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ASAMBLEA NACIONAL DE APICULTORES URUGAUY 19 DE NOVIEMBRE 2016

jueves, 25 de abril de 2013

En el Pueblo comienza el Empoderamiento contra el Extractivismo y el envenamiento de los recursos naturales.


Nace un movimiento contra la minería y el extractivismo

Raúl Zibechi
Periodista uruguayo, escritor, responsable por la sección internacional de Brecha. Profesor e investigador en Multiversidad Franciscana de AL

Adital

19/04/2013


El 7 de marzo cayó uno de los más sólidos mitos de los uruguayos: la confianza en las empresas estatales. Ese día quienes abrieron los grifos sintieron un olor nauseabundo y los que tomaron mate o café sintieron un sabor extraño. La empresa estatal encargada del suministro de agua, OSE (Obras Sanitarias del Estado), debió reconocer "un episodio” de contaminación con algas en la cuenca del río Santa Lucía, que abastece a seis de cada diez uruguayos.
Pese a ello la empresa estatal aseguró que el agua es potable. Un comunicado liberado días después señaló: "En relación al evento de olor y sabor percibido por la población del área metropolitana días atrás, OSE comunica que se debió exclusivamente a una sustancia liberada por un tipo de alga microscópica en el Río Santa Lucía. Dicha sustancia, llamada geosmina, no tiene incidencia sobre la salud de la población”[1].

Las autoridades cerraron filas y negaron enfáticamente la contaminación de las fuentes de agua, que siempre habían sido de gran calidad. Sin embargo, gran parte de la población no creyó en los argumentos del Estado y se volcó a comprar agua embotellada agotando las existencias.
Este suceso no hubiera tenido mayor trascendencia si no fuera porque en los últimos años viene creciendo un movimiento contra la instalación de una mina de hierro a cielo abierto, Aratirí de capitales hindúes, que cuestiona además la contaminación por el uso masivo de plaguicidas y fertilizantes en los cultivos de soya y en la forestación. En rigor, la sensibilidad ambientalista creció con el debate instalado a raíz de la instalación de una enorme fábrica de celulosa en el río Uruguay.
En aquel momento, entre 2003 y 2008 aproximadamente, en un clima de euforia por la llegada al gobierno del Frente Amplio (2004) y un ambiente nacionalista exacerbado por las controversias con los ambientalistas y el gobierno argentinos, la mayor parte de la población apoyó al gobierno uruguayo. Ahora las cosas cambiaron. La población rural (apenas el 5% del total) comenzó a percibir los efectos nocivos del desarrollo agropecuario y los pequeños productores tradicionales (incluyendo los ganaderos) comenzaron a movilizarse.


Un país contaminado

Es difícil aceptar que los ríos uruguayos están contaminados. El país fue siempre un paraíso natural, con industria liviana y pocos coches, con ganadería extensiva y agricultura cerealera. Pero en la última década, por la especulación con los alimentos y los minerales, las cosas cambiaron drásticamente.
Los principales cambios se concentran en la producción rural, a lo largo de los últimos diez años. El precio de la tierra se multiplicó por seis (de 500 a 3.000 dólares la hectárea en promedio). El 38% de la superficie agropecuaria fue vendida, y el 41% fue arrendada[2]. Entre 2000 y 2008 los propietarios uruguayos perdieron 1,8 millones de hectáreas que pasaron a las sociedades anónimas que adquirieron una superficie similar.

Hubo una fuerte concentración de tierras en capitales multinacionales: catorce grupos poseen un millón de hectáreas. Montes del Plata (chileno- sueco-finlandesa) tiene 234.000 hectáreas; le sigue Forestal Oriental (finlandesa) con 200.000 hectáreas. La estadounidense Weyerheuser tiene 140.000 hectáreas y las argentinas El Tejar y Agronegocios del Plata (ADP) con 140.000 y 100.000 hectáreas completan la lista de las mayores inversiones extranjeras.

En la campaña 2001-2002 había sólo 29 mil hectáreas sembradas con soja. En 2012 superó un millón de hectáreas. Otro millón están forestadas. Esto supone un aumento exponencial del uso de plaguicidas y fertilizantes que son arrastrados por la lluvia hasta los ríos. Aquí comienza un drama que la población está empezando a percibir.

Un estudio de la Dirección Nacional de Medo Ambiente (DINAMA) de 2011 en el río Santa Lucía (del que proviene el 60% del agua potable) resultó en un escándalo: los niveles de fósforo admitidos internacionalmente son de 25 microgramos por litro, pero en el río los mínimos oscilaron entre 70 y 12.900 microgramos por litro[3]. Ha habido múltiples denuncias de científicos y organizaciones ambientalistas sobre la contaminación, pero el Estado no ha hecho mucho.

El biólogo Luis Aubriot de la Facultad de Ciencias dijo a la prensa que "sin la reducción de las cargas de nitrógeno y fósforo” no se van a solucionar los problemas del agua[4]. Otro biólogo, Mario Calcagno, recordó que además de las fumigaciones y fertilizantes que se usan para la soya el río Santa Lucía recibe efluentes de frigoríficos, industrias de alimentos y centros urbanos, y que el monte nativo a sus orillas ha ido desapareciendo. "Es un desastre”, concluyó[5].

Uno de los argumentos más sólidos fue el esgrimido por Diego Martino, que representó a Uruguay en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: "En 2010 se detectaron niveles de atracina en el agua. Es uno de los componentes del glifosato. No hay ningún estudio a nivel nacional que diga cuál es la consecuencia de niveles muy bajos de atracina consumidos a lo largo de diez años”[6].

En su opinión el principal problema es la incapacidad del Estado para controlar y luego tomar decisiones. Puso un ejemplo: ¿Cuánto tiempo le llevó a la DINAMA cambiar la distancia de 50 metros a 500 metros para la fumigación alrededor de una escuela rural? Años”. No se sabe cuántos niños enfermaron por esa demora.

Uno de los principales problemas son los embalses, que en su mayor parte se utilizan para el riego y el cultivo de arroz. En un pequeño país como Uruguay hay más de mil embalses que con el calor del verano se convierte en lugares donde crecen algas porque concentran los agroquímicos. Con las lluvias los embalses derraman sus aguas en los ríos. Todos los ríos del Uruguay, incluyendo anchísimo el Río de la Plata, están verdes de contaminación.

El ganado también está siendo afectado. Un productor del centro del país, cuyas ovejas beben en el gran embalse de Rincón del Bonete, sufrió la muerte de 56 ovejas en un año, todas intoxicadas[7]. La directora de Recursos Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca reconoció que "Uruguay no tiene un diagnóstico del estado de sus aguas”, pero la misma autoridad acepta que se cultive soya a cuatro metros de lagunas, ríos y arroyos, aunque la legislación establece una distancia de ocho metros, también insuficiente[8].

Daniel Panario es director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias y recibió en 2012 el Premio Nacional a la Excelencia Ciudadana. Es el más destacado y combativo científico del país que denuncia la contaminación hace más de 20 años. En su opinión el mejor ejemplo vinculado al agua es el del plomo.

"En la década de 1940 en Inglaterra se concluyó que el bajo rendimiento de los niños en las escuelas se debía al plomo y cambiaron inmediatamente todas las cañerías. En Uruguay esto se comprobó en la década de 1970. Estamos en 2013 y todavía no se terminaron de cambiar las cañerías de plomo en Montevideo. Dicen que tienen otras prioridades y que es muy caro”[9].

Además del Estado, la universidad es un obstáculo para hacer conocer la realidad a la población. "Uno no tiene total libertad para investigar temas de interés nacional. Cuando uno sale a hablar se arriesga a tener que enfrentarse con las autoridades. Hace pocos días el rector aclaró que yo hablaba a título personal y me dijo que le hacía daño a la facultad”[10].

Aquí aparecen dos problemas: los académicos priorizan investigaciones que puedan ser publicadas en revistas especializadas, en general en inglés, a las que la gente común no tiene acceso. Por otro lado, las universidades dependen de convenios y fondos que provienen de diversos organismos internacionales y de empresas privadas que no tienen interés en que se conozcan críticas a los productos que venden las multinacionales.

Investigadores como Panario, pese al reconocimiento nacional e internacional, suelen ser boicoteados por los propios universitarios. Se presentó en dos oportunidades al fondo nacional de investigadores y las dos veces fue rechazado. Tuvo que apelar a instancias superiores para ser admitido. Ahora se muestra feliz ante el crecimiento del movimiento contra la minería a cielo abierto.

Un movimiento diferente

Los precios del mineral de hierro se mantuvieron estables por veinte años. En 1985 la tonelada métrica seca se pagaba a 26 dólares. En 2004 había llegado a 38 dólares para trepar a 140 en 2008. En 2009 el precio cayó a 101 dólares la tonelada, pero ahora está subiendo. No es cualquier metal, ya que el mineral de hierro representa el 95 por ciento de todos metales utilizados en la industria.

Minera Aratirí pertenece a Zamin Ferrous, grupo indio con sede en Londres. Cuenta con siete proyectos en Sudamérica, cinco de ellos en Brasil, uno en Perú y otro en Uruguay, y espera producir en todo el continente unos 50 millones de toneladas de mineral de hierro para 2013. Pero el potencial de la empresa en la región se eleva a 10 mil millones de toneladas.

En Uruguay se les concesionaron unas 110 mil hectáreas en zonas dedicadas a la ganadería extensiva y la forestación, donde realizaron perforaciones para detectar las áreas de mayor densidad de mineral de hierro. El proyecto minero tiene tres partes: la zona de explotación, el mineroductode unos 220 kilómetros hasta la costa de Rocha y la terminal de carga. En total estiman invertir 2.000 millones de dólares.

A fines de 2010 cuando el parlamento aprobó el Código de Minería los pequeños productores rurales de las localidades donde se instalará Aratirí, Valentines y Cerro Chato (180 y 3.000 habitantes cada una), comenzaron a movilizarse. En enero de 2011 comisiones de vecinos de la costa, donde se instalará el puerto para la exportación del hierro, iniciaron una recogida de firmas contra el proyecto.
De ahí en adelante la actividad se fue intensificando. Primero asistieron al parlamento a explicar los motivos de la oposición al proyecto. Los pequeños ganaderos verían distorsionada la producción, ya sea porque serán expropiados y forzados a emigrar o por la contaminación del aire y el agua. Los habitantes de los pueblos costeros sufrirían daño en la pesca y se ahuyentará el turismo.

Luego realizaron decenas de charlas informativas en los más diversos lugares, muchos de ellos pequeños pueblos de 50 o 100 habitantes. Finalmente convocaron una primera marcha nacional en Montevideo con la consigna "No a la minería, sí a los recursos naturales”, en mayo de 2011. La empresa convocó a su vez una marcha en Cerro Chato movilizando comerciantes y trabadores. Al día siguiente los productores doblaron la cantidad de personas movilizadas, desafiando a la multinacional que también comenzó a realizar charlas informativas boicoteadas por los que se oponen a la minería.
En julio de 2011 se creó la Confederación de Pueblos Costeros con representantes de siete pueblos del departamento oceánico de Rocha: La Paloma (3.500 hab.), Aguas Dulces (400), Punta del Diablo (800), Valizas (330), La Pedrera (200), La Esmeralda (57) y Cabo Polonio. Se oponen a la construcción de un puerto en La Paloma para la exportación de madera para las fábricas de celulosa y del puerto oceánico para el hierro.

El 12 de octubre se realiza la segunda marcha nacional donde confluyen colectivos del norte, el centro, el sur y de la zona costera, integrados por productores y trabajadores rurales. Varias personalidades del arte y el espectáculo participan en un video contra la megaminería. A partir de ese momento cada región se concentra en la realización de actividades locales y se crea la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales con unos 36 colectivos de base[11].

A mediados de 2012 el gobierno confirma la construcción de un puerto de aguas profundas para la exportación de hierro, madera y otros productos cerca de La Paloma. El movimiento contra la minería realiza en agosto su primera asamblea nacional en Tacuarembó (norte) con la asistencia de 300 personas de 35 colectivos.

Participan tres sindicatos, grupos indígenas, radios comunitarias, productores y trabajadores rurales. Miembros de los pueblos costeros optan por la acción directa para impedir las obras del puerto de La Paloma. El 12 de octubre se realiza la tercera marcha nacional en Montevideo con 10 mil personas, con decenas de gauchos a caballo, tractores, banderas de pueblos originarios, ambientalistas y sindicatos.

El movimiento contra la minería tiene tres características inéditas en Uruguay. La primera es que nace en el Interior profundo, en pueblos de 50 a 3.000 habitantes, luego llega a las capitales departamentales y más tarde a Montevideo, donde aún se están organizando los primeros grupos. Esto es al revés de lo que sucedió en la historia de las luchas sociales, donde casi todos los movimientos nacieron en la capital.

En segundo lugar, es un movimiento de base, asambleario y horizontal, ligado a la tierra y al territorio, que se inspira en las identidades populares rurales y no en las tradiciones sindicales y de la izquierda, aunque ellas están integradas pero no de manera hegemónica. El discurso y el lenguaje invocan las luchas por la Independencia lideradas hace 200 año por José Artigas y hacen hincapié en todo lo que se relacione con la tierra.

La tercera es que el movimiento ha rechazado hasta ahora su institucionalización. Las ONGs están acotadas. Los partidos políticos se mantienen en silencio. Pero lo más interesante es que no se ha optado por el camino del referendo nacional, la modalidad que adoptaron parar todos los grandes movimientos uruguayos desde la recuperación de la democracia, empezando por el de los derechos humanos.

Hay colectivos locales que recogen firmas para realizar referendos departamentales, pero se ha optado por evitar un referendo nacional luego de extensos debates. La experiencia de más de 20 años indica que ese camino conduce a la desarticulación del movimiento, ya que la voluntad popular es vulnerada por los que tienen capacidad para hacer publicidad millonaria en los grandes medios de comunicación.

Ha nacido el primer movimiento social bajo un gobierno progresista. Cuestiona de modo frontal el modelo extractivista y la contaminación del agua le da argumentos potentes ante la población. Como dijo Panario reflexionando sobre las consecuencias del huracán Sandy en New York y el debate sobre el cambio climático: "Tiene que ocurrir una catástrofe para que la población tome conciencia”.
[Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el "Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas www.cipamericas.org/es].

Recursos

"Aguas de marzo. Agroquímicos y potabilidad”, Brecha, 22 de marzo de 2013.
Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales:http://endefensadelatierraylosbienesnaturales.noblogs.org/
Cirio, Ignacio, "Efectos colaterales”, video, Radio Mundo Real, 2012, enwww.radiomundoreal.fm/rmr
El Observador (diario): www.elobservador.com.uy
Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS): http://movusuruguay.org/
Observatorio Minero del Uruguay: http://www.observatorio-minero-del-uruguay.com/
OSE (Obras Sanitarias del Estado): www.ose.com.uy
Santos, Carlos, ¿Que protegen las áreas protegidas?, Montevideo, Trilce, 2011.
Zibechi, Raúl "Los condenados rompen el silencio”, Programa de las Américas, 12 de enero de 2012 enhttp://www.cipamericas.org/es/archives/6003
Zibechi, Raúl "Las penas son de nosotros. La conformación de un nuevo bloque de poder en Uruguay”, en Gariela Massuh, Renunciar al bien común, Mardulce, Buenos Aires, 2012.
Zibechi, Raúl, Entrevista a Daniel Panario, Montevideo, 8 de abril de 2013.
Notas:
[1] OSE, 21 de marzo de 2013.
[2] Todos los datos proceden de: Raúl Zibechi, Las penas son de nosotros, ob cit.
[3] El Observador, 11 de abril de 2013. El río Santa Lucía nace en el centro del país a 100 kilómetros de Montevideo y desemboca en el Río de la Plata cerca de la capital.
[4] Idem.
[5] El Observador, 12 de abril de 2012.
[6] El Observador, 4 de abril de 2012.
[7] Brecha, 5 de abril de 2013.
[8] Brecha, 22 de marzo de 2013.
[9]Entrevista a Daniel Panario, ob cit.
[10] Idem.
[11] Datos tomados de MOVUS, Observatorio Minero del Uruguay y Asamblea Permanente.
[Fuente: Programa de las Américas].

miércoles, 24 de abril de 2013

Contaminación en arroyo Carrasco es 45 veces superior a lo permitido


Altos niveles de coliformes fecales en una cuenca en la que habitan 45.000 personas


21.03.2013

El agua del arroyo Carrasco, al norte de avenita Italia presenta una cantidad desorbitante de coliformes fecales: 90.000 por cada 100 mililitros de agua. El límite es de 2.000 para esa cantidad de agua.

¿Qué es lo que está flotando en el arroyo? Los coliformes fecales son microorganismos (bacterias) que antes de llegar al agua habitaron el tracto intestinal de seres humanos y otros animales de sangre caliente.

La situación es grave y se enmarca en que de norte a sur, en la cuenca del arroyo Carrasco, viven 45.000 personas en asentamientos irregulares, 37.000 habitan del lado de Montevideo. Las muestras fueron tomadas a la altura de la calle Acosta y Lara.

En 2011, la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) encontró allí valores que oscilaron entre 2.500 a 32.000 ufc/100ml (coliformes fecales cada 100 mililitros). Aún comparando con el nivel superior, la cifra evidencia un avanzado estado de contaminación que vecinos han estado denunciado desde que se cerró en ese año un proyecto de desarrollo territorial sustentable de las intendencias de Montevideo y Canelones al terminarse los fondos de la Unión Europea.

Desde ese entonces, ha aumentado el descarte de la clasificación de los residuos sólidos y se han espaciado las limpiezas.

El análisis fue realizado en febrero por el laboratorio Ecotech a pedido del concejal Nicolás Martinelli del municipio E, y de Subrayado. La situación llevó a Martinelli a presentar una denuncia formal ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para “solicitar el inmediato ejercicio de su competencia en materia de policía ambiental”, debido a la inoperancia de las intendencias y la inacción del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. “Nadie custodia esto. No se limpia, no se mantiene. Al lado de un punto donde se extrajo una muestra había un chancho muerto”, comentó a El Observador.

A juicio de Luis Aubriot, doctor en ciencias biológicas, la concentración de 90.000 UFC implica que “no son utilizables para potabilizar, recreación, riego” y otras actividades.

Pero si se visita el arroyo, a la altura de la calle Acosta y Lara, se divisan varios chanchos y caballos que toman agua al borde de montañas de desechos. Se ven familias que separan los residuos bajo el sol y que, al no tener conexión a la red de agua potable ni al saneamiento, utilizan el agua del arroyo para sus quehaceres, o para refrescarse en verano.
Respecto a los cerdos, en la última visita de Martinelli al asentamiento del lado canario del arroyo, contabilizó unos 60 animales sin ninguna vigilancia sanitaria. “¿Cómo sabemos que no estamos comiendo esa carne? Comen basura y beben el agua del arroyo”, increpó.

No hay ningún proyecto para realojar el asentamiento de la costanera pero la idea del Municipio de Paso Carrasco es replicar la construcción de viviendas que se pretende hacer del lado de enfrente.

Beatriz Brena, directora de Unidad de Calidad de Agua de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), había dicho a El Observador en setiembre de 2012 que, en el plano general de los cursos de agua del departamento, se está “lejísimo” de la meta y que por debajo de los 10.000 coliformes fecales se considera que se tiene la situación “bajo control”.

Fósforo y amoníaco

Otros dos valores que están muy por encima de lo recomendado por la normativa nacional para la calidad del agua, son el fósforo y el amoníaco libre. La concentración de fósforo es de 1,2 miligramos por litro de agua (mg/L), 48 veces más que el límite permitido.

La presencia de amoníaco libre registrada fue de 3,5 mg/L, 175 veces más que lo permitido y el doble de lo registrado por la IMM en el mismo lugar en 2011.

El fósforo es uno de los elementos claves para el crecimiento de plantas y animales, pero en forma elemental, es muy tóxico.

La descomposición de pesticidas orgánicos que contienen fosfatos puede liberar fósforo. La sustancia estimula el crecimiento del plancton y de las plantas acuáticas, pero en cantidades excesivas, la vegetación consumirá grandes cantidades de oxígeno.

El amoníaco libre a concentraciones mayores a 0,02 mg/L favorece la multiplicación de los microorganismos (bacterias) y, además, aumenta la mortandad de peces.
Oxígeno disuelto está en el límite

El informe de 2011 de la IMM reveló que, en general, los valores de Oxígeno Disuelto (OD) no cumplían con el mínimo establecido (5 miligramos por litro). Esa situación estaba en el límite a mediados de febrero. No obstante, si se examina la ubicación de la muestra y la época del año, el valor es inferior al de 2011. Las muestras del verano de 2011 extraídas de la estación de Avenida Italia, en cuyas cercanías fue tomada la nueva, arrojaron niveles cercanos a 8 miligramos por litro. Cuanto menos OD, menos posibilidad de que prospere la vida.









CONFIRMADO: ECUADOR ES PAÍS LIBRE DE SEMILLAS DE MAÍZ TRANSGÉNICO


Acción Ecológica, la Red por una América Libre de Transgénicos (RALLT) y la Coordinadora de Defensa del Manglar (CCONDEM) confirmaron que el Ecuador es país libre de semillas de maíz transgénico. Esta aseveración la fundamentan en el estudio realizado en 15 provincias del país, en las que se tomaron más de 400 muestras de variedades de maíz criollo, industrial e híbridos en los dos últimos años.
“Elegimos el maíz porque es el cultivo más importante del Ecuador y se siembra en las 24 provincias; pero además el maíz es el segundo cultivo transgénico a nivel mundial después de la soya” explicó Elizabeth Bravo, coordinadora científica de la investigación.
La metodología consistió en evaluar la existencia de tres proteínas transgénicas en las hojas del maíz antes de la floración, según explicaron las organizaciones participantes en el estudio. La ausencia de transgénicos “es algo que tenemos que agradecer a nuestros agricultores, a nuestros campesinos que han sabido proteger nuestro patrimonio genético”, dijeron.
Niños y niñas de diversas nacionalidades del Ecuador entregaron un mandato a autoridades, comprometiéndoles a mantener el país libre de transgénicos, y lamentaron la ausencia de asambleístas y otras personalidades invitadas. “A los asambleístas electos les estamos entregando un país libre de transgénicos y esperamos que siga siendo así ” dijo la niña Daniela Gallardo.
Este evento se realizó en el marco del Día Mundial de la Tierra.

El trago más amargo


Presentan informe sobre calidad de agua del arroyo Canelón Chico.

“Muy mala”. Eso concluye el estudio Calidad de agua del arroyo Canelón Chico (2011-2012) e identificación de problemas ambientales, realizado en el marco de un posgrado que dicta el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba) por expertos de la Facultad de Ciencias (FC) de la Universidad de la República y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. El informe realizado por Luis Aubriot, Claudia Piccini y Emanuel Machín, da cuenta de una situación preocupante por la relevancia que tiene el curso de agua estudiado. El río Santa Lucía y su cuenca tienen una actividad agroindustrial intensiva, mientras que el cauce principal es utilizado para producir agua potable que abastece aproximadamente 60% de la población del país (Aguas Corrientes, OSE). Apelando a los estudios anteriores, uno de ellos hecho en 2006 por encargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), se da cuenta de que desde entonces se había determinado que tanto el arroyo Canelón Chico (ACC) como el Canelón Grande presentaban una calidad de agua de “mala” a “muy mala”. Otra gota que se sumó al vaso se dio a conocer en marzo de este año, cuando se produjo el primer fenómeno registrado de floración de cianobacterias en Aguas Corrientes (episodio conocido públicamente como “proliferación de algas”), lo cual afectó la calidad del agua potable por la presencia de geosmina (molécula aromática no tóxica producida por la cianobacteria).

Que no has de beber
La extracción de muestras para determinar la calidad de agua del ACC fue realizada en dos zonas. Una de ellas se ubicó en el Parque de la ciudad de Canelones (debajo del área de vertido de aguas residuales del Frigorífico Canelones) y la otra fue en un lugar cercano al puente de la ruta 107, caracterizada como próxima a la producción agrícola. Fueron tomadas durante junio de 2011 y setiembre de 2012, respectivamente, seis meses antes de la aparición de las cianobacterias. El informe da cuenta de que los valores encontrados de amonio fueron superiores 35 veces y los de fósforo 50, de los recomendados por el Decreto 253 de 1979, que rige para el agua utilizada para potabilización.

Según explicó Aubriot a la diaria, los ecosistemas acuáticos cumplen funciones ecológicas fundamentales en el reciclaje y depuración del agua que reciben. Al ser alterados por aportes directos o indirectos de vertidos industriales, agrícolas o domésticos, el cauce se transforma en una “canaleta” que transporta el líquido sin modificarlo.

Ahora, ¿cuáles son las fuentes concretas de deterioro de la calidad de agua? El informe menciona varias. Entre ellas se destacan los vertidos provenientes del Frigorífico Canelones, cuyos aportes salen de la planta industrial tras un tratamiento primario y luego reciben un segundo tratamiento en depósitos externos cercanos a la ruta 5, muy próximo a la entrada de la ciudad de Canelones. En los últimos cinco años, el fuerte olor desagradable que desprenden estos residuos ha ido en aumento, según los habitantes del lugar. Además, en la zona de cañadas próximas que desembocan en el arroyo, como la Cañada del Pescador, proliferan basurales que colaboran en verter desechos urbanos en el curso de agua. Otra de las fuentes mencionadas es el antiguo vertedero de residuos que se ubica a tres cuadras del cauce del arroyo, lo que posibilita que, cuando se producen crecidas, el agua entre en contacto con la basura acumulada y sea transportada aguas abajo. Por otra parte, los cultivos de soja son también destacados como fuente. Se identificó el aumento de la extensión de éstos hacia las márgenes del arroyo. Éstos requieren un tratamiento con fertilización artificial con nitrógeno y fósforo, así como la aplicación de herbicidas y pesticidas.

El cauce
Luego de exponer la situación detectada, los expertos redactaron una serie de medidas como propuesta de recuperación de la calidad del agua. Entre ellas se encuentran: realizar un tratamiento terciario eficiente de los efluentes del frigorífico tendiente a minimizar la presencia de fósforo en el agua, al tiempo de construir humedales artificiales que reciban el efluente ya tratado para retener los nutrientes que la planta no haya podido captar. Proponen, además, eliminar los vertederos que se encuentran dentro de la zona de inundación del arroyo. También sugieren determinar una zona de exclusión de cultivos en las márgenes que permitan la recuperación de la flora nativa ribereña y otra zona de exclusión para el uso de pesticidas y herbicidas. Creen conveniente la realización de estudios de suelo con el objetivo de determinar la necesidad de fertilización particulares, que minimicen la aplicación de fertilizantes.

“Tenemos mucha información disponible, cuantificada, lo que nos permite disponer de un excelente diagnóstico. De allí se desprende quién cumple y quién incumple las normativas vigentes en relación a tratamiento de efluentes vertidos al cauce de agua. Sólo resta tomar medidas para que se cumplan”, concluyó Aubriot.

Patricia Pujol

Sin saber por qué
En la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se tuvo “alguna idea de qué puede estar pasando” para que se den “situaciones especiales” en cuanto a la calidad del agua de diferentes ríos y arroyos, pero se entendió que “decir que proviene de tal o cual fuente hoy en día es un tanto arriesgado”, sostuvo el titular de la Dirección Nacional de Agua (Dinagua), Daniel González.

El 4 de abril, en el marco de la 3ª Semana del Agua, que se desarrolló en Sarandí Grande, González afirmó que si bien, de acuerdo a “las conclusiones de los monitoreos [realizados por la Dinama], no se puede decir que existan grandes problemas de calidad, sí se dan situaciones que llaman la atención”, y ubicó entre dichas “situaciones” a “todo este desarrollo de algas que se dio en el río Santa Lucía”. Dijo que “no necesariamente” se dan por fitosanitarios. “Hay que ser muy cautos. Es claro que el desarrollo de algas indica que hay muchos nutrientes en el cuerpo de agua; nitrógeno y fósforo”. Ello “puede provenir de distintas fuentes”, comentó. “Es necesario un mayor conocimiento de la situación, un monitoreo, y una información de lugares precisos, que permita realizar afirmaciones en forma adecuada. [...] Nosotros tenemos alguna idea de qué puede estar pasando”, añadió.

Emilio Martínez Muracciole


La Diaria, 23 de abril de 2013.

Convocan a productores a movilizarse contra la ley de minería de gran porte


La eventual aprobación de la ley de minería de gran porte impulsada por el Poder Ejecutivo viene generando polémica en el sector agropecuario local. El productor -y activista social- Juan Bernardich aseguró que ya es hora de que los productores se movilicen e rechazo de esta iniciativa.
Juan Pedro Hernández

La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo sobre minería de gran porte. La iniciativa considera que la minería de gran porte es aceptable si respeta las reglas y garantías rigurosas de gestión ambiental durante todo su proceso; el que incluye un plan de cierre y el post-cierre de minas y la recomposición en caso de daños al medioambiente. En el medio local, el avance para la sanción de esta iniciativa fue cuestionada por productores y diversas gremiales que han venido manifestando su rechazo a este tipo de explotación. “La gente no tiene la menor idea de lo que representa para nuestro país la extracción, porque después del hierro se seguirá con cuanto mineral interese en los rapaces planes que tienen las multinacionales con la complicidad -o la complacencia- de los gobernantes de turno. Tenemos la soja que nos deja la tierra estéril, los eucaliptos nos están llevando el agua en forma de pasta de celulosa y ahora las prospecciones mineras no nos van a dejar ningún mineral”; explicó el horticultor y activista social Juan Bernardich.

Según los últimos datos de la Dirección Nacional de Minería (DINAMIGE) ya hay pedidos de prospección para más del 60% del territorio nacional, y en el caso de San José las solicitudes abarcan a unas 53.000 hectáreas (cerca del 10% de la superficie del departamento). Respecto a las consecuencias que deparará al territorio la explotación minera, el proyecto de ley asegura que el plan de cierre previsto garantiza el futuro uso sustentable del lugar donde se realizó la extracción. Sin embargo, Bernardich aseguró que esa alternativa “no existe”, advirtiendo que ese suelo ya no servirá para la explotación agropecuaria. “El territorio tomado por la minería va a ser siempre minero. Entre los explosivos y la polución, los campos colindantes solamente van a servir para plantar eucaliptos. ¿Quién va a querer criar novillos o lanares a 2 o 3 kmts. de una mina si los cráteres que van a dejar son intapables? Vamos a perder dinero, productores y, lo principal, el status de país natural. Nuestra agua, quesos, leche, carne, granos, todo eso se pierde y a nuestros nietos les dejaremos cráteres y deudas”; acotó.

Movilización. Mientras en Lavalleja , Treinta y Tres, Tacuarembó y Rivera se vienen recolectando firmas para habilitar un referéndum sobre el tema; en San José, para Bernardich ya es hora de que los productores se movilicen en contra de una iniciativa que -a su entender- traerá “grandes problemas”.

“Me preocupa la pasividad de los productores porque ven venir el peligro, saben que está sobre sus cabezas, y no se los ve -salvo los queseros que se han movilizado- haciendo sentir su posición. Ya tendría que haber movilizaciones, hay que hacer pasivamente una manifestación apolítica de todos los dolientes de este problema. La minería de gran porte, con la polución que va traer -con la expulsión de gases por las explosiones, más el problema sonoro- este país va a tener grandes problemas. Van a pasar cientos de años para que se pueda regenerar lo que se echó a perder”; sentenció.


Primera Hora, 23 de abril de 2013

Abejas en declive: ¿Hasta cuándo Syngenta negará a la ciencia?


Activistas y apicultores se manifiestaron fuera de la asamblea de accionistas, mientras que representantes de Greenpeace y de la Coordinación Europea de Apicultura preguntaron
ENVIADO POR: ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 24/04/2013, 12:06 H | (7) VECES LEÍDA
Hoy, seis días antes de la votación de la Unión Europea para prohibir un grupo de plaguicidas que son mortales para las abejas, Greenpeace asiste a la asamblea general que cada año celebra la empresa Syngenta en la ciudad de Basilea (Suiza). El objetivo es alertar a los accionistas sobre el papel de esta empresa en ladisminución global de las poblaciones de abejas y pedir a los accionistas que desafíen al presidente de la Junta de Syngenta para detener la comercialización de estos productos tan dañinos.

Activistas y apicultores se manifiestaron fuera de la asamblea de accionistas, mientras que representantes de Greenpeace y de la Coordinación Europea de Apicultura preguntaron a la junta de Syngenta sobre el riesgo al que se enfrenta la empresa en cuanto a su reputación y riesgos financieros a la vista de la probable prohibición de algunos de sus productos. Recordemos que el mes pasado, la Comisión Europea presentó una propuesta para prohibir tres plaguicidas muy tóxicos para las abejas y cuyas empresas fabricantes son Syngenta y Bayer.

A pesar de que estudios científicos revisados por pares afirman que varios factores llevan al descenso de la población de las abejas (cambio climático, enfermedades, parásitos, monocultivos, pérdida de hábitat y uso generalizado de plaguicidas), Syngenta sigue tratando de hacernos creer que las poblaciones de abejas se pueden recuperar si luchamos principalmente contra uno de los factores: el ácaro Varroa. Según Syngenta, "no hay una correlación directa entre el uso de los neonicotinoides y la mala salud de las abejas, y sin embargo sí hay una correlación entre las pérdidas de abejas y la presencia del ácaro Varroa".

El descenso de las poblaciones de las abejas es un tema complejo y todos los factores que contribuyen deben ser abordados.

¿Por cuánto tiempo seguirá negando el Sr. Martin Taylor, presidente de Syngenta, las evidencias científicas que muestran que el insecticida Tiametoxam, producido por su empresa, está relacionado con la disminución de abejas a nivel mundial? Así lo afirman estudios científicos y se está agotando el tiempo para las abejas.

Un primer paso crucial, en estos momentos, es la prohibición de los plaguicidas tóxicos para las abejas. El 15 de marzo, la mayoría de los países de la UE respaldaron una propuesta de la Comisión para prohibir tres plaguicidas neonicotinoides (incluyendo tiametoxam de Syngenta y la clotianidina y el imidacloprid de Bayer). En la votación no se logró alcanzar la mayoría cualificada necesaria, de manera que el 29 de abril los Estados miembros de la UE, a través de sus representantes permanentes, votarán por segunda vez esta propuesta en el Comité de Apelación. Si de nuevo, la votación no alcanzara la mayoría cualificada, la Comisión Europea tiene el poder de poner en marcha la prohibición.

La prohibición podría entrar en vigor en julio de 2013, una vez que la propuesta haya sido aceptada por los Estados miembros de la UE o puesta en marcha por la Comisión. La industria de los plaguicidas está orquestando una campaña de presión muy agresiva, para evitar la prohibición y proteger su beneficios a costa de las abejas y la polinización. Sin embargo, este comportamiento está en contra de los intereses a largo plazo de los accionistas de Syngenta y por supuesto, de todos los seres humanos, ya que nuestra producción de alimentos depende en gran medida de los servicios de polinización que proporcionan abejas y otros polinizadores.

Greenpeace pide a los Estados miembros de la UE que voten a favor del proyecto de la Comisión, que es un primer paso para hacer frente a los efectos nocivos de los plaguicidas en las abejas. Sin embargo, la Comisión también ha de aprobar planes de acción ambiciosos de ámbito europeo para prohibir todos los plaguicidas que son perjudiciales para las abejas y otros polinizadores vitales. La Comisión también debe cambiar la financiación destinada a la agricultura intensiva basada en productos químicos y promover la agricultura ecológica.

Mientras que las multinacionales agrícolas como Syngenta y Bayer sólo tienen interés en salvaguardar sus beneficios, sus plaguicidas ponen a las abejas y a otros polinizadores en grave peligro. Sin abejas y sin la polinización natural, la producción mundial de alimentos se vería seriamente dañada.

El último informe de Greenpeace, "El declive de las abejas”, identifica siete plaguicidas que deberían ser prohibidos por su efecto tóxico sobre las abejas. La lista incluye el imidacloprid y la clotianidina de Bayer, el tiametoxam de Syngenta, el fipronil de BASF y el clorpirifos, el cipermetrin y el deltametrin producidos por otras empresas.

La eliminación de estos productos tóxicos para las abejas es sólo el primer paso en la protección de las abejas y de la agricultura en Europa. La única solución a largo plazo es el abandono de la agricultura intensiva totalmente dependiente de productos químicos y caminar hacia las prácticas agrícolas ecológicas.
http://www.greenpeace.org/ - ECOticias.com

domingo, 21 de abril de 2013

Pueblos en contra de la megamineria


PUEBLOS EN CONTRA

 Brecha 19 Abril 2013 Escrito por: Eliana Gilet/Betania Núñez desde Tacuarembó

Megaminería
 
Una organización popular parece consolidarse. Montevideo la vio desfilar por su principal avenida a fines del año pasado, en la III Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales. Al margen de las organizaciones tradicionales crece un movimiento diverso y amplio, que tiene sus raíces en el interior del país. Son Frenteamplistas, blancos, colorados, anarquistas, ateos, católicos o evangelistas de Tacuarembó. Los une su posición contraria a la instalación de la minería a cielo abierto en el país.

 
 Remando contra la corriente de la clase política dirigente, cuya decisión es firme y sorda, el grupo que se denominó Tacuarembó por la Vida y el Agua ya tiene más de 11 mil firmas para hacer visible una voluntad que sigue cosechando adhesiones y que se ha transformado en puntal para el movimiento popular más importante que tiene hoy Uruguay. 
Al mediodía de un sábado otoñal apenas cálido, mientras en la plaza se cuelgan los banderines para celebrar los 200 años de las instrucciones de 1813, está reunido parte del grupo Tacuarembó por la Vida y el Agua en el local de adeomt. Son Sebastián, integrante de la radio comunitaria local La Kandela, Ruth, productora rural “y abuela preocupada por el futuro de sus nietos”, Óscar, presidente del sindicato de los municipales, Fabricio, el abogado patrocinante de la causa, y Javier y Betina, pequeños productores de la zona. Están ávidos de relatar su experiencia organizativa y los argumentos que los llevan a rechazar la instalación de la minería metalífera a cielo abierto.

“Fue una productora de Caraguatá que hoy integra el grupo, María Elena, a quien un día escuchamos hablando en la radio de que se venía la minería a cielo abierto en Tacuarembó. Y entendimos que la minería no era sólo Aratirí.” Instalada la preocupación, el grupo de la comunitaria empezó a informarse y a “ver que el tema era mucho más grande de lo que salía en los medios de comunicación”, cuenta Sebastián. Lo siguieron. Se contactaron con la gente de Cerro Chato. Hablaron con vecinos de la zona. Buscaron información. Investigaron. Para el segundo aniversario de la radio, en agosto de 2010, organizaron una actividad de difusión y discusión de la minería a cielo abierto. La respuesta fue contundente: “llenamos la Casa del Maestro”. Luego tomaron contacto con Óscar, “que estaba dispuesto a formar un grupo con otra gente que estuviera sensibilizada con el tema”. Así se fue armando una red (véase “La organización que viene del Interior”).

Lo que los habilita como departamento a disponer de las actividades que se realizan en su territorio es la ley de ordenamiento territorial del año 2008, que aún está a la espera de su reglamentación. Basados en esta potestad fue que el grupo decidió llevar adelante una iniciativa popular en Tacuarembó. Por esto es que el texto de la papeleta se atreve a sentenciar: “Queda prohibida la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio del departamento”.

Aunque lo que se busca es habilitar la consulta popular, existe la posibilidad de que no sea necesario llamar a votación. Si la Junta Departamental, cuando reciba las firmas, hace suya esa ordenanza, tiene la competencia de reglamentarla directamente. De lo contrario el intendente se verá obligado a convocar al plebiscito.

Pero toda la estrategia se basa en la ley actual. Si fuera modificada, “y se establece que pase a ser potestad nacional, marchamos”, afirma Sebastián, que de todas formas aclara que “siempre fuimos conscientes de que eso podía pasar. Lo que queremos es marcar el hecho político de que la ciudadanía de Tacuarembó se posicionó en contra de la minería de gran porte”.

LO POLÍTICO

El grupo se ha mantenido distante del entramado partidario, por lo que no involucraron en la movida a políticos, sin distinción de su color. Igual, desde el grupo se analizan las posturas de ediles y diputados de su departamento, y hay consenso en una tesis: los partidos tradicionales son en general tímidos (“que sí, que no, que capaz, que vamos a ver”) porque notan que hay un capital social que les conviene respetar. Paradójicamente, o no tanto, el que se paró en la vereda de enfrente fue el Frente Amplio (fa). “El diputado del mpp de acá, Edgardo Rodríguez, le ha pegado al obispo que integra el grupo (véase “Plegaria antiminera”). No discute con argumentos a favor de la minería sino que ataca a la persona y a la institución. Por ejemplo, llegó a plantear que la Iglesia tenía que devolver el oro que se llevó durante la colonización.” Betina complementa la idea: “Él considera enemigos a todos los que se opongan a lo que dice su fuerza política”. En la reunión los presentes entienden que se trata de “una postura oficial que dice que la minería va y va, que el puerto de aguas profundas va y va...”. Javier remata: “Lo que hay es una posición tomada y comprada”.

Desde el fa y desde otros palos, se ha acusado al grupo de defender los intereses de la oligarquía. Pero “es mentira –dicen–, porque aunque pueda parecer que se afecta a dos o tres estancieros, en realidad los que se quedan sin tierras son un montón de productores chicos”, afirma Betina. En un diálogo ininterrumpido, Javier agrega: “Los que nos tenemos que preocupar somos los peludos de abajo. El estanciero vende 500 hectáreas y por el resto de la vida no se preocupa, lo invierte en otra cosa o directamente la pone en el banco y chau Pinela”. 

Este productor también ensaya argumentos para enfocar el tema sobre las multinacionales que se benefician con eso que se ha nombrado cambio de la matriz productiva. “Si los gobiernos no han sido capaces de dominar a la poca y mala oligarquía conocida, menos van a poder controlar a las multinacionales, que no tienen un patrón, que no tienen una cara. Entonces, que no vengan a decir que las multinacionales van a ser la solución.” La asamblea continúa. Toma la palabra Sebastián: “Hablan de la oligarquía que tiene estancias de 2 mil hectáreas, pero Montes del Plata, por ejemplo, es dueña de 250 mil. Lo que está pedido hoy para la minería son 3 millones y medio de hectáreas. Si se hace una comparación, el estanciero oligarca es un pobre diablo. En términos de lucha de clases, ¿contra quién están peleando en realidad?

LO SOCIAL. 

El grupo rescata, más allá de la aplicación real que pueda tener la movida, su valor simbólico. “La composición social de los que están en contra de la megaminería hace que el costo político de reprimirlo sea alto. Porque la sociedad está acostumbrada a que repriman a los de siempre, pero no a la buena vecina que es la primera vez que sale a manifestarse”, analiza Sebastián.

La gran adhesión de los tacuaremboenses, explican, se debe a que la economía que mueve al departamento está principalmente asociada a la ganadería. “Se dice que en la ganadería extensiva hay sólo unos poquitos peones explotados, lo cual muchas veces es cierto. Pero hay que tomar en cuenta toda la cadena cárnica, al igual que lo hacen cuando calculan los puestos de trabajo que posibilitaría la minería.” Por eso dudan de que considerando la extensión de tierra que se piensa dedicar a la minería se logre sostener la misma cantidad de puestos de trabajo que con la producción ganadera. Señalan, además, que “la ganadería puede desarrollarse durante cientos de años, mientras que la minería dura 12 o 15 y se termina, ese terreno ya no sirve para ninguna otra actividad”.

Desde Tacuarembó señalan que en Montevideo el tema no ha protagonizado debates. Lo entienden, porque el entorno urbano está divorciado de lo que implica la producción de alimentos, plantean. Analizan que Tacuarembó, un pueblo que seguramente no avale el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana ni el aborto, en su afán de mantener las cosas como son sí “protege el ambiente”. Y lo que desde una óptica social puede ser leído como conservador, desde el costado ambiental se traduce en transgresión.

Plegaria antiminera
“Él es muy respetado, por propios y por ajenos. Se juega por cuestiones sociales, tiene una coherencia y una trayectoria.” La presentación la hace alguien que se autodefine como ateo. El obispo de Tacuarembó y Rivera, monseñor Julio Bonino, estuvo presente, aunque ausente, en la conversación de Brecha con los integrantes del movimiento. Él también es parte de la comisión y “su participación no es menor”, señalan. 

En la misa criolla de la Patria Gaucha, instancia donde el movimiento recolectó la mayor cantidad de firmas, Bonino habló de la minería, de su concepción de la democracia y del vínculo de la Iglesia con la sociedad. “Por favor, que nunca se nos ocurra querer una Iglesia a la que no le importe nada lo que le pasa a la sociedad”, sostuvo, y agregó que “algunos creen que la democracia es votar cada cuatro o cinco años, y que después aquellos que nos representan hagan lo que les parezca. Hay cosas, como nada menos que la suerte de esta tierra y de esta agua dulce que tenemos, que no es cuestión de decidir lo que se hace sin preguntar”. 

En la misma línea, en diálogo con Brecha, Bonino planteó que “si se quiere cambiar la matriz productiva de Uruguay, que nos pregunten. Uno ve que acá, en una zona ganadera, la soja y la forestación han avanzado y es una convivencia que a veces no se basa en la complementariedad sino en desplazar al otro”. El obispo también habló de las “interpelaciones” que recibió del Frente Amplio y las “advertencias” sobre el acuerdo multipartidario que se estaba desarrollando: “Yo no tengo dudas de que el código minero es mucho peor que esta ley. No estoy en contra de la ley. Pero no creo, a la luz de lo que pasa con las mineras ya instaladas, que el Estado tenga gente preparada para controlar. Luego de que se establece la ley y se dice que hay que hacer determinados controles, ¿quién lo va a hacer, qué garantía hay de eso?”. 

Bonino comentó que “en un encuentro continental de la red de iglesias de América Latina se expuso cómo este malón (minero) se impuso en todos los países”. “Vamos a cacarear”, aseguró Bonino a Brecha, usando palabras similares a las que pronunció durante la misa criolla: “Esta patria gaucha nos hace mirar y pensar que tenemos que preservar la herencia natural e histórica si no queremos desaparecer del mapa, siendo tan chiquitos como somos en este mundo. Que esta oración nuestra sea un pedido a Dios de que nos abra los ojos”.

De espaldas
La Cámara de Representantes aprobó la ley que regula la minería de gran porte en una sesión extraordinaria, este miércoles 17. “La aprobación de la ley no es una sorpresa. La duda es lo que vayan a hacer los partidos tradicionales, si van a dejar solo al Frente. Pero la decisión política del Frente Amplio, que tiene mayorías parlamentarias, ya estaba tomada. Es una prioridad y no hay vuelta de hoja”, comentó Sebastián, de Tacuarembó, a Brecha, mientras el proyecto aún estaba en consideración. 
Y eso fue lo que sucedió finalmente. La sesión terminó aprobando el proyecto con todos los votos del fa, los dos del Partido Independiente y seis de los diputados de Unidad Nacional del Partido Nacional. Tanto los legisladores de la Cámara baja de Alianza Nacional como los del Partido Colorado no lo votaron, argumentando diferencias con el acuerdo multipartidario firmado en 2011 y que había aspectos a mejorar en la ley.

En principio, su aprobación no trunca la tarea de los tacuaremboenses, amparados en la ley de ordenamiento territorial. Su atención está puesta en el momento en que se empiece a discutir sus directrices nacionales, de las que sólo se conoce un anteproyecto, colgado en la página web de la Dinama. Desde Tacuarembó, están abocados a la tarea local, “para que se inicie cuanto antes el mecanismo de consulta”.
Un grupo similar de Treinta y Tres emitió un comunicado en el que lamentan “el desprolijo manejo legislativo de un tema de tan alto impacto social y económico para el país”. Reiteran su convencimiento de que “si se abriera un gran debate nacional” en el que fluyera la información, “el pueblo se pronunciaría categóricamente en contra”, pero que esta media sanción “no detendrá nuestros esfuerzos para lograr que el departamento de Treinta y Tres se declare libre de megaminería metalífera a cielo abierto”.

Los de Tacuarembó manifiestan que “lo que estamos haciendo tiene un montón de debilidades, así nos lo manifestó el fiscal (Enrique) Viana, pero nos organizamos sabiendo eso, esperando el batacazo que pueda generar para el movimiento”.

Consultado por Brecha mientras se sesionaba en el Parlamento, el fiscal aseguró que piensa que “la ley de ordenamiento territorial tiene algunas cuestiones bastante dudosas en cuanto al otorgamiento de determinadas competencias. La minería no debería ser materia de legislación departamental. Los plebiscitos me parecen iniciativas muy interesantes y muy importantes, pero pueden tener dificultades. Lo que este proyecto de megaminería pretende es legitimar un daño grave al ambiente, contra lo que se expide la Constitución. Entiendo que de sancionarse, este proyecto de ley es inconstitucional y así lo planteará la Fiscalía”.
Desde las barras, una de las primeras concurrentes manifestó con cierto fastidio: “Acá se debería estar discutiendo una ley que prohíba la minería, y no una ley que la regule”.

La organización que viene del interior
La clave para lograr un frente común fue la apertura. “La particularidad fue que en Tacuarembó se armó un grupo bien diverso y heterogéneo. El punto que nos unió fue estar en contra de la minería a cielo abierto; además de eso, no hay mucho más.”

Armado el grupo, se contactaron con el resto de las organizaciones que por el mismo motivo han surgido en distintas partes del país. Al final del recorrido, desembarcaron en Montevideo. “Llevábamos la idea de hacer una consulta a nivel nacional que prohibiera la minería a cielo abierto en todo el país. Nos reunimos con sindicatos, con ecologistas y hasta con anarquistas para plantearles esa idea e invitarlos a realizar una asamblea en Tacuarembó.”

La primera propuesta quedó en pausa. Entendieron que estaban verdes para llevar adelante una campaña a nivel nacional: “Pensábamos en algo similar a lo que se hizo con el agua, pero nosotros no teníamos apoyo de ningún partido político ni del pit-cnt”. La asamblea sí se realizó, en agosto de 2012, y fue histórica. “Participaron unas 300 personas de todo el país, momento en que el movimiento pasó a tener carácter nacional y a coordinar acciones. Fue la primera asamblea de lo que ahora se llama Asamblea Nacional Permanente en Defensa de los Bienes Naturales, que es la que ha organizado las marchas grandes en Montevideo.”

Después se hicieron dos asambleas más, una en noviembre en La Paloma y otra en febrero en el Sauce. “En cada asamblea se hace un cronograma de actividades a nivel nacional. También hay reuniones regionales, que quedan sujetas a los grupos de cada zona.” Ejemplos de las de carácter nacional fueron las tres marchas de Montevideo. La cuarta será el próximo 10 de mayo, a las 17.30 horas, desde el Obelisco.

En paralelo, el grupo de Tacuarembó decidió empezar a juntar firmas en el pago grande.

La experiencia se replicó también en Treinta y Tres, Lavalleja y Cerro Largo. “No están teniendo el mismo peso”, comenta Fabricio. “En Rivera empezó un diputado y se tornó una cuestión partidaria; incluso se formó una comisión de notables, pero no han logrado llegar a la gente. En Lavalleja, ingresaron el pedido de prohibición directamente a la Junta Departamental, pero los ediles dijeron que no, porque ni siquiera ellos tenían suficiente información. La misma noche en que recibieron esa respuesta lanzaron la campaña de recolección de firmas.” En Treinta y Tres la recolección de firmas es la única que no está ligada a una consulta popular.

“Sabemos que lo de Tacuarembó está siendo observado por todos. Están esperando a ver qué es lo que pasa acá”, advierte Sebastián.

sábado, 20 de abril de 2013

Informe japonés califica gestión ambiental como “insuficiente”


En 2010 recomendaron establecer políticas, que no se pusieron en práctica


Si bien desde hace más de 20 años se estudia la calidad del agua en el río Santa Lucía, “hasta el momento no se ha alcanzado un nivel de conocimiento suficiente”. Así como tampoco los controles llevados adelante por las instituciones involucradas “que permitan una gestión ambiental integrada de la cuenca”. Así lo estableció el informe de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), realizado junto con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y publicado en 2010. Este documento refleja más advertencias respecto de la contaminación en el río Santa Lucía y sus afluentes, hacia la Dinama y la OSE y sus carencias en los procedimientos. Pero no se hizo nada al respecto.

El Informe de situación sobre fuentes de contaminación difusa en la Cuenca del Río Santa Lucía – JET/Dinama buscaba ayudar a los organismos estatales a implementar “actividades a desarrollar en los próximos cinco años”, expresa.

“Existe relativamente poca información sobre concentraciones ambientales de plaguicidas. Se sugiere implementar un estudio especial” al respecto, en “aguas superficiales, sedimentos y aguas subterráneas”, ya que podría generar “riesgos para la salud así como ambientales”, afirma.

También resalta la “carencia de datos locales sobre la tasa de aplicación de fertilizantes y plaguicidas”. Esa medida se adoptó este año por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), pero su cumplimiento aún no es controlado, excepto cuando se realizan denuncias.

El informe sugiere la “exploración de medidas de control de la contaminación y buenas prácticas en el sector agrícola. Conforme las causas de la contaminación difusa se tornan claras, es importante indagar respecto a posibles soluciones a los problemas”. 

El decano de la Facultad de Agronomía, Fernando García, explicó al suplemento Qué pasa, de El País, que el origen de la contaminación es principalmente por la actividad lechera y los frigoríficos, y no tanto por causa de la soja.

El informe explica que tras “un monitoreo en 32 estaciones”, realizado en 2005, se indica que la calidad del agua es buena, excepto por el fósforo, principal contribuyente para la formación de cianobacterias.  Otro informe de la Dinama del 2011 detectó en el embalse del arroyo Canelón Grande niveles de fósforo de 12.900 microgramos por litro.

“Este parámetro mostró valores superiores a los 25 microgramos por litro sugeridos como estándar”, por lo que “los aportes urbanos y agrícolas podían ser la causa de estos valores”. Así como agrega que “la región media y baja de la cuenca se muestra más vulnerable y afectada por las actividades productivas, presentando signos de deterioro en la calidad del agua de los arroyos de las cabeceras de la cuenca y del cauce principal”.

Coordinación estatal
La investigación destaca más de una vez la importancia que tiene “intercambiar información” principalmente entre el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Dinama, MGAP e investigadores. Así como la necesidad de coordinar acciones en conjunto para controlar la contaminación y la cantidad de vertidos que se arrojan a los cursos de agua.

El único ámbito de coordinación que existe entre organismos estatales, la sociedad civil y empresas, aún no está activo: la comisión de cuenca del río Santa Lucía está aprobada por decreto. Según explicó José Luis González, director de la Dirección Nacional del Agua (Dinagua) a El Observador, se realizó un segundo llamado al público en general para integrarla, ya que preocupa el escaso interés de la población. Por lo tanto, el 2 de mayo cierra la convocatoria, y se aguarda la firma del presidente José Mujica, para comenzar a sesionar. En ese ámbito se discutirán medidas para reducir la contaminación del río.

En tanto, las investigaciones que realizan integrantes de las facultades de Ciencias y de Química, el LATU e Instituto Clemente Estable, tendrán sus primeros resultados a fines del 2013. Por lo tanto, las autoridades podrán analizarlo a comienzos de 2014, año electoral.



Si no se draga el Santa Lucía se puede afectar suministro de agua


Empresa realizó estudios previos y señaló la necesidad de sacar 2,5 millones de metros cúbicos de arena; hay tramos del río donde hay 30 centímetros de agua

 El Municipio de Aguas Corrientes impulsa el dragado del río Santa Lucía para aumentar su cauce y eliminar material contaminante vertido por OSE. Una empresa analizó el terreno y advirtió que urge una extracción de arena que evite la disminución progresiva del caudal para que no se corte el suministro de agua a Montevideo.

La idea original era la extracción de más de 2,5 millones de metros cúbicos de arena desde Aguas Corrientes hasta la desembocadura del Río de la Plata en una maniobra que se conoce como dragado de mantenimiento. Esto permitiría que el curso de agua recupere navegabilidad, dado que en algunos tramos solo hay 30 centímetros de agua y el promedio es de 60 centímetros. La profundidad media era de 1,50 metros en 1974.

Sin embargo, esto no es suficiente. Los estudios previos que realizó la empresa concesionaria Lidkor SA determinaron que el río Santa Lucía necesita también un dragado de saneamiento, más profundo, más costoso y más prolongado (de entre 15 y 20 años), debido a la alta concentración de barros vertidos por OSE (en especial cerca de la represa) y otros residuos industriales y domésticos. 

“El gobierno tiene que encarar un dragado en serio, pero ya no para que puedan navegar los barquitos, sino para evitar la catástrofe de que en 5 años se corte el suministro de agua a Montevideo”, dijo a El Observador una fuente de la compañía.

El técnico, quien prefirió no dar su nombre, explicó que cabe esperar que el caudal del Santa Lucía siga bajando si no se procede con el dragado. “Se está empozando. Hay pequeños embalses en los que el río no tiene fuerza para correr”, apuntó. 

El alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso, informó a El Observador que a lo largo de su recorrido se constaron seis “tapones” por bancos de lodos y por obstaculización de desperdicios, que se agravan por acción de la época de sequía.

El problema que conllevan estos “tapones” es que, al no haber caudal suficiente aguas arriba, la planta de Aguas Corrientes debe rebombear de aguas abajo de la represa. Al hacerlo toma el agua de su vertedero: donde vuelca los barros productos del descarte del proceso de potabilización y cuyos componentes son, entre otros, cloro, sulfato de aluminio, bauxita, ácido sulfúrico, polímero y carbón activado. 

Estos barros son una materia negra, de textura gelatinosa, que se queda adherida a la arena y a las rocas con varios centímetros de espesor y son visibles hasta Las Brujas, una localidad ubicada a 45 kilómetros aguas abajo.

“Lo que dijo (Eleuterio Fernández) Huidobro es la verdad. Dentro de 5 años no tendremos más agua en Montevideo si no se draga el río Santa Lucía. Como viene la cosa, se va cortando el flujo del agua”, agregó el técnico. El ministro de Defensa había expresado que el país necesita un “plan B” para obtener agua potable debido a que una afectación de Aguas Corrientes por algas tóxicas, sería “la catástrofe más grande imaginable que pueda ocurrir”.

La empresa está esperando que el LATU entregue los resultados de un análisis microbiológico del agua y del lecho del río Santa Lucía, que “tiene dormido” desde hace semanas.

El Municipio de Aguas Corrientes había acordado con la empresa que esta podía vender la arena si se hacía cargo del dragado, debido a que desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se respondió que no había rubro para costearlo. No obstante, la ecuación no le cerraba a la empresa. Este negocio solo le permitía ganar $ 4 por metro cúbico de arena, debido a que se vende en el mercado por $ 100, pero el costo de la extracción es de $ 96. Por ejemplo, se debía alquilar un predio como depósito que no bajaba de $ 25 mil por mes. 

Al mismo tiempo, influye en el precio de la venta de arena la mezcla que tiene con elementos contaminantes. “Depende del porcentaje de sulfato de aluminio”, explicó. El técnico indicó que en la zona de desagote de OSE (a 200 metros de las tomas secundarias) el material que se puede extraer es casi “en 100%” sulfato de aluminio y el destino que se le puede dar es un relleno sanitario. “Allí no hay ni peces. Esto lo está haciendo OSE”, criticó. Otras composiciones de arena y residuos químicos pueden ser utilizadas por los albañiles para mezcla y ladrillos, pero deben ser descartadas para filtros o tamices.

La Dinama envió un “apercibimiento” a OSE por el vertido de barros en 2006 pero, desde ese entonces, no hubo ni una multa ni un intento de solucionar el problema.

Sanción de Dinama por limpieza
La Dinama sancionó a la empresa de dragado, aunque todavía no le notificó la multa, por una limpieza que realizó en la playa de Aguas Corrientes a pedido del alcalde. Se le pidió la remoción de una capa de dos centímetros de arena que estaba cubierta de barro y residuos. Dos concejales, Álvaro Germano y Amado Torino, denunciaron la tarea ante la Dinama con el argumento de la que playa había quedado inutilizable. Desde la oficina se dijo que se había “depredado la playa”, dijo el alcalde Álvaro Alfonso pero nada se ha expresado a propósito de los vertidos de OSE que se viene denunciando desde 2010, objetó. Un cabildo abierto resolvió enviar al Ministerio de Vivienda (Mvotma) una nota calificando de “improcedente” la respuesta de la Dinama, pero no se ha tenido respuesta.
Ante la suspensión de las tareas de la empresa, Germano solicitó a la Dirección Nacional de Hidrografía el permiso para dragar desde el camping de Aguas Corrientes hasta la represa (2 kilómetros)

SI NO ACTUAMOS MORIREMOS MUCHOS EN LA RULETA GENETICA