"LOS PAISES MINEROS QUIEREN DEJAR DE SERLO"
El ecólogo social habla de la necesidad de ser responsables con las
inversiones.
Fernán R. Cisnero / Qué Pasa, El País, 9 abril 2011.
Desde el Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes), Eduardo
Gudynas, viene observando desde 30 años, el desarrollo de las industrias de
hidrocarburos y la minería en el continente. Gudynas, con obra publicada en
varios países, cree que no solo hay un peligroso impacto social y ambiental
en la minería, sino también una concepción de país que podría ponernos más
cerca de esos gobiernos africanos que permiten cualquier inversión, que de
la economía de punta que pretendemos ser. Este es un resumen de su charla
con Qué Pasa.
-Uruguay apuesta a la soja, la celulosa y ahora la minería, tres recursos
cuestionados por los ecologistas. ¿Cuál es el más dañino?
-Sin duda, la minería es la más complicada.
-Y entonces, ¿qué ganamos favoreciendo la inversión extranjera en la
industria minera?
-Se espera que atraiga inversión y que haga aumentar las exportaciones, una
combinación que generaría un aumento del crecimiento del país, con efectos
directos, por ejemplo, en el empleo, e indirectos por servicios asociados a
la minería. Y todo eso traería condiciones de bienestar. Y en algunos
casos, como fue la situación de Botnia, se suponía que el emprendimiento
podría convertirse en un polo de inversiones para armar cadenas productivas
o polos de servicios y consumos para esos emprendimientos.
-¿Y esos pronósticos se cumplen?
-En general se admite que la minería puede tener unas ventajas en un corto
período pero a medida que se evalúan mejor sus impactos y principalmente se
contabilizan mejor sus costos ocultos, se ve que las ventajas no son tales.
-Está bien pero uno de los argumentos, por ejemplo, es que genera empleos.
¿Eso no es real?
-Para el caso de Ecuador, el tercer país en América Latina en exportación
de hidrocarburos, todo el sector minero y petrolero da 4.900 puestos de
trabajo directo: el 0,01% de la población ecuatoriana económicamente
activa. La evidencia internacional es que la generación de empleo es muy
pequeña.
-¿Y qué es eso de los costos ocultos?
-Los costos derivados de los impactos sociales o ambientales que tienen los
emprendimientos mineros y que no son contabilizados por los ministerios de
Economía. En el caso de Uruguay la pregunta sería cuál es el costo de la
pérdida de renta agrícola-ganadera por los terrenos que se van a
reconvertir en minería.
-¿Y eso se puede medir?
-La contabilización de los gastos ocultos está empezando a hacerse en
varios países. Tenemos, por ejemplo, evaluaciones más certeras por daños
ambientales. En Ecuador, donde ha habido muchos problemas de contaminación
por la explotación de petróleo, hubo una demanda por contaminaciones
sostenidas y el costo que la Justicia concluyó que tenía que pagar la
empresa privada por daños ambientales fue de 8.600 millones de dólares.
-También están los impuestos.
-En muchos países está empezando a quedar claro que la imposición
tributaria, uno de los grandes atributos de la minería, es muy baja,
alrededor del 3% a pesar de que la rentabilidad de la minería (del 37%) es
la más alta del mundo. Pero hay una preocupación de la que Uruguay ya tiene
algunos síntomas: acentuarle al país un perfil de productor de materias
primas inhibe otras opciones de desarrollo. Eso se denomina en la jerga de
los economistas como "la enfermedad holandesa", por una fase que pasó
Holanda de exportar muchas materias primas. Entonces la moneda nacional se
revaluó mucho, se compraron muchos bienes de consumo en el exterior, no se
fortaleció la industria nacional -que es la que más genera empleo- y todo
eso quedó muy dependiente de los altos precios de esas materias primas en
los mercados internacionales o en los pocos mercados que las compran. Así
la economía se vuelve cada vez más endeble. Si esos precios internacionales
bajan, toda la estructura económica del país se derrumba sin haber
aprovechado la bonanza para cimentar una industria manufacturera o
servicios que autogeneren recursos.
-La minería, por ejemplo, no necesariamente genera una fase industrial.
-Ese es otro de los problemas que hay que revisar en la estrategia
uruguaya. En el caso de las plantas de celulosa, una de las consignas que
se hacían para justificar la inversión es que se iba a armar un polo de la
industria química o de la industria de servicios en Fray Bentos y se iban a
asentar otras industrias, algunas vinculadas a la cadena de la celulosa.
Eso no funcionó. La estructura de las plantas de celulosa, las mineras de
cielo abierto o el petróleo, es de enclave: la planta localizada en un
lugar muy preciso donde se extraen y procesan los recursos pero que no
genera un desarrollo a escala departamental o regional, ni encadenamientos
productivos dentro del país. Solo se envía la materia prima para afuera. En
el caso de Uruguay eso se acentúa porque alguna empresas están o van a
estar asentadas en zonas francas. Y así se termina exportando troncos.
-Y volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué se gana con esta apuesta? O
quizás, ¿por qué un país apuesta tantas fichas a proyectos tan
controversiales?
-Esa misma apuesta se hace en Argentina y Brasil. Pero en los países
tradicionalmente mineros (como Perú, Bolivia y Ecuador) el debate es cómo
salir de ese modelo. En Uruguay ha habido una simplificación de las
estrategias de desarrollo. Y eso está muy claro en esta incipiente política
de Estado que es sostenida desde varios sectores políticos: reducir el
desarrollo al crecimiento económico que se nutre esencialmente por el
aumento de las exportaciones y la atracción de inversiones. Así que
cualquier atracción de inversiones está bien vista y no se la hace pasar
por un cernidor de qué empleos genera o no genera y qué encadenamientos
productivos puede o no proveer al país. Eso puede ser entendible en
situaciones muy frágiles de países que salen de una crisis, como Uruguay en
2005, pero no tiene sentido en este momento.
-Usted hablaba de otros impactos.
-El impacto territorial, por ejemplo. La minería lo que hace es
reconfigurar el territorio que se da en concesión, donde productores
rurales dejan de tener control sobre su tierra, que pasa a ser de las
empresas mineras. Hace 20 años, en 1990, en Perú había dos millones de
hectáreas concedidas a mineras; en 2010 eran 21 millones de hectáreas. Eso
provoca enormes conflictos. A juzgar por la experiencia de los países
andinos, la minería a cielo abierto termina siempre en protestas sociales
importantes. En Uruguay el territorio es muy pequeño y está casi todo bajo
uso agropecuario o similar. Las extensiones sobre usos productivos van a
ser mayores. Y como en Uruguay no hay, en la práctica, una aplicación de
las normas de ordenamiento territorial y no hay una zonificación
productiva, social y ambiental del territorio, esto deriva en un conflicto.
-Y están los impactos ambientales que es sobre los que más se habla.
-Hay un impacto ambiental que es que por cada tonelada de hierro que se
exporta, va a quedar un gran volumen de material removido, sustraído y de
desecho en el lugar. A eso se le llama "mochila ecológica" de las
exportaciones y depende de la calidad, del tenor del componente de hierro
que haya por cada tonelada de material rocoso que se extrae. Ese es un
cálculo indispensable para hacer cualquier evaluación seria del impacto
ambiental. Ese dato no se conoce. Y el oro es el que tiene la mochila
ecológica más grande.
-Pero hay otros costos ambientales.
-Las explotaciones requieren mucha energía y mucha agua. Realmente desde el
punto de vista de la ecología política del extractivismo, los países no
compiten en atraer inversión sino compiten en cuál da mayores subsidios de
este tipo, en aceptar una mochila ecológica mayor, en brindar energía y
agua barata para permitir la explotación. El problema es que Uruguay
aparezca como un país dispuesto a aceptar el impacto ambiental y a vender
energía barata y agua barata para atraer inversiones. En vez de parecer una
economía de punta que intenta despegar se parece más a una economía propia
de los países mineros africanos que aceptan la llegada de estas empresas.
-Pero alguien podría decir que recién se está en la fase de despegue, que
es un poco prematuro evaluar impactos.
-Ya hace más de 20 años que hasta la Cepal advierte que hay que abandonar
un atributo que se llama competitividad espuria que es lograr insertarse
vendiendo productos a través de aceptar el daño ambiental. Y eso pasa en la
expansión de monocultivos donde hay todo un debate que no está saldado
sobre el paquete agroquímicos pero se sigue adelante.
- ¿Y cómo se las controla?
-La primera fase es la de extracción. Después hay una segunda fase que son
los controles ambientales durante la explotación. ¿Cuál va a ser la
capacidad de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en hacer esos
controles? Lo que sucede en los casos de controversia es que los controles
ambientales terminan fallando porque se invoca que se arriesgan puestos de
trabajo. En los países donde el control ambiental es riguroso y complejo
los costos de operación suben mucho y se hace inviable hacer la extracción.
En la aceptación de la inversión, las reglas del control riguroso tienen
que estar al principio. Y además está la fase de abandono. En Perú hay
miles de minas abandonadas que dejan en manos del Estado la remediación
ambiental final de la mina abandonada porque las empresas que tenían la
concesión desaparecen. Y los costos de la recuperación ambiental y la
solución de los problemas de contaminación de las minas abandonadas exceden
en muchos casos las ganancias que daban para el Estado esas minas en su
fase de operación.
-Y eso sucede cuando se agota el recurso o el negocio no da más.
-Cuando se agotan y dejan los agujeros y el material de desecho. En el caso
de los agujeros, una de las grandes controversias es qué grado de
contaminación tiene el agua que queda ahí y la generación de aguas que se
acidifican al quedar expuestas vetas de minerales en contacto con el agua.
En Uruguay hay un debate sobre el impacto agropecuario, pero los riesgos
más grandes son los conflictos con los usos agropecuarios; los conflictos
por la gestión territorial (hasta el Estado pierde el control de los
territorios); el peligro para el agua y que no está claro si se van a hacer
correctamente las cuentas de costos-beneficios, en el sentido de que si en
los costos se van a incluir en dólares los riesgos e impactos posibles. Si
no se incluyen, las cuentas siempre dan positivas.
-¿Y quiénes son los primeros afectados por esto?
-Las intendencias porque es donde van a ir a hacerse los reclamos por los
problemas de gestión de territorio, caminería y contaminación del agua. Y
después las intendencias van a tener que resolver los problemas de los
afectados. Para las intendencias son situaciones muy críticas.
-¿Se está dando un debate serio ?
-El gobierno progresista tiene una agenda de desarrollo muy convencional
que estaba bien ajustada a circunstancias propias de mediados del siglo XX.
Posiblemente eso tiene que ver con la generación a la que pertenecen varios
de estos líderes. Pero no es una agenda del siglo XXI.
-¿Cómo sería esa agenda?
-Pensar de otra manera la diversificación de los sectores productivos,
potenciar y apoyar, por ejemplo, a sectores de nuevos emprendimientos
manufactureros. ¿Por qué darle energía más barata u otro tipo de subsidio a
un emprendimiento en recursos mineros y no a otro tipo de empresas que
generen más empleo? En los países mineros, el debate sobre alternativas de
desarrollo es cómo reducir su dependencia de la minería o de la exportación
de crudo y la principal salida que ven como paso de emergencia es potenciar
y diversificar su producción agropecuaria. Cuando uno les cuenta que un
país con base agropecuaria como Uruguay quiere dar un paso atrás y
convertirse en minero, lo miran asombrado.
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