El Canciller del actual Gobierno de turno y el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca del Uruguay no vacilan a seguir las directivas que impone la AGROINDUSTRIA a través de sus multinacionales. En este caso MONSANTO.
Monsanto espoleó a sus colaboradores en el Gobierno para que reaccionaron de inmediato, citando al Gabinete de Bioseguridad para acelerar la aprobación de un peligroso MAÍZ TRANSGÉNICO, trancado desde hace 6 años.
El Canciller, el MGAP, el Ministerio de Economía y el de Industria no titubean al aprobar este TRANSGÉNICO que puede favorecer el negocio de pequeños grupos muy poderosos como el de la AGROINDUSTRIA.
AUNQUE PUEDAN PERJUDICAR A LA TODA LA SOCIEDAD URUGUAYA EN SU CONJUNTO. Ellos son claros en sus prioridades.
Segun al articulo publicado en Brecha
http://brecha.com.uy/ante-la-duda/
el 09 de setiembre por MARCELO AGUILAR Y TANIA FERREIRA
Poco importa la opinión del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:
“la información evaluada identifica posibles riesgos de alergenicidad y diferencias en la composición nutricional”.
El Msp dice en el documento haber realizado “una revisión científica exhaustiva, evaluando artículos actualizados (…) con investigaciones y estudios independientes”,1 mientras que “la mayoría de los estudios presentados por la empresa Monsanto no cumplieron con los protocolos y criterios de buenas prácticas de laboratorio, lo que de por sí inhabilitaría a la consideración de dicho evento”.
A su vez, denuncia que el 75 por ciento de dichos estudios datan de más de diez años atrás, siendo “en su gran mayoría financiados por la propia empresa”.
Poco importa la opinión del MINISTERIO DE VIVIENDA, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE:
afirmando que no se justifica la liberación en la medida en que “este evento es resistente a una especie que no causa un daño económico significativo en la producción de maíz”. Y citando un informe de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Mgap dice: “No existe beneficio económico en la baja de los costos de producción ni beneficio por el peso de la balanza comercial, ya que el maíz no ha representado más del 0,5 por ciento del valor de las exportaciones en la última década”.
Para poder llevar adelante esta venta de soberanía y atropello a la Sociedad Uruguaya es necesario implementar herramientas distorsionantes de la realidad y la gravedad de lo que se está llevando adelante. Como puede verse:
Los escuetos argumentos a favor, resumidos en cuatro puntos del informe, se reducen a citar la postura de la repartición Evaluación de Riesgo en Bioseguridad (ERB)2 y la defensa del “Uruguay productivo” e innovador.
Una salvedad: quien analiza los informes que envían las instituciones consultadas en el proceso de aprobación es la ERB.
A pesar de las advertencias presentadas por el Msp, la ERB concluyó que “no se identifica ni caracteriza un riesgo específico asociado a la salud humana y/o animal”.
Y lo mismo ocurre con los argumentos presentados por el Mvotma: “La ERB analizó los informes realizados (…) y no se detectan factores de riesgo significativos respecto de la seguridad ambiental”.
Según supo Brecha, la ERB está integrada por una sola persona: la ingeniera agrónoma Alejandra Ferenczi, funcionaria del Ministerio de Ganadería.
El articulo tambien cita:
Monsanto espoleó a sus colaboradores en el Gobierno para que reaccionaron de inmediato, citando al Gabinete de Bioseguridad para acelerar la aprobación de un peligroso MAÍZ TRANSGÉNICO, trancado desde hace 6 años.
El Canciller, el MGAP, el Ministerio de Economía y el de Industria no titubean al aprobar este TRANSGÉNICO que puede favorecer el negocio de pequeños grupos muy poderosos como el de la AGROINDUSTRIA.
AUNQUE PUEDAN PERJUDICAR A LA TODA LA SOCIEDAD URUGUAYA EN SU CONJUNTO. Ellos son claros en sus prioridades.
Segun al articulo publicado en Brecha
http://brecha.com.uy/ante-la-duda/
el 09 de setiembre por MARCELO AGUILAR Y TANIA FERREIRA
Poco importa la opinión del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:
“la información evaluada identifica posibles riesgos de alergenicidad y diferencias en la composición nutricional”.
El Msp dice en el documento haber realizado “una revisión científica exhaustiva, evaluando artículos actualizados (…) con investigaciones y estudios independientes”,1 mientras que “la mayoría de los estudios presentados por la empresa Monsanto no cumplieron con los protocolos y criterios de buenas prácticas de laboratorio, lo que de por sí inhabilitaría a la consideración de dicho evento”.
A su vez, denuncia que el 75 por ciento de dichos estudios datan de más de diez años atrás, siendo “en su gran mayoría financiados por la propia empresa”.
Poco importa la opinión del MINISTERIO DE VIVIENDA, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE:
afirmando que no se justifica la liberación en la medida en que “este evento es resistente a una especie que no causa un daño económico significativo en la producción de maíz”. Y citando un informe de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Mgap dice: “No existe beneficio económico en la baja de los costos de producción ni beneficio por el peso de la balanza comercial, ya que el maíz no ha representado más del 0,5 por ciento del valor de las exportaciones en la última década”.
Para poder llevar adelante esta venta de soberanía y atropello a la Sociedad Uruguaya es necesario implementar herramientas distorsionantes de la realidad y la gravedad de lo que se está llevando adelante. Como puede verse:
Los escuetos argumentos a favor, resumidos en cuatro puntos del informe, se reducen a citar la postura de la repartición Evaluación de Riesgo en Bioseguridad (ERB)2 y la defensa del “Uruguay productivo” e innovador.
Una salvedad: quien analiza los informes que envían las instituciones consultadas en el proceso de aprobación es la ERB.
A pesar de las advertencias presentadas por el Msp, la ERB concluyó que “no se identifica ni caracteriza un riesgo específico asociado a la salud humana y/o animal”.
Y lo mismo ocurre con los argumentos presentados por el Mvotma: “La ERB analizó los informes realizados (…) y no se detectan factores de riesgo significativos respecto de la seguridad ambiental”.
Según supo Brecha, la ERB está integrada por una sola persona: la ingeniera agrónoma Alejandra Ferenczi, funcionaria del Ministerio de Ganadería.
El articulo tambien cita:
Las recomendaciones de la UDELAR en 2012
Te lo advertí
Docentes de la Udelar fueron convocados desde 2009 para la evaluación de los nuevos eventos transgénicos (Ogm) que se introducirían en el país. Junto a otros organismos estuvieron a cargo de estudiar la documentación presentada por las empresas interesadas, y hacer recomendaciones al Comité de Articulación Interinstitucional (Cai) del Gabinete de Bioseguridad. Pero en 2012 la Udelar retiró a su delegación.
Como argumentos más relevantes para ello, la Udelar planteó en una carta al Comité Directivo Central (CDC) la necesidad de financiar ensayos de eficacia para investigar antes de autorizar cada Ogm, realizar la experimentación correspondiente e instalar un sistema de laboratorios para conocer el impacto de importar y usar nuevas plantas genéticamente modificadas en el país. Se necesitaba un plan de monitoreo a la altura de las circunstancias, dijeron (“consideramos altamente insuficiente el proceso actual” de aprobación de Ogm, entre otras cosas “por no ofrecer las garantías de vigilancia tecnológica apropiada”).
La falta de recursos humanos especializados en bioseguridad fue otra gran limitante, tanto en los grupos de investigación como en los tomadores de decisiones, apuntaron los docentes.
La utilización de cada nuevo vegetal transgénico implica la aceptación de todo el paquete tecnológico correspondiente, y el estudio de ese impacto ambiental y sanitario en Uruguay debía tener un presupuesto específico.
“Cada aprobación implicaba dar luz verde a un sistema de producción sin ningún tipo de control”, resumió a Brecha la docente Clara Pritsch, coordinadora del grupo de trabajo universitario. Y agregó: “En 2012, cada vez que aceptábamos algo, en realidad le estábamos poniendo la firma a todo lo demás, lo que implicaba que ese sistema productivo intensivo se cumpliera. No veíamos que estuviera presente una institucionalidad monitoreando para analizar qué implicaba en cada región en particular. Esa carta hacía un llamado de atención sobre todo lo que estaba faltando”.
ESE MAÍZ. En ese entonces, la delegación de la Udelar elaboró un documento con un título contundente: “Argumentación: mantenimiento de negativa a la liberación comercial del maíz portador de la acumulación de eventos Mon 89034 x Mon 88017”. Insistió en “no alentar la aprobación de este tipo de eventos, siguiendo el principio de precaución, dado el poco beneficio percibido y mayor nivel de riesgo”. Este principio está consagrado en la Conferencia de la Onu sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en su declaración de Rio de Janeiro de 1992.
Allí mencionaban al menos tres objeciones concretas a la liberación comercial de este nuevo maíz transgénico.
Primero: “la especie fitófaga para la cual este material genético aporta resistencia no está citada como plaga de este cultivo en el país, esto es, no hay referencias que indiquen daños incidentes a nivel económico”.
Segundo: “sería innecesario e inapropiado correr el riesgo de afectar los balances de las especies benéficas del ecosistema de maíz, insertando un cultivar cuyo aporte productivo sería la protección hacia una especie que no es plaga y que no requiere, hasta el momento, la aplicación de insecticidas”.
Tercero y último: “el criterio que se ha hecho primar es el de la precaución: no aporta beneficios y, como todo vegetal que incorpora proteínas con acción insecticida, tiene riesgos desconocidos”.
Los argumentos que manejaba la Udelar hace cuatro años son los mismos que manejan hoy los ministerios que se oponen.
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