MONTEVIDEO (Uypress/Daniel Feldman) - Eduardo Gudynas es Secretario Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social, con sede en Montevideo, y posee una dilatada trayectoria en el análisis de los temas ambientales. Con él conversamos largamente sobre nuestro país, la región y el posicionamiento del progresismo frente a la temática del ambiente.
Tú sos Secretario Ejecutivo del CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social). Mucha gente, cuando piensa en ecología, lo hace más bien en términos biológicos y no ve el punto de unión con lo social. ¿Dónde está ese punto de encuentro?
Por lo menos desde principios del siglo XX hay una tradición, que en varios países se denomina ecología humana, que analiza la relación de los grupos humanos con el ambiente. Una perspectiva más reciente es la de ecología social, que enfatiza en algunos aspectos sociales, cuestiones económicas, de desarrollo. En esa línea es que se inscribe nuestro Centro.
¿Qué balance o diagnóstico hacés de la situación ambiental de nuestro país al día de hoy?
La situación ha empeorado en los últimos años. Eso es resultado de un balance entre dos procesos: por un lado, las medidas gubernamentales para lidiar con los diferentes impactos ambientales han sido insuficientes o en algunos casos no han existido o no han sido efectivas y por otro lado, la presión humana sobre el ambiente ha aumentado mucho, especialmente en los últimos años por las altas tasas de crecimiento económico. Entonces, cada vez hay más deterioro ambiental y las medidas de restauración o reparación son inadecuadas. Eso lleva a un incremento del deterioro. Se ve incluso en el ambiente urbano, en las ciudades, por ejemplo con los graves problemas que hay con la basura, que no sólo ocurren en Montevideo sino también en varias ciudades del Interior.
¿En el Interior también?
Sí; si bien no hay basurales en las calles como en la capital, algunas ciudades tienen serias dificultades para realizar la disposición final de los residuos. Seguimos con un gran atraso en la implementación de un sistema que verdaderamente proteja nuestras áreas naturales y mantenemos problemas en, por ejemplo, la recuperación de los arroyos capitalinos como el Miguelete o el Pantanoso y en lidiar con la contaminación industrial.
Además de la presión humana a la que hacés referencia se dan polémicas en torno a diferentes emprendimientos y sus impactos ambientales.
Entre los nuevos factores que afectan al ambiente nombraría dos que son claves: la intensificación agrícola –especialmente la sojización y los efectos por el uso de algunos agroquímicos- y algunos mega emprendimientos. Entre estos últimos podemos ubicar ciertos establecimientos de gran porte, como las plantas de celulosa, pero también una seguidilla de puertos costeros, construidos por diferentes empresas y una expansión minera, que no sólo incluye el caso en debate de Aratirí, sino otros emprendimientos que están más avanzados, como la explotación de calizas para hacer cemento portland en la zona de la Quebrada de los Cuervos.
Por un lado hay presión para avanzar en el desarrollo y generar fuentes de trabajo. Por otro lado, hay emprendimientos que afectan al ambiente. ¿Es una contradicción sin solución?
El primer paso es entender que existe esa contradicción. Usualmente, frente a las alertas ambientales, lo que hace el gobierno –y no es sólo un problema del gobierno de Mujica, se observa en los demás gobiernos progresistas de América- es decir que quienes presentan alertas ambientales impiden el desarrollo y la reducción de la pobreza, y constituyen un riesgo porque podrían significar un atraso para el país. Creo que ese es un abordaje incompleto, a veces peligroso y bastante infantil. Lo que se alerta es que buena parte de estos emprendimientos tienen un costo ambiental. Paralelamente a ese costo ambiental hay también un costo económico oculto, que usualmente se socializa, lo paga toda la sociedad. Por lo tanto, lo que debería hacerse son verdaderos balances, mirados desde el punto de vista del interés nacional, para ver cuánto realmente se gana con algunos de esos emprendimientos. Así como hay cifras visibles para la macroeconomía, como el incremento de las exportaciones, también hay costos invisibles, que van desde la afectación de la salud, pasando por la pérdida de fertilidad de algunos suelos hasta la pérdida de ciertos recursos genéticos del país. Esos balances no se realizan en la actualidad.
Por otro lado se generan fuentes de trabajo, para lo cual hay una fuerte presión y mejora la calidad de vida de muchos habitantes.
Depende de qué sectores. Por ejemplo, en el sector minero, si observamos las cifras de otros países sudamericanos donde está más desarrollado, como Perú y Chile, ocupan solamente al 1% de la población económicamente activa. Es una captación de empleo muy pequeña. Por otro lado, la minería genera efectos de derrame económico negativos muy importantes. Ellos van desde la destrucción de circuitos económicos regionales hasta la pérdida de suelos de uso agropecuario y de agua para usos agropecuarios.
¿A qué circuitos económicos regionales te referís?
Lo que se observa en los países vecinos es que en los lugares donde se implanta la minería se genera una pequeña elite vinculada a la empresa minera con grandes ingresos, que accede a un nivel de consumo que se da por fuera de la región. Entretanto, la parte de la población que no accede al empleo en el sector pierde líneas que pueden ir desde cultivo de hortalizas y otros para consumo local y regional hasta la pequeña tienda que vendía a los vecinos. Eso desaparece.
Pero ¿esa no es una tendencia que se da en todo el mundo?
No; en algunos países, cada vez que se realizan estos balances ambientales, sociales y económicos, resulta más potente mantener estos circuitos económicos regionales porque generan mayor equidad, son más estables, menos dependientes de los vaivenes de precios del comercio exterior y tienen asociados menos problemas que con la explotación minera o petrolera, como situaciones de inequidad, violencia, etc. Lo que yo quisiera transmitir es que hay que hacer un nuevo tipo de balance económico, social y ambiental. En nuestro país ese tipo de análisis no se está realizando.
Pero ¿es posible para Uruguay, un país chico y sin muchos recursos, salir de ese esquema?
Sí. Cuando uno cuenta en los países andinos que Uruguay se va a dedicar a la minería, eso genera sorpresa. Las propuestas de salida de la explotación minera por parte de los países andinos van dirigidas a fortalecer su sector agropecuario. Entonces, estamos ante un caso muy raro en el mundo, donde un país de vocación agropecuaria, cuyo sector agropecuario ya posee una agroindustria implantada y la puede profundizar, quiere desafectar predios agropecuarios para hacer minería de gran porte, a cielo abierto y que durará unas décadas.
Pero el ingreso de capitales es muy tentador, como lo fue con las papeleras.
Todo eso está evaluado con la vieja contabilidad. Hay que ver cuánto de esos capitales realmente queda en el país. Buena parte de la inversión es para comprar infraestructura que es importada, no se adquiere maquinaria fabricada en Uruguay. Adicionalmente, buena parte de esa inversión se gasta en mano de obra extranjera. También, tenés costos asociados que hay que restar: por ejemplo, el país sigue invirtiendo cifras muy importantes en el monitoreo de la planta de celulosa y nadie resta ese costo. ¿Cómo podría resumirte esto? Puede ser que sea un buen negocio, pero hasta ahora nadie ha demostrado que lo sea, bajo análisis serios desde el punto de vista de este balance social, ambiental y económico. Por ejemplo, en Ecuador hay varias evaluaciones independientes de cuánto gana el país con la explotación petrolera. Ecuador es un exportador de petróleo de importancia en la región. En estas evaluaciones de nuevo tipo se han contabilizado los costos que ha tenido que asumir el Estado por la contaminación petrolera. En alguno de los balances realizados se ha encontrado que a lo largo de las últimas décadas el país no ha ganado dinero en forma neta. En Perú se está realizando un inventario de los impactos que están dejando las empresas mineras que han terminado de explotar sitios y desaparecieron. Esto es lo que se llama pasivos mineros. Perú tiene alrededor de 5.000 pasivos mineros. La remediación ambiental de esos pasivos mineros es equivalente a buena parte del dinero que se ha ganado en exportaciones por esos productos.
¿Eso lo asume el Estado?
Lo tiene que asumir el Estado. De hecho, en Ecuador hay encaminada una demanda ciudadana por contaminación de aguas superficiales y subterráneas por el petróleo por varios miles de millones de dólares.
Hace poco tiempo en un informe sobre la planta de celulosa que se está construyendo en Conchillas se decía que está ocupando a más de 4.000 trabajadores en forma directa. Es una cifra impactante para lo que es nuestro país.
Sí, en la fase de construcción tienen mucha mano de obra. Pero en la fase de operación, no. Por ejemplo, la planta de UPM BOTNIA debe tener unos 230 a 250 empleos directos totales. Se puede argumentar que hay una serie de empleos indirectos. Pero nuevamente, debemos hacer la cuenta país. La cuenta país nos indica que lo que quedó es una fábrica que sólo emplea a 230 personas.
Muchas veces se sostiene que los ecologistas o ambientalistas tienen un discurso muy lírico e interesante, pero hay que resolver los problemas de la gente. Es la concepción del propio presidente Mujica, cuando dice que tiene que darle de comer a la gente.
Él está equivocado. El equipo presidencial –pongámoslo en esos términos- hace una serie de saltos difícilmente justificables. Es cierto que son sinceros en que dicen muchas veces que una de las prioridades es atraer inversión extranjera y después se verá cómo se reparte la posible ganancia de esa inversión. El tema es que debe haber una evaluación respecto a en qué sectores se va a emplear esa inversión, cuánto empleo generan y cuáles son las contrapartes que tiene que dar Uruguay. Hay contrapartes, como la de entregar energía eléctrica barata, como necesariamente tendría que ser el caso de la minería u otorgar el recurso agua en forma gratuita. Nuevamente, esas evaluaciones no están hechas. Puede ser mucho más rentable para el Estado y para el país, por ejemplo, invertir más en la reconversión de la agricultura. Especialmente en las fases industriales de la misma, para abandonar la exportación de materia prima. Ese tipo de balance en cuanto a opciones productivas, que contemplen el consumo de recursos, de energía y la captación de empleo, no se hace. El equipo de gobierno tiene una perspectiva que, por un lado es anticuada pero por otro es muy simplista, de cómo organizar una estrategia de desarrollo.
¿Sería el Estado quien debería invertir en esas cosas?
El Estado invierte, pero lo hace sin darse cuenta. Cuando el Estado decide permitir una zona franca para estos emprendimientos, ahí se produce una pérdida. Cuando decide otorgar permisos de admisión temporaria sin pago de impuestos para la maquinaria, también hay una pérdida para el Estado.
¿Hay posibilidades de atraer capitales para esos sectores a los que hacés referencia, como la reconversión agroindustrial?
Claro que sí. Lo que sucede, para decirlo de una manera cordial, es que se necesita una visión país, no una visión de analizar negocio por negocio en forma separada. La mayor disponibilidad, por lo que observamos a nivel mundial de los capitales, debido a la crisis en los países industrializados que abandonaron la inversión en sectores convencionales industriales y financieros, hacen derivar estos capitales hacia el sur, a sectores como minerales, energía, compra de tierras o agroalimentos. Ofrecen mayor seguridad, están más a salvo de los vaivenes de la crisis y aprovechan los beneficios de la demanda sostenida de los países del sudeste asiático. Entonces, no refleja necesariamente inteligencia ni capacidad, aprovechar los capitales disponibles en el sector primario. Eso es lo que están buscando ahora varios de estos países y varios de estos capitales. Lo que hay que hacer es aprovechar esos nichos colaterales o que vienen por detrás, en la producción. Uruguay tiene una gran ventaja: el sector agropecuario. Todo indica que la demanda seguirá aumentando, los precios tienen alzas más sostenidas que en el sector de minerales y permiten hacer una fase de industrialización propia en el Uruguay, donde ya tenemos experiencia, como puede ser el sector de los lácteos. Cuando el gobierno dice que va a promover una inversión en el sector del hierro para en
algún momento hacer una industria siderúrgica, a mi modo de ver, demuestra un problema serio de desconocimiento de los datos de qué pasa con el desarrollo de esos sectores. Los países industrializados, en la actualidad, no quieren hacer siderurgia. ¿Por qué? Porque consume mucha energía. Entonces prefieren que otros países, como Brasil, hagan el enorme gasto energético necesario para la siderurgia. No estamos en los años 40, 50 ó 60, cuando se formaron Mujica y varios dirigentes, donde el gran avance en el desarrollo del país era tener una industria siderúrgica o metalúrgica fuerte. No. De hecho, los países más avanzados no quieren hacerlo por su costo energético. Entonces, permiten que Brasil sea la gran potencia siderúrgica del hemisferio sur; el gran productor de hierro, aceros y aluminio.
Y ¿cómo subvenciona Brasil ese gran consumo energético?
Construyendo secuencialmente represas en la Amazonia. De alguna manera, nosotros estamos atrapados en ese desarrollo desigual. Lo que más me impacta de esto es el gran cambio cultural que se ha producido en la izquierda. Si se repasan las discusiones de la izquierda de los años sesenta y setenta del siglo pasado, vemos que se veía con muy malos ojos mantener economías en base al sector primario. La exportación, por ejemplo de Bolivia, de estaño y otros minerales, era fuertemente rechazada. Los países cacaoteros o bananeros siempre fueron cuestionados por la izquierda. La izquierda aspiraba a desarrollos endógenos y autónomos. Este tipo de emprendimientos, basados por ejemplo en la exportación de porotos de soja o de hierro en bruto, aumentan nuestra dependencia de la globalización. No nos hace más autónomos ni genera un desarrollo endógeno, sino que nos hace más dependientes de la inversión extranjera y de los mercados exteriores. Ha habido un cambio profundo en el discurso de la izquierda sobre cuáles son y cómo se interpretan las prioridades del desarrollo y su relación con la globalización y los procesos externos.
Hay grupos de intelectuales que han planteado la necesidad de encaminarse hacia un "decrecimiento" económico, que el "desarrollo sustentable" es una falacia y que el planeta no puede sostener las pautas actuales de crecimiento. ¿Qué opinás?
La idea del decrecimiento es esencialmente europea. Puede ser entendida para la circunstancia europea, donde el consumo en materia de energía en algunos sectores es descomunal. No creo que sea una idea que pueda ser trasplantada a nuestra realidad o incluso a la de África o Asia. Las ideas que se discuten en América Latina, o al menos en las que nosotros participamos, tienen el sello de transiciones a alternativas al desarrollo o transiciones post desarrollistas, donde el crecimiento económico o la atracción de inversiones o maximización de exportaciones dejan de ser un objetivo y lo que llamaríamos desarrollo se reenfoca en atender las necesidades de las comunidades y asegurar la calidad de vida. Bajo ese paradigma podrían existir sectores de la economía que crezcan.
Aterrizalo a nuestro país.
Por ejemplo, habría que aumentar la infraestructura disponible en locales educativos. Entonces eso llevaría a un crecimiento del sector construcción, con la edificación de centros de enseñanza. Pero no habría inversión pública en atraer construcción para consumo suntuario. Esa no seria una prioridad desde el punto de vista estatal. Habría por ejemplo inversión pública fuerte y reorientación de algunos subsidios, para la reconversión de la agricultura hacia una menor dependencia del petróleo. Pero no tendría sentido apoyar o subvencionar la importación de agroquímicos, por ejemplo. Bajo estas premisas, la lógica de que desarrollo es igual a crecimiento económico desaparece.
Pero el concepto de desarrollo igual a crecimiento económico está presente en toda la sociedad.
Ha permeado a toda la sociedad, en toda América Latina y el caso más notable es la reconversión de la izquierda progresista a esa idea.
Esa reconversión del progresismo a la que hacés referencia, ¿es un fenómeno que pasa en otros países?
Sí. Hay líneas de similitudes en cómo se interpreta el desarrollo, cómo se relacionan los gobiernos con la sociedad civil y cómo han redefinido el tema de la justicia en todos los regímenes "progresistas". La división que hay entre una izquierda más radical, que incluiría a Venezuela, Ecuador y Bolivia frente a una izquierda más socialdemócrata, que abarcaría a Brasil y Uruguay y tal vez en un punto medio a Argentina, podría ser aplicable o entendible en algunos atributos; pero para otros atributos hay más similitudes que diferencias.
¿Cuáles son esas similitudes?
Son todos gobiernos que apuestan al crecimiento económico basado en las exportaciones de materias primas. Todos ellos. Son todos gobiernos que han otorgado diferentes concesiones y flexibilizaciones –sobre todo sociales o ambientales- para atraer las inversiones. Son ahí también gobiernos que han roto con una parte de la tradición de la izquierda en cuanto a su inserción y postura frente a las negociaciones internacionales. Incluso el de Venezuela, más allá de su retórica antiimperialista. ¿En qué se expresa esto? Son gobiernos que apoyan fuertemente los esquemas de liberalización comercial en la OMC (Organización Mundial del Comercio). Eso es muy impactante. Son gobiernos que, especialmente en el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, han reincorporado el papel del Estado a través de empresas estatales que controlan algunos recursos y que aplican impuestos altos, especialmente en el sector hidrocarburos, pero no en el sector minero. Este sector tiene cargas impositivas bajas. El caso de Argentina es particular, donde hay un regreso al Estado y la imposición a los sectores primarios se observa sobre todo en las retenciones a las exportaciones de granos. En Uruguay y Brasil no ha habido una reforma importante en el sector primario y se apuesta a aumentar el volumen exportado para que el Estado recaude más. Teniendo en cuenta esta diversidad, se llega a un segundo punto, que es que en todos estos gobiernos hay un mayor protagonismo del Estado, y este intenta por diferentes maneras –a veces por mas impuestos, a veces por aumentar el volumen de lo exportado- captar una proporción mayor del excedente del sector primario y ese excedente lo utiliza en mantener el aparato del Estado y más allá de cómo use el dinero, hay un discurso de que ese dinero es fundamental para mantener los programas de políticas sociales. Entonces, se mantienen diferentes esquemas de asistencia social, donde en todos estos países se gira alrededor de transferencias mensuales en dinero.
Con mayor o menor intensidad, pero es el núcleo central. El más conocido es "Bolsa Familia" de Brasil, que cubre el mayor número de hogares pero los que cubren la mayor proporción de la población son los programas de Bolivia y Ecuador, que en números aproximados llegan a un tercio de la población recibiendo algún tipo de asistencia financiera en forma mensual. Son como grandes programas al estilo del MIDES. Para mantener esos programas, que han sido muy exitosos en bajar la pobreza –uno de los logros de los gobiernos progresistas- y en asegurar adhesión electoral a estos gobiernos, desde el Frente Amplio hasta Alianza País de Ecuador, se necesitan enormes volúmenes de dinero, que básicamente se consiguen aumentado las exportaciones primarias extractivas. Eso explica que estos países flexibilicen las normas ambientales y sociales. Y explican además la crítica y burla de los presidentes hacia la demanda ambiental o local. Eso se repite en todos los países.
¿En todos?
Así como aquí en Uruguay Mujica se burla del ambientalismo, otro tanto sucedió en Brasil con Lula, que se ha burlado de las protestas ambientales por los impactos de construir nuevas represas. Sucedió lo mismo con Rafael Correa, que sostiene que el ambientalismo es una izquierda infantil. Evo Morales acusa diciendo que al ambientalismo va a llevar a la pobreza a los más pobres. Ahí aparece otro cambio político sustancial: la adhesión de parte de los movimientos sociales a los gobiernos de izquierda se está reconfigurando. Algunos segmentos de los nuevos movimientos sociales se han distanciado de este progresismo y han vuelto a desempeñar papeles de mayor autonomía frente al Estado.
¿Acá se ve eso?
Sí, sí.
¿En dónde?
El movimiento ambientalista uruguayo es más pequeño, pero claramente en su gran mayoría está distanciado de la actual administración. Se refleja en su participación y apoyo a las advertencias sobre qué va a pasar con la minería, los reclamos por limpieza en las ciudades, las diferentes campañas contra el uso de agroquímicos.
¿Sería viable un Partido Verde en Uruguay, como los de algunos países de Europa, que tuvieron su auge?
Creo que no.
¿Cómo ves el rol de la DINAMA?
Bueno, un aspecto de todos estos gobiernos progresistas es que han intentado –todos- flexibilizar, acotar o reducir su agencia ambiental. Como sucedió aquí con el intento presidencial de convertir a la DINAMA en una agencia.
Según la senadora Topolansky eso fue un pelotazo. Pero si se convirtiera en una agencia autónoma, ¿no podría jugar un papel fiscalizador más importante?
Depende del poder que se le otorgue. Si se apostara por un modelo de agencia fiscalizadora independiente, estaríamos dentro del modelo anglosajón. Dicho modelo funcionó muy bien mientras había disponibilidad política para contemplar las demandas, bajo la administración demócrata. Pero cuando tomó la presidencia Bush en Estados Unidos, claramente se produjo un desmontaje de la agencia federal ambiental; incluso con denuncias de corrupción. En el caso uruguayo, lo más cercano hubiera sido plantear un modelo con dos vertientes: la agencia ambiental sería algo parecido al Tribunal de Cuentas; aunque muchas veces vemos que el Tribunal de Cuentas observa cosas pero el Poder Ejecutivo no responde. Tendría que tener capacidades para que sus indicaciones y mandatos se cumplieran. La otra vertiente, en paralelo, para potenciar la fiscalización ambiental, sería tener la figura de un comisionado parlamentario en temas ambientales, que es algo que existe en otros países de América Latina.
Una especie de ombudsman.
Sí, en otros lugares se llama superintendencia. Es una persona aprobada por el Parlamento, cuyo período en el puesto está disociado de los gobiernos, e informa al Parlamento sobre si el Estado o los privados cumplen o no con la normativa ambiental. Eso sería muy importante en nuestro país, porque las principales empresas son estatales y en la mayoría de ellas hay problemas ambientales. Entonces, en la actual situación, el gobierno es juez y parte en el monitoreo de sí mismo. Eso lleva a que haya dudas sobre la real performance ambiental de UTE, ANCAP, etc.
Volviendo a la DINAMA, ¿considerás que su papel es efectivo o es simplemente funcional a decisiones que ya están tomadas a nivel del Ejecutivo?
El debate que hubo meses atrás, cuando la ministra era la arquitecta Muslera, dejó en claro que hay presiones de otras ramas del Poder Ejecutivo y que la DINAMA todavía tiene capacidades institucionales de evitar esas presiones. Especialmente del lado de los funcionarios. Ese balance cada vez se hace más frágil, porque las presiones cada vez son mayores. También hay un desgaste en la institucionalidad y una pérdida de los funcionarios de mayor experiencia, lo cual es comprensible, porque muchas veces no tienen la cobertura y el respaldo necesarios que les puede dar el poder político. La situación de la DINAMA creo que está en riesgo.
El uruguayo, en general ¿es consciente de la temática ambiental?
Hay una minoría consciente, pero eso sucede en todos los países. En todos los países hay una minoría de militantes ambientales activos.
Pero en otros países parece que hubiera un mayor compromiso por parte de la ciudadanía.
Sí. Mi hipótesis es que en el caso de Uruguay y en parte de Argentina y Chile, han ocurrido un par de procesos. Por un lado, somos países que no tenemos una noción clara de qué es una naturaleza silvestre. No es como el caso de un brasilero, un ecuatoriano o un colombiano, que pueden tener desde picos nevados hasta la Amazonia. Esa idea de país silvestre, salvaje, de grandes espacios naturales prácticamente no existe en nuestras culturas del Cono Sur. En segundo lugar, creo que a diferencia de la vieja izquierda de los años sesenta y setenta, el liderazgo político de la izquierda actual no ha sido proclive a incentivar el tema ambiental. Te hago un cuento: uno de los principales factores para el crecimiento del movimiento ambiental alemán fue la gestión de Willy Brandt. El Partido Socialdemócrata alemán –fijate que diferencia con la situación uruguaya, argentina o brasilera- entendió, en su necesidad política de controlar al capital, que también necesitaba ciertos apoyos. Ya tenía apoyos de los sindicatos y fomentó y alentó la creación de organizaciones ciudadanas independientes en varios temas: culturales, urbanos y ambientales. Las apoyaron, les dieron cobertura y las reconocieron. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia de aquella época entendía que necesitaba respaldos ciudadanos. Era una socialdemocracia que negociaba con el gran capital la construcción de un Estado de bienestar. No se veían las cosas que vemos hoy, donde tenemos un gobierno que se reúne con un empresario para decidir o evaluar cómo redactar un proyecto de ley a enviar al Parlamento.
¿Te referís a Aratirí?
Claro. No estoy en contra de que el gobierno se reúna con los empresarios; al contrario, estoy a favor. Para eso están las cámaras. Pero no en negociaciones individuales. Aquella izquierda que te comentaba, diversificaba su base social más allá del movimiento sindical.
La izquierda sudamericana perdió esas capacidades. Eso se explica en que en los gobiernos progresistas, sus principales líneas de crítica y ruptura están con los nuevos movimientos sociales, que son esencialmente tres: tiene serios problemas con el movimiento feminista, con los ambientalistas y con los movimientos indígenas. En todos los países. Eso también tiene que ver con el reformateo que ha hecho el progresismo sudamericano de la idea de justicia. Han quedado atrapados en una idea de justicia esencialmente vinculada a la redistribución económica, la cual se lograría por otorgar empleo o, para los más pobres, asistirlos monetariamente. La idea de justicia como un campo mucho más amplio, que incluye otros aspectos, que van desde la justicia ambiental, derechos culturales, cuestiones del espacio urbano, de la vida pública, etc., se ha perdido. Eso puede ser entendido por las crisis que vivieron nuestros países, que pegaron mucho en el plano económico; pero esa etapa ya pasó y ahora sería necesario reconstruir la idea de justicia. La izquierda sudamericana ha quedado atrapada en ese progresismo de base material.
¿Y los sindicatos?
Ahí hay otro cambio importante, con el realineamiento del movimiento sindical. El caso más dramático es el de Brasil, que explica la acentuación de la estrategia progresista de tipo extractivista.
¿Por qué?
Las dos mayores empresas brasileras, que son transnacionales, son extractivistas: Petrobras y Vale do Rio Doce. Petrobras es una empresa mixta con participación directa del Estado. Pero tanto en Petrobras como en la minera Vale, entre los principales accionistas están los fondos de pensiones de los sindicatos más grandes. Y el principal financiador es el gobierno federal a través del BNDES. Por lo tanto una parte importante de los movimientos populares está interesada en acentuar el extractivismo. Acá es que se genera esta fractura entre nuevos movimientos sociales, que cuestionan el extractivismo y los viejos movimientos sociales, como este tipo de sindicalismo, que está a favor del extractivismo, por razones de apego ideológico (al PT), cultural (a la idea de desarrollo material, explotando la naturaleza), pero también por razones prácticas, ya que sus fondos de pensión dependen de que esas empresas funcionen.
Un eslogan que se ha querido patentar es el de "Uruguay Natural".
Es un eslogan. Uruguay es el único país latinoamericano que no tiene una frontera con una naturaleza silvestre.
¿Las playas?
Son todos lugares modificados. Uruguay debería pensar sus políticas ambientales en forma muy distinta a la de los demás países latinoamericanos. Tendría que pensar sus políticas ambientales en una dinámica más parecida al contexto que se encontraría en los países europeos, de naturalezas ya muy modificadas.
Fuente: http://www.uypress.net
