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ASAMBLEA NACIONAL DE APICULTORES URUGAUY 19 DE NOVIEMBRE 2016

sábado, 30 de junio de 2012

NOTICIAS CHDA - Nro. 6


NOTICIAS CHDA - Nro. 6
Montevideo, Junio 2012, Semana #26: del 25 al 29 de Junio 2012
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Decreto de Azúcar.
El  24 de junio el Presidente de la República firmó el decreto nro. 448 que permitirá a los apicultores comprar azúcar para alimentar a sus colmenas, con la exoneración del impuesto de importación que asciende al 35%. El texto completo del decreto se puede bajar de http://www.chda.org.uy/?page_id=114.
 
Como primer paso, los apicultores que tengan RUT, deberán inscribirse en el LATU, completando un formulario, que se puede bajar en http://www.chda.org.uy/?page_id=114, y posteriormente entregarlo en el LATU Montevideo: Avda. Italia 6201 o la sede en Fray Bentos: Parque Industrial Municipal - Barrio Anglo.
 
Luego de esta primera inscripción, el LATU estará informando la documentación a presentar para la solicitud del azúcar.
 
Para los apicultores que no tengan RUT, se informa que la CHDA está realizando gestiones tendientes para solucionar este tema.
 
Exoneración IVA forestal - Sanidad Apícola
La CHDA continúa trabajando en la solicitud de exoneración del pago del IVA para los apicultores que lleven sus colmenas a los predios forestales.
 
Se está trabajando en la solicitud al MGAP de aspectos relacionados a la Sanidad Apícola. 
 
Libro "Los inicios de la apicultura en la República Oriental del Uruguay"
En setiembre de 2011 en oportunidad del Congreso de Apimondia la CHDA realizó el lanzamiento de esta publicación que forma parte del Fondo de publicaciones de la Comisión. Su autor es el Pto. Agr. y apicultor Juan Cordara. Tenemos ejemplares disponibles a $ 200. Para su adquisición comunicarse al 2304 7422 interno 238 o al mail: comisionapicola@gmail.com
 
Para recibir este boletín electrónico puede enviar una solicitud a mailings.chda@gmail.com
 
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Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola
Carlos María de Pena 4894, Montevideo - Uruguay
Teléfono: 2304 7422 interno 238

 

 

 

 

 

 

 

 


miércoles, 27 de junio de 2012

Economía Verde, Izquierda Marrón

 

“ECONOMIA VERDE”, IZQUIERDA MARRON


Eduardo Gudynas

Brecha, 15 junio 2012, pp 33-35, Montevideo.



En estos días está en marcha una nueva cumbre global sobre ambiente y desarrollo. La llamada “Rio +20”, se celebra veinte años después de la famosa Eco ’92 de Rio de Janeiro. Las apuestas a una nueva “economía verde” que permita relanzar el crecimiento en los países industrializados, no logran superar las contradicciones entre economías y ecología que se mantienen en las últimas décadas. Entretanto la situación ambiental planetaria se ha deteriorado sustancialmente.

Todos los informes científicos que están leyendo los delegados gubernamentales que viajarán a Rio concuerdan en alertar sobre la grave situación ambiental del planeta. Por ejemplo, el indicador del “Estado de la Vida” en el planeta, que recopila información sobre mamíferos, aves y otros grupos, ha caído un 30% desde 1970.

En paralelo al cambio climático, se considera que aproximadamente la mitad de la superficie terrestre estará artificializada en los próximos años, cubiertas por cultivos, carreteras o ciudades. Los lectores más jóvenes de Brecha serán testigos del futuro colapso de dos de las mas grandes ecoregiones sudamericanas: el cerrado y la caatinga en Brasil. Terminarán desvaneciéndose, tal como ocurrió hace un siglo atrás con la Mata Atlántica, el segunda selva tropical más extensa del continente.

Se avecinan nuevos problemas, muchos de los cuales resultarán esotéricos para el lector: la acumulación de miles de millones de diminutas partículas de plástico o la pérdida de oxígeno en distintas áreas oceánicas que desembocarán en zonas sin vida. Así como hoy se habla de cambio climático global, también se está comenzando a discutir cambios planetarios, por ejemplo, en los ciclos del nitrógeno.

La capacidad biológica de todo el planeta tierra, estimada por un indicador de la superficie que brinda recursos como alimentos o agua, o que recibe los desperdicios, suma un total de 12 mil millones de hectáreas disponibles en cada año. Pero la población actual consume mucho mas, unos 18,2 miles millones de equivalentes globales de hectáreas. Ya hemos superado los límites ecológicos del planeta.

La acumulación de estos problemas, apenas resumida aquí, lleva a que muchos expertos alerten sobre un inminente cambio ecológico a escala planetaria. No se está hablando de la desaparición de una especie en algún sitio remoto o la contaminación de alguna laguna, sino que al traspasarse un umbral, se encadenan una serie de crisis ecológicas.

LA APUESTA DESARROLLISTA

La actitud prevaleciente en muchos gobiernos por momentos admite la seriedad de los problemas ambientales enfrentados, pero las soluciones que ponen sobre la mesa no sólo son insuficientes, sino que pueden agravar la situación.

Actualmente el centro de las discusiones gira alrededor de la llamada “economía verde”, postulándose reformas de diverso tipo en procesos productivos, paquetes de subsidios o sistemas impositivos, para promover actividades amigables con el ambiente. No hay cambios sustanciales en los procesos productivos, sino que se busca ampliar el espectro de negocios posibles para incorporar a la propia Naturaleza.

Las naciones industrializadas llegan a Rio de Janeiro con una agenda dividida en muchos temas específicos, como puede ser el abordaje del cambio climático, pero casi todas ellas aspiran a implantar esta nueva “economía verde”. Su propósito es relanzar el crecimiento económico a partir de sectores ecológicos, como serían las energías renovables o la instalación de “servicios ecológicos” que se podrían comprar o vender en los mercados. Muchos consideran que el estancamiento económico europeo podría superarse con esta “economía verde”.

Las naciones del sur en general observan estas propuestas por un lado como una oportunidad para lograr beneficios (por ejemplo, acceder a nuevos mercados de bienes y servicios ambientales), pero por otro lado, hay cierto temor en que sean usadas para el proteccionismo comercial.

El diálogo político por momentos se vuelve bizarro. Los países del norte reclaman algunas medidas ambientales contundentes, pero los del sur responden que como son pobres, aceptarían esas medidas si se les transfieren recursos financieros y tecnologías. Naciones como China o Brasil en unos momentos se presentan como nuevas potencias económicas emergentes, pero en otros momentos se encogen, vuelven a ser subdesarrolladas, y piden dinero de la cooperación internacional.

EL CONTEXTO LATINOAMERICANO

En ese marco, los países latinoamericanos llegarán a Rio de Janeiro también cargando con sus divergencias. Comencemos por Brasil: bajo el gobierno Lula da Silva los temas ambientales perdieron relevancia; se intentó controlar la deforestación en la Amazonia, pero en otras áreas se priorizaron proyectos productivos y exportadores. La situación se ha agravado bajo el gobierno de Dilma Rousseff a tal punto que un grupo de grandes organizaciones ambientalistas hace pocos meses atrás sostuvieron que se vive el “mayor retroceso de la agenda socio-ambiental desde el final de la dictadura militar”. En el plano internacional, Brasilia sigue una agenda ambiental unilateral, ya que no coordina ni el seno del MERCOSUR (donde hay un grupo en esta materia), ni tampoco con los demás países del continente (GRULAC – Grupo Latinoamericano).

Todos los demás vecinos sudamericanos llegarán a Rio de Janeiro cargando serios problemas ambientales. En estas últimas semanas están en marcha graves conflictos ambientales especialmente en las naciones andinas. En Bolivia está avanzando una nueva marcha indígena que reclama proteger un parque nacional, en Perú las protestas mineras han incluido represión policial, muertos, y hasta una crisis en el gabinete de Ollanta Humana, y en Ecuador, finalizó pocas semanas atrás una multitudinaria marcha nacional en defensa del agua y contra la minería. Con una conflictividad mas baja, aunque no sin tensión, se encuentran las resistencias locales a la minería en Argentina o las represas en Chile, similares a las disputas que se viven en Uruguay frente a Aratirí u otros proyectos.

La respuesta de buena parte de estos gobiernos ha sido muy similar: criminalizar la protesta ciudadana, iniciar acciones judiciales contra sus líderes, y burlarse de los temas ambientales, concibiéndolos como trabas al desarrollo. La criminizalización y judicialización, que avanza en los países andinos y Argentina, se enfoca en los líderes sociales o en condicionamientos legales a las ONGs de base o redes nacionales.

Las posturas políticas se pueblan de contradicciones. El presidente Evo Morales reclama medidas globales enérgicas contra el cambio climático, pero no las toma dentro de su países, y ahora considera que las demandas de indígenas o ambientalistas son una nueva forma de colonialismo.

La burla se ha convertido en otro instrumento común. Así como José Mujica se burlaba de quienes defienden los venados o las dunas costeras, otros mandatarios hacen cosas similares. Rafael Correa de Ecuador califica las demandas ambientales como “infantilismo de izquierda” y Cristina Fernández de Argentina, los tipifica como una postura esnob.

Todo esto hace que el progresismo gobernante en América del Sur llegue a Rio de Janeiro en una situación muy incómoda. En todos los países la agenda ambiental está en retroceso, se flexibilizan los controles ecológicos, y se aceptan grandes inversiones con alto impacto en el entorno.

Las estrategias de desarrollo siguen basadas en aumentar las exportaciones de materias primas, aprovechando el alto precio en los mercados internacionales y la voraz demanda asiática. Es cierto que bajo el progresismo ha regresado el Estado, y que se intentan distintos programas de asistencia social para reducir la pobreza, y que esto ha sido exitoso. Pero también debe reconocerse que en todos estos países, desde la Venezuela de Chávez al modelo Kirchner “nac & pop” (nacional y popular), se sigue dependiendo de las materias primas.

Las nuevas estrellas que alimentan el actual crecimiento económico en unos casos son hidrocarburos, en otros minerales, y más cerca nuestro, monocultivos como la soja. Esta estrategia está repleta de impactos ambientales, que van desde la contaminación minera y petrolera, a la pérdida de áreas silvestres por el avance de la frontera agropecuaria. Pero el progresismo necesita de esos emprendimientos, ya que ellos son esenciales para financiar sus planes de lucha contra la pobreza basados en pagos mensuales en dinero (tal como hace el MIDES en nuestro país).

No se logra romper una relación productiva y comercial desigual. Mientras que en el pasado América Latina enviaba sus materias primas al norte industrializado para luego comprarles sus manufacturas, mientras que hoy las exportamos a China, para importar desde allí electrodomésticos, automóviles o textiles.

Bajo esta situación, si se implantan medidas ambientales en serio, muchos emprendimientos extractivos serían inviables ya que nunca lograrían pasar las evaluaciones de impacto ambiental. También sería necesario contener el consumismo, en unos casos porque involucra productos con componentes tóxicos, terminan en mucho desperdicio o consumen mucha energía. Estos son límites que ni siquiera los gobiernos progresistas están dispuestos a cruzar, de donde sus intervenciones en las negociaciones de Rio+20 terminan en cuestiones menores, campañas publicitarias o apelaciones a la responsabilidad empresarial.

También han cambiado los actores involucrados en estas contradicciones ambientales. En el pasado, las empresas transnacionales de los países industrializados eran responsables de muchas debacles ecológicas. Pero hoy nos encontramos que se viven problemas concretos con corporaciones que son latinoamericanas, como pueden ser las brasileñas Petrobrás (hidrocarburos) o Vale (una de las empresas mineras más grande del mundo). La situación se vuelve más complicada todavía, cuando se descubre que buena parte de la propiedad accionaria de esas empresas está en manos del gobierno brasileño, su banco de desarrollo (BNDES) o de los fondos de pensión de los grandes sindicatos. Aquí se origina una nueva tensión y fractura en los debates en Rio de Janeiro, ya que unos cuantos movimientos sociales, incluyendo grandes sindicatos, ven con buenos ojos la actual ola extractivista que descansa en los recursos naturales, y no están dispuestos a aceptar medidas ambientales sustantivas.

Entretanto, para las comunidades campesinas o indígenas de Perú, Bolivia o Ecuador afectadas por emprendimientos petroleros, hidroeléctricos o mineros, no encuentran diferencias entre empresas brasileñas o afincadas en el hemisferio norte, o entre aquellas que en su junta directiva tienen sindicalistas progresistas o economistas neoliberales.

Es así que a Rio de Janeiro llega una izquierda latinoamericana que ha reciclado la vieja tradición de exportar materias primas. Su agenda es cada vez menos verde, en tanto acepta la destrucción de la Naturaleza, y al centrarse en el desarrollismo convencional, se vuelve marrón, con toda su carga de contaminación. Es por estas razones que este progresismo se está convirtiendo en una “izquierda marrón”.

Bajo esta compleja situación, y a su vez enmarcada en una crisis económica en los países desarrollados, nadie está dispuesto a asumir los costos de un cambio de rumbo sustancial en el desarrollo. La idea de una “economía verde”, por sus limitaciones, alimenta el creciente escepticismo. Seguirá por lo tanto, pendiente el recurrente problema de la inviabilidad del camino desarrollista actual.


RECUADRO

LA SAL Y PIMIENTA

Hace veinte años atrás estuve en la Eco’92 de Rio de Janeiro. La vitalidad en aquellos tiempos es muy distinta a la actual Rio +20, y vale la pena compartir algunos recuerdos.

Al finalizar la década de 1980, la temática ambiental estaba en una fase de expansión y proliferación, tanto en ideas como en sus prácticas. Se estaban instalando nuevas disciplinas como la biología de la conservación, la economía ecológica o la ética ambiental, las que de variadas formas contribuyeron a los debates en Rio. Uruguay no estuvo ajeno a esas innovaciones; por ejemplo, en Montevideo se celebró la consulta latinoamericana sobre una nueva estrategia para conservar la biodiversidad, la que fue uno de los insumo claves en el texto de la convención que en esa materia aprobaron los gobiernos en Rio.

La perspectiva ecológica se adentraba en campos totalmente novedosos en aquellos tiempos, como eran las implicancias ambientales en el comercio internacional de mercancías o en los flujos de capital. Uruguay también alcanzó visibilidad en estos temas, al evaluarse los impactos de un préstamo del BID para la electrificación del riego para arroz. La desaparición de bañados y esteros en el Este del país afectaría a poblaciones de aves, que no sólo eran uruguayas, ya que también había migrantes desde el extremo sur del continente como desde Canadá y Estados Unidos.

La presión ciudadana era enorme. Fue la primera cumbre gubernamental de las Naciones Unidas con una participación de varios miles de delegados de movimientos sociales, que incluso organizaron su propia “cumbre paralela”. Centenas de carpas se agrupaban en la explanada de la playa de Flamengo, con sus talleres en las mañanas y tardes, reuniones de trabajo o recitales en las noches, albergando una variedad multirracial y cultural impactante. Se agolpaban trajes típicos, lucidos con orgullo, y lenguas de los más alejados rincones del planeta. Toda esa masa humana ejercía una presión enorme sobre los gobiernos.

Las actitudes políticas también eran otras. Nadie se burlaba públicamente del tema ambiental. En Uruguay, entre los principales promotores de la temática ambiental se encontraban un senador del Partido Comunista, Leopoldo Bruera, y un diputado del Partido Socialista, Ramón Legnani. Las posturas verdes de esos y otros legisladores de aquel Frente Amplio, se me ocurren imposibles en la actualidad. Bruera, por ejemplo, insistía en potenciar al ministerio del ambiente y en contar con una ley efectiva en evaluación del impacto ambiental, mientras que en la actualidad muchos parlamentarios observan en silencio los intentos para desmembrar ese ministerio y aligerar las exigencias ambientales.

Uruguay ya contaba con un ministerio del ambiente, desde donde se elaboró un informe técnico, a su vez basado en una consultoría realizada con la OEA, que fue coordinada por Jorge Rucks, quien ahora es el director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. El presidente Luis A. Lacalle viajó a Río, junto a una delegación multipartidaria, mientras que el intendente Tabaré Vázquez participó de un foro de alcaldes. Durante la cumbre, al presidente Lacalle se le escapó que buscaba construir una central nuclear en Paso de los Toros, lo que desató un fuerte rechazo ciudadano.


RECUADRO

UN PROCESO DE CUARENTA AÑOS

1972
Rio+20 es el paso más reciente en un proceso que formalmente comenzó en 1972, con la primera cumbre internacional sobre ambiente y desarrollo, celebrada en Estocolmo (Suecia). En aquel tiempo, las naciones occidentales, el bloque soviético, y los países del sur, incluyendo los que se denominaban “no alineadas”, abordaron los primeros síntomas de la crisis ecológica.

En esos años se lanzó la advertencia que el crecimiento económico perpetuo era imposible, ya que más tarde o más temprano, las economías encontrarían sus límites ambientales. En unos casos éstos se debían al agotamiento de recursos naturales, como hidrocarburos o minerales. En otros casos, respondían a las limitaciones de la Naturaleza en poder superar la contaminación y otros impactos humanos. Durante casi quince años se agudizó un debate que concebía una oposición entre metas económicas y ecológicas que no era posible resolver bajo el estilo de desarrollo convencional. Esas advertencias ambientales eran combatidas tanto por la derecha como la izquierda política, y en particular los dependentistas latinoamericanos.

1987
Un nuevo paso tuvo lugar en 1987, cuando una comisión de las Naciones Unidas intentó superar la contradicción entre “conservación” y “crecimiento” económico. Su reporte, “Nuestro Futuro Común”, presentó una versión del “desarrollo sostenible” que entendía a la protección de la Naturaleza como indispensable para asegurar el crecimiento económico. Se buscó dejar contentos a todos: se reconocía la gravedad creciente de la crisis ambiental, pero no se rechazaba el crecimiento económico; se defendía cierta conservación de la Naturaleza, pero se mantenía la clásica postura de aceptar que la pobreza y el desarrollo dependían de la marcha económica.

1992
El siguiente paso se concretó en 1992 con la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, donde se aprobaron los más importantes tratados internacionales ambientales, como es el caso de la Convención sobre la Diversidad Biológica o la Convención Marco sobre Cambio Climático. El impacto de aquel evento fue enorme, y sentó las bases de la gobernanza ambiental contemporánea.

2002
Los diez años del encuentro en Rio de Janeiro (Rio + 10) se celebraron con una nueva cumbre pero en Sud Africa. No se acordó ningún nuevo tratado en temas ambientales, pero bajo la sombra de las ideas neoliberales, se instalaron los reclamos para mercantilizar la Naturaleza. Los países sudamericanos, con Brasil a la cabeza, se sumaron a esa perspectiva.



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Novedades de RAP-AL Uruguay - Junio 2012

 

número 72- junio 20120

Boletín electrónico de RAP-AL Uruguay

Maestras fumigadas, amenazas y niños sin clases

Economía verde versus Economía solidaria

Agua fuente de vida

“Economía Verde”, Izquierda Marrón

Video: Cristina Fernández de Kirchner y Monsanto

 

Maestras fumigadas, amenazas y niños sin clases

por RAPAL Uruguay

Otra maestra afectada por agrotóxicos en las cercanías de Young, viene a sumarse a la ocurrida a la maestra Silvia Nobelasco en Rolón a mediados de abril. Esta situación no es nueva y se repita cada vez con mayor frecuencia.
Esta vez ocurrió en la escuela 37 de Santa Isabel, ubicada en ruta 3 a unos 5 kilómetros al sur de Young, donde son atendidos 12 alumnos de distintos grados. La fumigación ocurrió a 100 metros de la escuela en horas del mediodía, incumpliendo la regulación en relación a las fumigaciones en las cercanías de las escuelas rurales, 300 metros terrestres 500 metros aéreas. Estas distancias tampoco aseguran la no contaminación, pero al menos es más que 100 metros.

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Economía verde versus Economía solidaria

por Leonardo Boff

El año pasado en distintos zonas de EEUU, se dio a conocer la noticia de que una plaga que ataca la raíz del maíz, ha desarrollado resistencia al gen que supuestamente lo mataría. Esta plaga no solo atacó la raíz sino también varias partes diferentes de la planta en cultivos de maíz genéticamente modificados
A principios de marzo de este año, un grupo de científicos envió una carta a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EEUU, instando a los agricultores a que pararan de sembrar maíz transgénico con determinados genes de resistencia porque no los protegerá de la larva que ataca la raíz del maíz (Diabrótica speciosa).

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Agua fuente de vida

por Rapal Uruguay

“Para la supervivencia, el bienestar y el desarrollo socioeconómico de toda la humanidad es un requisito fundamental tener garantizado el acceso a un suministro suficiente de agua potable. Sin embargo, continuamos actuando como si el agua dulce fuera un recurso abundante e inagotable, cuando no lo es.”

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“Economía Verde”, Izquierda Marrón

por Eduardo Gudynas

En estos días está en marcha una nueva cumbre global sobre ambiente y desarrollo. La llamada “Rio +20”, se celebra veinte años después de la famosa Eco ’92 de Rio de Janeiro. Las apuestas a una nueva “economía verde” que permita relanzar el crecimiento en los países industrializados, no logran superar las contradicciones entre economías y ecología que se mantienen en las últimas décadas. Entretanto la situación ambiental planetaria se ha deteriorado sustancialmente.

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Video: Cristina Fernández de Kirchner y Monsanto (15 junio 2012)

Fragmentos del documental “El mundo según Monsanto” 2008 Marie-Monique Robin

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RAP-AL Uruguay.
Ana Monterroso de Lavalleja 2112. Ap. 802. CP 11200, Montevideo, Uruguay. Tel/Fax: (598) 2401 2834
info@rapaluruguay.org y http://www.rapaluruguay.org/


 

viernes, 22 de junio de 2012

DECLARACION JURADA ANUAL OBLIGATORIA ante DIGEGRA

COMUNICADO

PRODUCTORES APÍCOLAS

DECLARACION JURADA ANUAL OBLIGATORIA

 

 

 

La Dirección General de la Granja (DIGEGRA) y la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA) comunican que, “Por Decreto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)” Nº 40/997, de fecha 5 de febrero de 1997, que crea el Registro Nacional de Propietarios de Colmenas: los señores apicultores que posean más de una colmena “deberán realizar la Declaración Jurada Anual del Registro Nacional de Propietarios de Colmenas”.

 

El plazo para realizar la Declaración Jurada Anual Obligatoria comprenderá el período desde el 1 al 31 de julio de 2012.

 

La mencionada declaración jurada se realiza en forma electrónica, a través de la página Web del MGAP: www.mgap.gub.uy/trazabilidadmiel.htm

 

A los efectos de una mejor planificación de las políticas del sector a través del MGAP, se sugiere que los datos voluntarios (a llenar dentro de la Declaración Jurada Anual Obligatoria) también sean completados.

 

Se recuerda que el plazo para realizar la Declaración Jurada Anual Obligatoria del RNPC es desde el 1 al 31 de julio de 2012.

 

Informamos que a partir del presente año los productores que no hubiesen declarado en el período obligatorio correspondiente al año 2011, no podrán realizar la declaración 2012 hasta regularizar dicha situación. De acuerdo a esto se deberá efectuar la declaración 2011 fuera de fecha incluyendo acta correspondiente y una vez aprobada, quedará habilitado para declarar en el período de julio 2012.

 

En aquellos departamentos en los cuales DIGEGRA no tiene Agencia Zonal constituida, la recepción de los formularios de las declaraciones juradas será realizada por los funcionarios administrativos de las Regionales de cada departamento y/o por los funcionarios de las Oficinas de Desarrollo de las Intendencias Municipales, así como por funcionarios de los Centro de Atención Ciudadana (CAC).

 

Se recuerda que la declaración jurada debe ser enviada con timbre y firma. El timbre profesional debe colocarse (pegarse) en la declaración. Su valor se modifica al 30 de junio de cada año. Por lo tanto, oportunamente (primeros días de julio), a los efectos que el productor pueda colocar en dicha declaración el timbre con el valor correcto, se comunicará el valor emitido al 1 de julio.

 

Es importante destacar también que el plazo de aprobación de las declaraciones juradas es de 10 días hábiles a partir de la recepción de las mismas en cualquier dependencia del MGAP.

Miércoles 20 de junio de 2012

 

 

Unidad de Comunicación

Dirección General de la Granja

 

 

Ricardo Carrera

Blog: http://apiculturauruguay.blogspot.com/

 

MONSANTO GOLPEA EN PARAGUAY

Monsanto golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo.

Idilio Méndez Grimaldi (*)

 

Quienes están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una ideología que promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor, ahora y en el futuro.

 

El viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscala para proteger a un latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y decenas de heridos graves. Las consecuencias: El laxo y timorato gobierno de Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema, cada vez más derechizado, a punto de ser llevado a juicio político por un Congreso dominado por la derecha; duro revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para la los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.

El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el capullo del textil.

El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación.

Campaña mediática

Durante los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color, arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica de Monsanto para su uso comercial en todo el país.

La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP.

Al día siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: “Los 12 argumentos para destituir a Lovera” (1). Estos presuntos argumentos fueron presentados al vicepresidente de la República, correligionario del ministro de Agricultura, el liberal Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia.

El viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición anual organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo escapar un comentario ante la prensa que un supuesto grupo de inversores de la India, del sector de los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty.

En el marco de esta exposición preparada por el citado ministerio, la transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países del mundo.

Previamente a estos hechos, el diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable a Monsanto.

Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no declara esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por la venta de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010.

Por otro lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de funcionarios técnicos del Estado paraguayo.

En tanto transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene preparando un acto de protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio próximo. Se trata de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando medias calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las reivindicaciones del denominado “tractorazo” es la destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas transgénicas para su cultivo comercial.

Las conexiones

La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez - quien tiene negocios con el sector de los agroquímicos - entre otros agentes de las transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias empresas del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo, director propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.

El Grupo Zuccolillo es socio principal en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto Unión, a 500 metros de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin ninguna restricción.

Las transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos, mediante la férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la derecha. La presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El 60 % del impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de dólares, según un estudio del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio produce rentas en torno al 30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de dólares anuales.

Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos del 2 por ciento de propietarios (3) que se dedican a la producción meramente extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la tierra.

La mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen estrechas relaciones con las transnacionales del sector financiero, que guardan sus bienes mal habidos en los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están ligados al agronegocio y dominan el espectro político nacional, con amplias influencias en los tres poderes del Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del sector financiero y del agronegocio.

Los hechos de Curuguaty

 

Curuguaty es una ciudad ubicada al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de Asunción, capital del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar. Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de Stroessner (1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la República, dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que pertenecen al Estado paraguayo.

Esta parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo de los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional, cuyos miembros de élite en su mayoría fueron entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente.

Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad de la Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6 policías. No se comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus camaradas reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo.

El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de descampesinización del campo paraguayo, que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní.

Tanto la Fiscalía o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional, así como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados Unidos.

El asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente de la República obviamente es un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo, probablemente a través de un juicio político, quien derechizó más su gobierno tratando de calmar a los oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola del Ministerio del Interior y fue nombrado en su reemplazo a Rubén Candia Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo derrotó en las urnas en el 2008, luego de 60 años de dictadura colorada, incluyendo la tiranía de Alfredo Stroessner.

Candia fue ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se desempeñó como fiscal general del Estado por un periodo, hasta el año pasado, cuando fue reemplazado por otro colorado, Javier Díaz Verón, a instancia del propio Lugo. Candia es acusado de haber promovido la represión a dirigentes de organizaciones campesinas y de movimientos populares. Su nominación a Fiscal General del Estado en el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los Estados Unidos, Jhon F. Keen. Candia fue responsable de un mayor control por parte de USAID del Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su gobierno por Fernando Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del gobierno.

Tras asumir como el ministro político de Lugo, lo primero que anunció Candia fue la eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos que invaden propiedades. El mensaje es que no habrá conversación, sino simplemente la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza policial represiva sin contemplación.

Dos días después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por Héctor Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del Interior, a quien solicitaron garantías para la realización del denominado tractorazo. Sin embargo, Cristaldo dijo que la medida de fuerza puede ser suspendida en caso de nuevas señales favorables para la UGP (léase liberación de las semillas transgénicas de Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre otras ventajas para el gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el gobierno.

Cristaldo es precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado en el pasado reciente por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, según el propio diario ABC Color, que se hizo eco de varios cables del Departamento de Estado de USA, publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que aludía directamente a Cartes, el 15 de noviembre de 2011.

Juicio político a Lugo

 

En las últimas horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP, (4) algunos integrantes del Partido Colorado y los propios integrantes del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas Llano y aliado del gobierno, amenazan con un juicio político Fernando Lugo para destituirlo como presidente de la República del Paraguay.

Lugo depende del humor de los colorados para seguir como presidente de la República, así como de sus aliados liberales, que ahora lo amenazan con juicio político, con seguridad buscando más espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El Partido Colorado, aliado a otros partidos minoritarios de la oposición, tiene la mayoría necesaria como para destituir al presidente de sus funciones.

Quizás se esperan “las señales favorables” de Lugo que la UGP - en nombre de la Monsanto, la patria financiera y los oligarcas - está exigiendo al gobierno. Caso contrario, se estaría pasando a una siguiente fase de los planes de copamiento de este gobierno que nació como progresista y lentamente va terminando como conservador, controlado por los poderes fácticos.

Entre algunos de sus haberes, Lugo es responsable de la aprobación de la Ley Antiterrorista, propiciada por Estados Unidos en todo el mundo después del 11 S. Autorizó en 2010 la implementación de la Iniciativa Zona Norte, consistente en la instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos en el norte de la Región Oriental - en las narices del Brasil - supuestamente para desarrollar actividades a favor de las comunidades campesinas.

El Frente Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra unificar su discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis del poder real, cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas. Infiltrados por USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que participan en la administración del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del consumismo galopante del neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten en émulos vanidosos de engreídos ricos que integraban los recientes gobiernos del derechista Partido Colorado.

Curuguaty también engloba un mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya frontera se producen estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los amos de la guerra, cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora Siria. Brasil está construyendo hegemonía mundial junto a Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no ceja en su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en marcha el nuevo eje comercial integrado por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un muro de contención a los deseos expansionistas del Brasil hacia el Pacífico.

Mientras, Washington sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer al gobierno de Dilma Rousseff a estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y militares. Entre tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos años después de estar fuera de

servicio apenas culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por si no comprendiese la persuasión diplomática.

Y Paraguay es un país en disputa entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente por USA. Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en el sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará el desarrollo del suroeste del Brasil.

Pero por sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital, del gran capital, del extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en todos los rincones de la Tierra en nombre de la civilización y el desarrollo. Por fortuna, los pueblos del mundo también van dando respuestas a estas señales de la muerte, con señales de resistencia, con señales de dignidad y de respeto a todas formas de vida en el Planeta.

 

1- http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/presentan-12-argumentos-para--destituir-a--lovera-411495.html

2- Documento del Banco Mundial. Paraguay. Impuesto Inmobiliario: Herramienta clave para la descentralización fiscal y el mejor uso de la tierra. Volumen I: Informe principal. 2007.

3- Censo Agropecuario Nacional 2008.

4- http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/productores-se-ratifican-en-juicio-politico-416196.html

 

(*) Periodista, investigador y analista. Miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, SEPPY. Autor del libro Los Herederos de Stroessner.

 

 

Fuente: http://asiestamipaisparaguay.blogspot.com

Publicado por Guanquí el 21/06/2012

 

 

 

 

Ricardo Carrera

Blog: http://apiculturauruguay.blogspot.com/

 

jueves, 21 de junio de 2012

Uruguay NATURAL- Lo invita a beber un trago de Glifosato

URUGUAY NATURAL – El país donde “los recursos naturales son infinitos”, palabras de nuestro actual Presidente José Mujica. 

 

 

OSE, es el organismo estatal responsable del abastecimiento de agua potable en toda la República Oriental del Uruguay, y del servicio de saneamiento en el interior del país, desde 1952.

 

Desde el año 2004, Uruguay se convierte en el primer país del mundo en declarar como derecho humano fundamental al acceso al agua potable y al saneamiento. Del mismo modo, se dispuso que estos servicios sean prestados exclusivamente por el Estado

 

El vicepresidente de OSE Daoiz Uriarte, reconoció que no se controla el glifosato en el agua que consume la población de URUGUAY.

 

Además agrego:

 

no podemos realizar todos los análisis que hay”

 

“tampoco se hacen en ningún lugar del mundo"

 

Los habitantes y la fauna pueden estar profundamente intoxicadas por la exposición a este peligroso agrotóxico que se utiliza desde hace años en nuestro país a cada vez mayor escala.

 

¿A que se refiere a “todos los análisis que hay”?, ¿Será a los que en verdad hay que hacer…?

 

El Vicepresidente de OSE, o miente o es un ignorante sobre este tema al señalar que no se hacen en ningún lugar del mundo.

 

Por ejemplo: Dinamarca ha prohibido la fumigación de glifosato desde el 15 de septiembre de 2003, tras la publicación de datos que se han encontrado que el glifosato, el ingrediente activo del herbicida Roundup de Monsanto (RR) ha contaminado los recursos de agua potable de ese país. Tras los estudios realizados por el Instituto de Investigación Geológica de Dinamarca y Groenlandia (DGGRI), al comprobar la contaminación de las napas subterráneas al filtrarse el toxico a través del suelo.

 

 

En nuestro País.

Según datos de la Dirección de Servicios Agrícolas, dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca durante el 2010 el país importó alrededor de 38.000 toneladas de glifosato entre principio activo y formulado. Todos ellos fueron usados en nuestros suelos y probablemente una parte importante ha escurrido y llegado a nuestras aguas, en tanto que otra parte ha quedado depositada en el suelo, donde permanecerá al menos durante un par de años.

En un estudio realizado el año pasado en nuestro país se constaron altos niveles de glifosato en suelos forestales donde la aplicación de este herbicida había ocurrido tres años atrás de haberse tomado la muestra

.

El glifosato es el ingrediente activo de Roundup, comercializado por la transnacional Monsanto. Los estudios vinculan la exposición al glifosato con el cáncer, defectos congénitos y enfermedades neurológicas (como el Parkinson). Las pruebas de laboratorio sugieren que el glifosato puede causar daño a las células, incluyendo células de embriones humanos. Los estudios también indican que el glifosato puede interferir con el equilibrio hormonal.

La evidencia también muestra que el glifosato puede afectar negativamente a los ríos y la vida acuática, así como podría afectar los nutrientes en el suelo, la exponiendo así a las plantas a enfermedades y podría terminar contaminando el agua potable.
(Extraído de ¿Por qué se debería eliminar el glifosato? de RAPAL Uruguay)

 

 

Denuncias por fuentes de agua contaminadas con agroquímicos

Paysandú. Vecinos aseguran que sus pozos son contaminados por fumigaciones aéreas. Afirman que han sufrido problemas de salud. OSE argumenta que los daños nunca son a corto plazo

LETICIA COSTA / VIVIANA RUGGIERO

Una delegación de ambientalistas de Paysandú denunció la contaminación de fuentes de agua por mal uso de agroquímicos. La denuncia se suma a otros casos en estudio que son asociados con la expansión de la agricultura y la forestación.

La Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina (Rapal) presentó ante la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores un reclamo por presunta contaminación de los causes de agua de una región del interior del departamento de Paysandú.

En concreto, los integrantes de la organización ecologista aseguraron que en la zona conocida como Costas de San Francisco, a unos 30 kilómetros de la capital departamental, se aplican productos fitosanitarios -sustancia o mezcla de sustancias que destruyen insectos, ácaros, hongos y malezas- a escasos metros de las casas de los pobladores.

La Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca prohíbe realizar fumigaciones terrestres a 300 metros de escuelas y centros poblados. El límite se extiende a 500 metros para las fumigaciones aéreas.

"Al otro lado de la calle de mi casa hay cultivo de soja", aseguró Valkiria González, integrante de Rapal. "Desde el año 2008 estoy sufriendo unas doce o trece fumigaciones con mosquito por año", lamentó. Según dijo, su casa está ubicada a menos de diez o doce metros de las plantaciones.

En materia de agricultura los "mosquitos" son los equipos utilizados para realizar las fumigaciones. Son máquinas que cuentan con dispositivos que se extienden a ambos lados, una suerte de brazos que les permiten expandir el producto sobre una amplia superficie.

La denuncia de Rapal fue más allá. Dicen que no tienen agua de OSE y que toman la de sus propios pozos, con una profundidad de entre 12 y 18 metros. "Todas las napas están relacionadas. Por ejemplo, si el vecino prende la bomba, disminuye el nivel de agua de mi pozo", comentó González.

Los ambientalistas consideran que la aplicación de productos químicos tan cerca de sus viviendas contamina sus fuentes de agua. Por otra parte, explicaron que en la zona hay unidades potabilizadoras de agua (UPA), cuyas superficies están al descubierto. Si los productos se desplazan con el aire el agua podría ser fácilmente contaminada, consideraron.

La denuncia de Rapal se suma a la presentada por vecinos de la zona de Guichón, localidad ubicada a 100 kilómetros de Paysandú, en las cercanías de las Termas de Almirón.

Los pobladores se quejaron porque los cultivos de soja llegan a escasos metros de la cuencas del arroyo Guayabo, desde donde las UPAS de Guichón y las de las Termas de Almirón toman el agua para potabilizar. El reclamo fue presentado ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores.

Los denunciantes aseguraron que el consumo de agua les ha provocado trastornos de salud. En 2007 González detectó un quiste en su garganta. "Era muy doloroso y consistente", contó. La junta médica que la trató concluyó que era consecuencia de algún tipo de contacto con sustancias altamente alcalinas. "En ese momento yo no recordaba haber ingerido nada así", comentó.

Con el paso del tiempo, González comenzó a sentir una serie de síntomas adicionales. "Observé que cuando se realizaban las fumigaciones, en el período estival, se me cerraba la zona del cuello, experimentaba una asfixia muy fuerte y se me disparaba el ritmo cardíaco", recordó. En otras oportunidades sentía temblores involuntarios. "No tengo ningún problema emocional", aclaró la ambientalista.

Las denuncias llegaron a las Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). "Allí me contestaron que el emplazamiento y la habilitación de los tanques es asunto del gobierno departamental", se quejó González. De todas formas, quien realizaba las fumigaciones fue sancionado. "Pero ha continuado fumigando, inclusive en horarios nocturnos para que no lo vean", relató.

LA OTRA CARA. La denuncia de los vecinos de Guichón fue presentada en persona al vicepresidente de OSE, Daoiz Uriarte. El jerarca dijo a El País que en ambas zonas se realizan con "asiduidad" análisis fisicoquímicos, y en particular de atrazina (herbicida que puede afectar el sistema nervioso central). Sin embargo, reconoció que no se estudia el glifosato (herbicida no selectivo de amplio espectro). "Me comprometí con ellos a realizarlo en Guichón para ver si hay una afectación, pero no podemos realizar todos los análisis que hay, es imposible; tampoco se hacen en ningún lugar del mundo", indicó.

Las avionetas que se usan para fumigar las plantaciones son "otro tema", según el jerarca. "OSE es un operador, no tiene facultades para imponer normas, ni multas, ni prohibiciones a los terrenos circundantes, eso corresponde a otras instituciones del Estado que deben fiscalizar", afirmó.

Uriarte aseguró que las contaminaciones fisicoquímicas del agua no generan problemas a la salud en el corto plazo sino a largo plazo. "Si hay un microbio al otro día está todo el mundo enfermo, pero porque tenga un poco más de atrazina, hierro o aluminio la gente no se enferma al día siguiente", justificó el jerarca.

De todas formas admitió que si alguien toma agua con algún componente de estos, en un plazo de unos diez años podría tener problemas de salud. El ente recibió planteos similares de pobladores de Nueva Palmira y "otros puntos". Años atrás registraron un aumento de atrazina en la cuenca de Paso Severino, pero estaba asociado con las lluvias.

Consultado por El País, Inocencio Bertoni, ingeniero al frente de la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP, se negó a aportar datos sobre denuncias presentadas a la dirección.

Tampoco informó sobre las medidas tomadas ante las irregularidades. "No te lo voy a decir porque no agrega nada", dijo.

Según Bertoni, el tema de la contaminación del agua no solo está asociado con la distancia de las fumigaciones sino con la erosión del suelo. De todas formas, el jerarca afirmó que, ante evidencias concretas, la dirección está dispuesta a rever la normativa vigente.

TRES MESES DE DENUNCIAS

ABRIL. La maestra directora de la escuela 30 de Rolón, ubicada al Norte de Río Negro, fue rociada con agroquímicos. Sufrió dolor de cabeza y picazón generalizada en el cuerpo durante varios días.

MAYO. El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, presentó una denuncia por el caso ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Después de una investigación, que incluyó entrevistas con el dueño de la plantación, la cartera reconoció que el maquinista cometió irregularidades en el procedimiento.

JUNIO. La Justicia intimó al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, al Ministerio de Salud Pública y al MGAP a presentar información sobre cómo se actúa ante las denuncias de empresas que fumigan con agroquímicos cerca de escuelas y viviendas rurales. El fiscal Enrique Viana, que fue quien presentó la demanda, dijo a El País que está a la espera de la respuesta de los ministerios y que hay que seguir de cerca la situación por el daño que causa a la salud.

ESTA SEMANA. Mientras en Río Negro otra maestra resultó afectada por agroquímicos el pasado viernes, en Buenos Aires se inició un juicio contra dos productores de soja y un fumigador por usar agroquímicos.

El País Digital

 

 

La abeja centinela del medio ambiente.

Apimondia es la Federación Internacional de Asociaciones Apícolas y otras organizaciones que trabaja en el sector apícola.

En este país, el que se auto-denomina “URUGUAY NATURAL”, los apicultores pretendemos que no fumiguen nuestras abejas…

 

 

 

Ricardo Carrera

Blog: http://apiculturauruguay.blogspot.com/

 

SI NO ACTUAMOS MORIREMOS MUCHOS EN LA RULETA GENETICA