Sitio destinado al encuentro y unión, para obtener un ámbito de comunicación, difusión, debate y fomento para el desarrollo de la apicultura. Apicultura Uruguay.

Suscribete a Apicultura Uruguay y recibe las noticias en tu correo

Búsqueda de artículos:

ASAMBLEA NACIONAL DE APICULTORES URUGAUY 19 DE NOVIEMBRE 2016

sábado, 23 de marzo de 2013

Le llaman país Productivo...


Qué Pasa

Batallas verdes

No se saben cuántas son, ni cuántos militantes tienen las organizaciones ambientalistas. Pero intentan hacerse escuchar en medio del ruido del país productivo.
FRANCISCO MARQUES
En Colonia, vecinos y ecologistas busca poner fin a la erosión que una playa sufre desde hace 20 años. En varios departamentos del interior, se gesta una iniciativa contra la minería que, de tener éxito, podría posponer -o frenar- las inversiones de megaminería en todo el país. Y en Montevideo, la aparición de agua contaminada es indicio de un problema que viene siendo denunciado por las principales organizaciones ecologistas.
Ecologismo, sustentabilidad, soberanía, desarrollo social, y hasta derechos humanos son consignas que entrecruzan las banderas de las protectoras del medio ambiente. Consignas que, pese a una legislación ambiental moderna, no siempre ayudan cuando se trata de enfrentar a Goliat.
No está muy claro cuántos hacen de David en esta batalla, lo que evidencia una dispersión de esfuerzos y objetivos.
La Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, por ejemplo, reúne a 40 organizaciones ecologistas de todo el país, con perfiles que van desde el Grupo Gandhi Ecologistas en Acción hasta el movimiento Aves del Uruguay y la Asociación Pro Recuperación del Arroyo Carrasco.
Ninguno de los consultados supo decir cuántas organizaciones sociales se dedican a la ecología. Tampoco está claro, por ejemplo, con cuántos militantes cuenta la ecología en Uruguay. En las manifestaciones de perfil más alto pueden llegar a participar miles de personas, pero un número más aproximado de activistas andaría por los centenares. La gran mayoría trabaja en forma voluntaria, según Miguel Piñeiro, presidente de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas y miembro del grupo de Defensa del Medio Ambiente de Valdense, Demaval.
Una de las campañas de Demaval es demoler la escollera de la desembocadura del arroyo Cufré en el Río de la Plata, que lleva más de 20 años generando polémica entre los departamentos de San José y Colonia. Extendida sobre la ribera maragata, la misma era la primera parte de un proyecto turístico que atraería cientos de yates argentinos. Su construcción demandó una inversión de unos cuatro millones de dólares. Pero no hubo segunda parte, y el precio no lo pagó sólo el Estado: la construcción modificó el cauce natural del río, provocando el desprendimiento de gran parte de la playa de la orilla coloniense y ocasionando graves daños al ecosistema de la zona.
En su perfil de Facebook -las redes sociales parecen esenciales en estos grupos- Demaval se define como un "trabajador activo" que atiende tanto los problemas sociales como los ambientales de su comunidad. Tiene unos 150 asociados que pagan una cuota de 350 pesos. Su directiva se reúne una vez al mes.
Según Piñeiro, los objetivos de la organización siempre fueron la clasificación de residuos, así como la producción de abono orgánico, pero la presión para derribar la escollera es una de la principales luchas que ha tenido el movimiento. Y aunque costó, parece que finalmente el esfuerzo está dando sus frutos. Luego de años de lucha, consiguió que el fiscal Enrique Viana (ver recuadro) iniciara un juicio al Estado para reparar los daños ambientales ocasionados. Finalmente ambas intendencias acordaron un plan para demolerla y reparar el daño. Las obras costarían otros cuatro millones de dólares, cerrando un fracaso perfecto. Y aunque se logró un acuerdo, Piñeiro es escéptico.
Para Piñeiro las principales causas que movilizan al movimiento ecologista son el monocultivo y la minería a cielo abierto. Y aunque reconoce que las ONGs han tenido grandes victorias, como dilatar la instalación de la energía nuclear en el país, a veces la lucha resulta un tanto desigual.
No es para menos. Las ONGs ambientalistas se enfrentan a intereses comerciales de grandes multinacionales, intereses políticos y económicos de los gobiernos y a los intereses de las comunidades que, muchas veces, prefieren que se creen empleos a que se cuide el medio ambiente.
Para María Isabel Cárcamo, de la ONG RAPAL, existe una tendencia -consciente o inconsciente- a relativizar el término ambientalista, como si la oposición a los megaemprendimientos fuese exclusivamente por amor a la naturaleza. Y aclara que las campañas, si bien incluyen una preocupación ambiental, también tienen connotaciones políticas y económicas que defienden a las personas. De la misma opinión es Víctor Baccheta, del Movimiento Uruguay Sustentable (Movus), quien dice que lo correcto sería hablar de movimiento socio-ambiental.
Además, a falta de Greenpeace o algún otra organización de perfil alto, la lucha suele atomizarse en pequeñas organizaciones. Así, el movimiento ecologista está algo disperso, aunque las redes sociales, Facebook principalmente, han ayudado a la comunicación entre ellas.
En general, las organizaciones coordinan entre sí. Y rige la heterogeneidad. Por ejemplo, Movus es, según su página web, un movimiento de "uruguayos, habitantes de un territorio en riesgo de expiración. Venimos del campo, de la costa, de la ciudad, gente a pie y a caballo, mujeres y hombres. Individuos y organizaciones, no convocados por banderas políticas". Lo que sí los convoca es la mayor inversión privada en la historia del país: el proyecto de minería a cielo abierto Aratirí, con sus 3.000 millones de dólares.
El movimiento se encarga de seguir los expedientes que la empresa entrega a la Dinama. Y aunque se contactan vía mail, a veces se reúnen. Por ejemplo, la semana pasada promovieron un foro de debate sobre el proyecto de ley de megaminería, y están contactados con grupos que recolectan firmas para prohibir la misma en el interior (ver recuadro).
Baccheta se considera un vocero, ya que no hay autoridades formales. Y sus adherentes van desde ONGs ambientalistas hasta productores rurales y sindicatos. A la última marcha contra la minería del año pasado, miles de personas respondieron al llamado de mas de 30 organizaciones sociales; 120 a caballo. Y muchos en tractores.
GUSTO FEO. La semana pasada el agua potable en Montevideo tuvo un gusto particular debido a la presencia de algas en el río Santa Lucía. Aunque se relativizó su gravedad, desde OSE se aclaró que el episodio podría a volver a ocurrir y que el mismo está vinculado al uso de agroquímicos en la zona de la planta de Aguas Corrientes. Considerando que la cuenca abastece a más del 60% de la población del país, la situación preocupa y los ecologistas pueden decir que ellos ya lo venían avisando sin que nadie los escuchara.
Una de las que había anunciado los peligros del agua potable fue Redes. Es una de las organizaciones ambientales más antiguas del país, y forma parte de Amigos de la Tierra, una federación de grupos ecologistas con presencia en más de 60 países. Redes forma parte de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la vida desde su creación y según María Selva Ortiz, su coordinadora, la contaminación de la cuenca del Santa Lucía a partir de agrotóxicos, viene siendo denunciada por la organización desde hace años y que hay varios informes de la Universidad de la República al respecto. Y el impacto será mayor si se cumple con el contrato de inversión entre el Estado uruguayo y Montes del Plata.
El contrato -que en principio se mantuvo como confidencial- prevé la posibilidad de declarar como prioridad forestal más de 100.000 hectáreas en un radio de 200 kilómetros de la planta de Colonia. Según Ortiz, esto podría implicar que el 44,4% de la superficie de la cuenca del Santa Lucía se declare de prioridad forestal y así se comprometa la capacidad de la cuenca de abastecer de agua potable al área metropolitana.
Redes no es la única organización preocupado por la forestación. El grupo Guayuvira es otro de los más fuertes. Es un movimiento con 25 años de trayectoria que tiene su sede en una oficina del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, un grupo internacional cuya oficina para América Latina está en Montevideo, donde no hay bosques ni trópicos. Con un secretariado fijo de cinco miembros, el número de voluntarios fluctúa dependiendo del proyecto. Sus principales fondos son unos 4.000 dólares que vienen de la Fundación Siemenpuu de Finlandia, que se destina a la investigación de remanentes de monte indígena en el país y gastos básico como impresión de materiales para la difusión y salidas de campo.
En tanto, el puente sobre la Laguna Garzón fue objeto de polémica durante todo el año pasado. Finalmente, pese a la oposición de ambientalistas y de vecinos, obtuvo la autorización ambiental a principios de este año. Según Carolina Leme, del movimiento Vida Silvestre Uruguay, la decisión era previsible, por eso se está gestionando la declaración de Área Protegida para la zona. El proyecto de monitoreo legal sobre el área protegida Laguna Garzón cuenta con el apoyo de fondo Greeggrants y es uno de los ocho proyectos ecologistas que tiene la ONG.
Los transgénicos también son un motivo de preocupación. La ONG Rapal, uno de los principales referentes de la agricultura orgánica y agrotóxicos, funciona con voluntarios de diversas partes del país. Según María Isabel Cárcamo, coordinadora de Rapal, una de las últimos proyectos del grupo fue un estudio sobre la biodiversidad, erosión y contaminación genética del maíz criollo. La ONG cuenta con el apoyo de una organización inglesa que aportó 10.000 dólares.
Para Redes, el problema no es sólo una zona o empresa en particular sino el modelo: forestal, sojero y transgénico. Otro rival inmenso si consideramos que la organización cuenta con sólo 20 voluntarios y ningún financiemiento estatal. Pese a que la crisis europea se hace sentir, aún recibe apoyos para algunos proyectos de la organización. Por ejemplo, un fondo sueco financió parte de un proyecto de recuperación de semillas y la Fundación Heinrich Böll, vinculada al Partido Verde alemán, aporta 20.000 dólares anuales para proyectos de desarrollo sustentable.
Ha habido un fuerte recorte de fondos europeos para las ONGs uruguayas porque, para Cárcamo, existe un gran desconocimiento de los problemas ambientales en el país y por ello, muchos organismos internacionales prefirieron destinarlos a otros países en situación más grave.
Así se hace aún más difícil para un puñado de organizaciones que intentan hacerse escuchar en medio del barullo de un país productivo.

CUANDO LOS VECINOS SE MOVILIZAN

Firma contra la minería

No todos las campañas contra los megaproyectos provienen de grupos ecologistas.
El lunes, El Observador publicó un informe sobre las iniciativas ciudadanas que se están realizando en algunos departamentos. El objetivo es recaudar firmas para convocar un referéndum para prohibir la minería a cielo abierto en el departamento.
La iniciativa se basa en la ley de Ordenamiento Territorial, que establece la competencia de los gobiernos departamentales para establecer normas sobre el uso de los suelos, y la propia Constitución, que establece que el 15% de los residentes locales tendrán el derecho de iniciativa ante su gobierno en asuntos de dicha jurisdicción.
Daniela Píriz, miembro de "Tacuarembó por la vida y el agua", dice que la agrupación surgió el año pasado en forma improvisada, como respuesta al avance de los emprendimiento mineros en el departamento: la Dirección Nacional de MInería y geología tiene solicitudes por mas de 300.000 hectáreas en ese departamentos para destinar a minería. La mayoría de ellas provenientes de Ancap.
La inquietud incluso llegó hasta la Iglesia, ya que la iniciativa fue apoyada por Monseñor Julio César Bonino, obispo para Tacuarembó y Rivera.
Durante la última fiesta Patria Gaucha se llegó a las 10.800 firmas y se necesitan 12.000 para llegar al 15% del padrón departamental. Una vez aprobada la prohibición de la minería en el departamento deberá ser sometida a consulta popular. No es el único departamento que planea este mecanismo.
En Lavalleja, donde se solictaron permisos de minería por ms de 400.000 hectáreas, ya se recaudaron la mitad de las firmas. Y en Rivera y Treinta y Tres tammbién se iniciaron campañas.
Según declaró el abogado constitucionalista José Korzeniak a El Observador, si la iniciativa prosperara, el gobierno podría elaborar otra ley para derogar la norma de la ley de Ordenamiento Territorial. Habrá que esperar.

LAS ONGS Y LA AUSENCIA DE JUICIOS

No crecen juristas verdes

El Fiscal Enrique Viana ha patrocinado mas de 50 causas vinculadas al medio ambiente, lo que le ganó el apodo de "el Fiscal Verde". Entre sus principales causas están la demanda contra la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos y la acción de nulidad contra el contrato de inversión entre el Estado y Montes del Plata. Otras causas fueron la solicitud para suspender los cultivos transgénicos en Montevideo (único departamento que se mantenía libre de esos cultivos) y la demanda contra la Administración Nacional de Puertos por volcar en el Río de la Plata sedimentos del muelle C del puerto de Montevideo. La mayoría sin éxito. En el caso del arroyo Cufré, recorrió la zona en avioneta para ver el deterioro generado por la escollera.
Según Viana, la opción de iniciar un juicio no es muy contemplada por las ONGs ambientalistas. Y si bien algunas denuncian casos ante la fiscalía, son pocas las que se animan a inician procesos por su propia cuenta. En parte por falta de recursos, en parte por la orientación científica de sus miembros -no muy afines a los juicios- y en parte porque les intimida litigar contra el Estado. Para Viana, sería muy importante que existieran más juicios por causas ecológicas, ya que estos podrían crear en algunos jueces una tendencia favorable al medio ambiente.
Carolina Neme, miembro de Vida Silvestre y GAIA -la única asociación civil uruguaya especializada en Derecho Ambiental- coincide en que la costumbre de litigar no está muy extendida entre las organizaciones. Y el Derecho Ambiental tampoco parece estar muy desarrollado en el país, ya que según Neme, no existen muchos abogados y jueces especializados en el tema.
Fuente: http://www.elpais.com.uy




SI NO ACTUAMOS MORIREMOS MUCHOS EN LA RULETA GENETICA