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ASAMBLEA NACIONAL DE APICULTORES URUGAUY 19 DE NOVIEMBRE 2016

viernes, 7 de agosto de 2015

Para la Intendencia de Montevideo LO MEJOR ES NO SABER

LO MEJOR ES NO SABER

La Intendencia de Montevideo (IM) suspendió por tiempo indeterminado un decreto que obligaba a las empresas de alimentos a diferenciar en las etiquetas los productos con soja o maíz transgénicos. La medida sacudió a la colectividad de científicos y organizaciones sociales que luchan por extender el etiquetado obligatorio a todo el país.
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Por Mónica Robaina

Los análisis para detectar organismos genéticamente modificados (Ogm) en productos vegetales y animales comercializados en Montevideo se suspendieron hace dos semanas. Tampoco se fiscaliza el etiquetado exigido a numerosas empresas, ni se ejecutarán las sanciones resueltas por el anterior gobierno departamental a unas diez firmas que incumplieron los plazos, confirmó a Brecha la directora de la División Salud de la Intendencia de Montevideo (IM), doctora María Analice Berón. “Se trata de una decisión política. No estamos pidiendo derogar el decreto, queremos revisarlo y ponernos a tono con el gobierno nacional”, se limitó a argumentar.

El decreto en cuestión fue votado a fines de 2014 por la unanimidad de los ediles de la Junta Departamental, previa consulta de la Intendencia al Ministerio de Salud Pública (Msp), ya que desde 2008 rige una ley de etiquetado voluntario. También pasaron dos años de trabajo interinstitucional, poniendo a punto los aspectos técnicos para implementarlo entre el Laboratorio de Bromatología de la comuna y el Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar).

Si bien regía sólo para el territorio montevideano, el decreto alcanzó para ubicar a Uruguay entre los 65 países del mundo que exigen una T dentro de un triángulo amarillo como forma de advertir a los consumidores sobre la presencia de transgénicos. Se estima que el 75 por ciento de los alimentos ubicados en las góndolas tiene Ogm en sus ingredientes, aunque el etiquetado obligatorio se aplica a los productos que superan el 1 por ciento de maíz o soja transgénicos. Durante el primer semestre de 2015 más de 600 productos fueron declarados ante el Servicio de Regulación Alimentaria como Ogm, y todos debían mostrar esa característica en las etiquetas. Paralelamente, los laboratorios hacían análisis sobre alimentos sospechosos, no registrados por las empresas. Algunas, temerosas de que esto afectara sus ventas, habían solicitado plazo para retirar los ingredientes transgénicos de sus recetas. Por otra parte, el incumplimiento de las firmas sancionadas había sido divulgado en un informe publicado en junio por el gobierno departamental saliente.

EN ESPERA.

Berón entiende legítimo que la nueva administración frenteamplista se replantee los alcances del decreto, aunque éste fue impulsado por un ejecutivo departamental del mismo signo político, por todas las bancadas de la Junta y avalado por los ministerios de Medio Ambiente (Mvotma), Relaciones Exteriores y Salud Pública del ex presidente José Mujica. “Los plazos se corrieron por tiempo indeterminado”, enfatizó la directora, para quien la medida no implica retroceso alguno en lo que las organizaciones sociales, la administración de Ana Olivera y los científicos que investigan el tema desde hace años consideraban una conquista de los derechos del consumidor.

Reconoció que la población quedará sin saber qué productos contienen transgénicos (en el listado figuraban desde aceites, polenta y snacks hasta milanesas, hamburguesas, panchos, quesos y yogures). Y aunque argumentó que las empresas pueden etiquetar en forma voluntaria –según establece la ley vigente desde 2008–, admitió que esto rara vez ocurre.

Con todo, la directora subrayó que se inicia un proceso de revisión del decreto departamental, primero con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap) y luego con el Msp. También habrá que “rediscutir el tema con los otros departamentos, a través del Congreso de Intendentes”, agregó, para considerar que Montevideo es parte del país y no debería tener una reglamentación exclusiva en la materia.

RETROCESO.

La medida constituye un revés para los defensores de los derechos del consumidor y para los científicos preocupados, porque, de acuerdo a numerosas investigaciones, los granos transgénicos llevan remanentes de agrotóxicos nocivos para la salud. Al menos hasta el pasado viernes 31, cuando se realizó un seminario sobre etiquetado de transgénicos en Maldonado, nadie parecía conocer el dramático giro en esta causa. Aunque hubo indicios. Ese día, ante una Sala Magna repleta de público en el Centro Universitario Regional Este (Cure), se habló de organizar más foros y movilizaciones para paliar la falta de compromiso político; de la necesidad de una comunidad científica más comprometida con la sociedad y el ambiente que con las empresas privadas que financian sus investigaciones; y se lanzó un llamado al gobierno para que el Msp haga una investigación epidemiológica en las zonas donde se aplican herbicidas y pesticidas a mansalva sobre los cultivos transgénicos.

El ex director de Salud de la IM Pablo Anzalone expuso sobre la experiencia del decreto montevideano. “No es una norma en discusión; hay que continuar los controles y promover normas similares en otros departamentos o a nivel nacional”, arengó. “La posibilidad de saber y de decidir contando con la información adecuada es un derecho y una defensa del consumidor en un mundo como el actual. Existen a nivel mundial muchos otros debates referidos a los alimentos genéticamente modificados: científicos, sanitarios, ambientales, económicos, pero el gobierno departamental no ingresa en ellos sino que reivindica el derecho a saber del consumidor”, alegó el licenciado. “La ingeniería genética y la biotecnología son grandes avances científicos con enorme potencial de incidencia sobre la sociedad humana, y también sobre las formas de vida y los ecosistemas. Tal vez por eso mismo (y porque el manejo de esos conocimientos y técnicas está muy concentrado) deben estar sometidos a regulaciones que protejan los derechos de la población en distintos planos: el conocimiento y la información son dos de ellos”, acotó. Esta semana, consultado por Brecha, lamentó la decisión de la nueva administración comunal y la definió como “un retroceso”. “El debate se tiene que dar ahora en la sociedad. Ellos darán sus argumentos y los demás tendremos que dar otros”, opinó.

También para Claudio Martínez Debat, profesor de la Facultad de Ciencias y director del Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria, la nueva política del gobierno departamental podría significar “un grave retroceso”. Porque al suspender los análisis se perderá una oportunidad interesante para desarrollar la biotecnología nacional y porque los derechos del consumidor se verán vulnerados. El investigador señaló que el impacto de la transgénesis sobre la salud es un tema abierto y en debate. “Lo que no deja dudas, en este momento, es que los agrotóxicos sí son malos para la salud y el ambiente. En los granos de transgénicos que consumimos quedan remanentes de agrotóxicos, particularmente el glifosato, que acaba de ser recategorizado por la Oms como probablemente cancerígeno. Estaría bueno poder decidir si comprar o no un alimento que tiene transgénicos”, subrayó.

A REDOBLAR.

Entretanto, la organización Slow Food –que desde 2010 trabaja por el etiquetado obligatorio de transgénicos en Uruguay– denunciará la medida de la comuna ante el ombudsman montevideano. “Se está violando un derecho del consumidor, un decreto votado por todos los partidos en la Junta Departamental y firmado por la intendenta Olivera”, señaló Laura Rosano, coordinadora nacional de este movimiento avalado por otras 15 organizaciones sociales. Por eso también anunció que Slow Food buscará asesoramiento legal con la intención de iniciar acciones judiciales. La activista quiere saber cuál es la justificación y el respaldo legal del gobierno departamental para suspender el decreto. Sospecha que a nivel nacional seguirán primando los intereses de las grandes corporaciones. “¿Cuál es el lineamiento del gobierno? ¿Cercenar los derechos del consumidor? No nos vamos a quedar de brazos cruzados ni permitiremos que nos pechen”, advirtió Rosano. De hecho, redoblará la apuesta: un grupo de académicos de la Udelar y activistas de Slow Food ya solicitaron una entrevista a la Comisión de Salud de Diputados para presentar otra vez un proyecto de ley de etiquetado obligatorio archivado en 2013. Y si hace una semana hablaban en Maldonado de movilizar al país por esta causa, ahora redoblarán esfuerzos para que otras intendencias aprueben sus propios decretos.

Fuente: Brecha, 7/8/15.

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