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sábado, 20 de abril de 2013

Informe japonés califica gestión ambiental como “insuficiente”


En 2010 recomendaron establecer políticas, que no se pusieron en práctica


Si bien desde hace más de 20 años se estudia la calidad del agua en el río Santa Lucía, “hasta el momento no se ha alcanzado un nivel de conocimiento suficiente”. Así como tampoco los controles llevados adelante por las instituciones involucradas “que permitan una gestión ambiental integrada de la cuenca”. Así lo estableció el informe de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), realizado junto con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y publicado en 2010. Este documento refleja más advertencias respecto de la contaminación en el río Santa Lucía y sus afluentes, hacia la Dinama y la OSE y sus carencias en los procedimientos. Pero no se hizo nada al respecto.

El Informe de situación sobre fuentes de contaminación difusa en la Cuenca del Río Santa Lucía – JET/Dinama buscaba ayudar a los organismos estatales a implementar “actividades a desarrollar en los próximos cinco años”, expresa.

“Existe relativamente poca información sobre concentraciones ambientales de plaguicidas. Se sugiere implementar un estudio especial” al respecto, en “aguas superficiales, sedimentos y aguas subterráneas”, ya que podría generar “riesgos para la salud así como ambientales”, afirma.

También resalta la “carencia de datos locales sobre la tasa de aplicación de fertilizantes y plaguicidas”. Esa medida se adoptó este año por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), pero su cumplimiento aún no es controlado, excepto cuando se realizan denuncias.

El informe sugiere la “exploración de medidas de control de la contaminación y buenas prácticas en el sector agrícola. Conforme las causas de la contaminación difusa se tornan claras, es importante indagar respecto a posibles soluciones a los problemas”. 

El decano de la Facultad de Agronomía, Fernando García, explicó al suplemento Qué pasa, de El País, que el origen de la contaminación es principalmente por la actividad lechera y los frigoríficos, y no tanto por causa de la soja.

El informe explica que tras “un monitoreo en 32 estaciones”, realizado en 2005, se indica que la calidad del agua es buena, excepto por el fósforo, principal contribuyente para la formación de cianobacterias.  Otro informe de la Dinama del 2011 detectó en el embalse del arroyo Canelón Grande niveles de fósforo de 12.900 microgramos por litro.

“Este parámetro mostró valores superiores a los 25 microgramos por litro sugeridos como estándar”, por lo que “los aportes urbanos y agrícolas podían ser la causa de estos valores”. Así como agrega que “la región media y baja de la cuenca se muestra más vulnerable y afectada por las actividades productivas, presentando signos de deterioro en la calidad del agua de los arroyos de las cabeceras de la cuenca y del cauce principal”.

Coordinación estatal
La investigación destaca más de una vez la importancia que tiene “intercambiar información” principalmente entre el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Dinama, MGAP e investigadores. Así como la necesidad de coordinar acciones en conjunto para controlar la contaminación y la cantidad de vertidos que se arrojan a los cursos de agua.

El único ámbito de coordinación que existe entre organismos estatales, la sociedad civil y empresas, aún no está activo: la comisión de cuenca del río Santa Lucía está aprobada por decreto. Según explicó José Luis González, director de la Dirección Nacional del Agua (Dinagua) a El Observador, se realizó un segundo llamado al público en general para integrarla, ya que preocupa el escaso interés de la población. Por lo tanto, el 2 de mayo cierra la convocatoria, y se aguarda la firma del presidente José Mujica, para comenzar a sesionar. En ese ámbito se discutirán medidas para reducir la contaminación del río.

En tanto, las investigaciones que realizan integrantes de las facultades de Ciencias y de Química, el LATU e Instituto Clemente Estable, tendrán sus primeros resultados a fines del 2013. Por lo tanto, las autoridades podrán analizarlo a comienzos de 2014, año electoral.



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