo cual representaría una medida definitiva para proteger el campo mexicano, a las comunidades, a los productores y a los consumidores de la imposición de soya, maíz o cualquier otro cultivo transgénico, en nuestro campo, en nuestra mesa, en nuestra dieta, y en nuestra salud, concluyó María colín, representante legal de Greenpeace México.
Notas:
(1) El 17 de febrero de 2012, la empresa Monsanto presentó ante el SENASICA, una solicitud de permiso de liberación comercial de soya GM, MON-04032-6, tolerante al herbicida glifosato, en diversas regiones de la Península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas. Dicha solicitud quedó registrada bajo el número 007/2012
(2) La denuncia obedeció a la violación del derecho al medio ambiente sano desatendiendo el principio precautorio establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM); a la violación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta pública, impedidos de conocer la información de manera oportuna y, por tanto, sin derecho a la participación; a la violación al derecho al trabajo; así como a la omisión de las opiniones negativas a la siembra de soya transgénica emitidas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y el Instituto Nacional de Ecología (INE).
(3) El amparo 286/2012 fue resuelto el 23 de junio por el amparado en la solicitud 007/2012
(4) La Semarnat-DGIRA deberán dejar insubsistente el dictamen S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./3530, de fecha 11 de mayo de 2012.
Fuente: http://m.greenpeace.org/
Mayas le ganan demanda a Monsanto; el multinacional dejará de sembrar transgénicos
El trozo de tierra en el que Leydi Pech tiene sus colmenares no es grande. Tiene, si acaso, dos hectáreas y de él proviene el sustento no solo de esta indígena maya, sino de los diez integrantes de su familia.
Forma parte de un ejido en el estado de Campeche, donde los integrantes de su comunidad tienen parcelas similares. La mayoría se dedica a lo mismo: cultivar miel de la delicada abeja melipona, que no posee aguijón, por lo que no puede defenderse de sus depredadores.
No, no es un terreno grande el de Leydi. Sin embargo, ahora mismo está en el centro de una batalla de alcances globales: la de quienes están a favor o en contra de los cultivos transgénicos.
Apicultores como Leydi temen que los cultivos transgénicos puedan contaminar la miel que producen artesanalmente. México es el tercer exportador mundial de este producto y la mayoría de quienes la trabajan son indígenas.
Amparos
La semana pasada, un juez concedió un amparo a indígenas y campesinos de Yucatán por medio del cual se suspendía la siembra de soya transgénica en la región por parte de la empresa Monsanto.
Dos amparos similares habían sido otorgados en marzo y abril a campesinos e indígenas de Campeche, entre los que se encuentra Leydi.
Según medios de comunicación y activistas, las medidas cobijan a unos 30 mil apicultores con sus familias, en su mayoría de pueblos originarios.
En los fallos de Campeche se indica que el gobierno no consultó a las comunidades indígenas mayas sobre una decisión que las tocaría directamente.
En el dictamen de Yucatán, además de este argumento, también se contempla la posibilidad de que las semillas transgénicas puedan afectar los cultivos y en especial la producción de miel.
“Es el derecho a que no se puede implementar ningún tipo de biotecnología hasta que no se garantice plenamente los efectos secundarios” explica el abogado Jorge Fernández, quien forma parte del colectivo Ma OGM , que asesora a los apicultores.
En los tres amparos -que han sido calificados de “históricos” por defensores del medio ambiente-, además de suspender los cultivos transgénicos se ordena realizar las debidas consultas con las comunidades indígenas.
Guerra jurídica
Esta nueva batalla entre agricultores y activistas contra la siembra de semillas transgénicas se viene desarrollando con especial intensidad en México desde junio de 2012.
Ese mes, el gobierno autorizó al gigante Monsanto a sembrar soya transgénica a nivel comercial en más de 253.000 hectáreas distribuidas en siete estados.
Según dijo Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) a la periodista Elva Mendoza -especialista en medio ambiente de la revista Contralínea- “cuando el Estado da permisos para la liberación, en este caso de soya, es porque no hay elementos de bioseguridad que nos digan que algo malo va a pasar”.
No es lo que opinan activistas ecológicos ni los indígenas y campesinos que tienen sus sembradíos en los alrededores de las áreas donde se cultivaría la soya, quienes de inmediato interpusieron demandas en cuatro de los siete estados donde se concedieron los permisos.
No son los únicos que se oponen. En una serie de reportajes publicados en 2013, Elva Mendoza indica que, antes de que se concedieran los permisos, tres organismos gubernamentales -la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas- se habían pronunciado de manera negativa a la solicitud de siembra de Monsanto.
Sus argumentos iban desde “la posible filtración de agroquímicos (glifosato) a los mantos acuíferos”, hasta “la colindancia de los polígonos liberados con áreas naturales protegidas y zonas prioritarias terrestres, marinas e hídricas”.
A pesar de eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que estudió esos conceptos, dio luz verde a la siembra.
De hecho, según el diario El Financiero, en la decisión del juez de Yucatán influyó que no se tomaran en cuenta las opiniones técnicas de los mencionados organismos. El juez además “desechó los argumentos de las autoridades demandadas quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel”.
¿Qué dice Monsanto?
Desde su sede en México se indica que la gigante trasnacional, especializada en investigaciones tecnológicas agrícolas (en su sitio de internet dicen que invierte US$2 millones diarios en investigar), no está concediendo entrevistas sobre el tema.
Sin embargo, luego del dictamen en Yucatán dio a conocer un comunicado en el que fija su posición.
En él se indica que “cualquier afectación resultante de la liberación de organismos genéticamente modificados debe ser evaluada por las autoridades competentes en estricto apego a la ley y con base en evidencias y estudios científicos concluyentes”.
Se agrega que durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer el fallo “terceros distintos a quienes interpusieron el amparo” divulgaron información “que genera confusión ante la opinión pública”.
Esa información, añaden, también “ignora la afectación que incide sobre los productores de soya de la región, quienes han subsistido su cultivo durante años y tienen derecho a acceder de forma voluntaria a mejores tecnologías agrícolas en beneficio propio de sus familias”.
En el comunicado también se anuncia que Monsanto está analizando el amparo “a efecto de interponer los recursos que por ley le asisten para defender sus derechos”.
Además de en México, Monsanto sostiene -o ha sostenido- batallas jurídicas en diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Brasil (donde los cultivos trasngénicos ya superarían a los naturales), Chile o Francia.
La miel de la melipona
México es el tercer exportador de miel a nivel mundial (detrás de Argentina y China) y el sexto productor global. Según reportes, anualmente se producen en este país unas 57.000 toneladas de miel.
Más del 40% de la miel mexicana proviene de la llamada península de Yucatán, que se adentra como una espuela en el Mar Caribe y que incluye al estado del mismo nombre, así como a Campeche y Quintana Roo.
Casi la totalidad de la miel que produce la península -donde unas 30.000 familias dependen de su cultivo- se exporta a la Unión Europea. Uno de los temores que existen entre los apicultores es que la UE rechace su miel si encuentra que supera los limites aceptados de polen transgénico.
Y la miel más preciada de Yucatán es la que proviene de la abeja melipona, que puede venderse hasta por diez veces el precio de la miel común.
La voz de Leydi Pech se endulza cuando habla de ella.
“Es una abeja ancestral que los mayas hemos utilizado por mucho tiempo. Para nuestro consumo y para curarnos. Lo que tiene de especial esta abejita es que selecciona la floración que recolecta. También produce menos cantidad de miel”, dice con el español golpeado que caracteriza a los maya-hablantes.
Luego, un toque de hiel: “es una abeja que está en peligro de extinción en la península de Yucatán”.
El cultivo de la miel entre los mayas es prehispánico. En un estudio, la doctora Alejandra García Quintanilla, de la Universidad Autónoma de Yucatán, indica que tanto en la cerámica del período maya clásico (200 a 1.000 DC), como en los libros del Chilam Balam, se encuentran testimonios sobre la importancia de este néctar en la vida de las comunidades indígenas.
Es un conocimiento que sigue vivo: Leydi aprendió todo lo que sabe de la apicultura a los doce años, de su abuelo. Él, a su vez, recibió el saber de sus padres.
“Lo que más recuerdo de lo que me enseñó mi abuelo es que no hay que dejar que las abejas se mueran, siempre hay que defenderlas. Porque las abejas no sólo sirven para hacer la miel, sino para polinizar nuestros alimentos, lo que consumimos. Eso las comunidades mayas lo tenemos muy claro: es un servicio que nuestras abejas nos están dando. Y gratis”.
Lo que se viene
Lo más seguro es que, como lo insinúa en su comunicado, Monsanto impugne las decisiones de los jueces de Campeche y Yucatán. Y un tribunal superior bien puede ordenar la reanudación de los cultivos de soya. Quienes apoyan los cultivos transgénicos insisten en que no hay pruebas de que hayan contaminado la miel.
A nivel global, quienes respaldan los cultivos genéticamente modificados aseguran que son indispensables para alimentar a una población mundial en aumento.
De vuelta en México, los amparos plantean enormes retos logísticos. Los jueces ordenaron que se consulte a las comunidades. El de Yucatán incluso dio plazo: seis meses. El abogado Jorge Fernández cree esto en inviable en tan corto período: hay que traducir al maya -y en un lenguaje comprensible- el proyecto. Luego viene la consulta interna no sólo entre los apicultores, sino entre sus comunidades. Además, es algo que nunca antes se ha hecho.
Leydi no tiene dudas en que, como sea, hay que consultarlos: “nosotros tenemos asambleas. Cada comunidad, cada ejido hace su asamblea por usos y costumbres y tomamos nuestras decisiones… Estamos peliando esa parte: que nos pregunten. Porque tenemos derecho a opinar. Conocemos nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad, porque la hemos cuidado por miles de años”.
Según recuerda la periodista Elva Mendoza, los permisos para cultivar maíz transgénico -contra el que también se han presentado fuertes protestas- se encuentran asimismo suspendidos desde el año pasado por la interdicción de un juez que recibió una demanda colectiva. Según Mendoza, las transnacionales afectadas, entre ellas Monsanto, ya interpusieron los recursos jurídicos necesarios.
Leydi Pech tiene la esperanza de que la Suprema Corte de Justica de México “atraiga” los casos y de un dictámen definitivo.
Mientras tanto, lo que ha ocurrido con Leydi y sus compañeros apicultores es visto por sus simpatizantes como otra victoria local en medio de una enorme batalla global.
Fuente: http://www.elcantor.com/
Comunicado de Prensa La Via Campesina
La degradación del suelo, y demás recursos productivos, y el cambio climático, han colocado en duda el futuro de la agricultura industrial. Y el número de científicos con datos y estudios que respaldan la agroecología, como enfoque superior, en términos de productividad y de sustentabilidad, crece. En consecuencia, se ha producido mas apertura institucional a la agroecología. 
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